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En torno a las 22:30 horas del 14 de octubre de 1986, la explosión de un coche-bomba colocado por la banda terrorista ETA frente al cuartel de la 411 Bandera de la Policía Nacional, en la plaza de España de Barcelona, asesinaba al policía ÁNGEL GONZÁLEZ DEL POZO y provocaba heridas a otras catorce personas, cuatro de ellas también policías.

Ángel fue la primera persona asesinada por la banda terrorista ETA en Cataluña después de la llegada de la democracia, pasando a ser la segunda víctima mortal en esta comunidad autónoma. La primera fue Ovidio Díaz López, asesinado por la banda tras el enfrentamiento que varios etarras tuvieron con la Policía después de atracar una sucursal bancaria el 6 de junio de 1975. En este sentido, el coche-bomba que asesinó a Ángel González fue el primer atentado intencionado con víctimas mortales de la banda en Cataluña, preludio de lo que sería el terrible año de 1987, con el asesinato del guardia civil Antonio González Herrera (27 de marzo de 1987), de Juan Fructuoso Gómez (2 de abril de 1987) y la masacre de Hipercor el 19 de junio de 1987. Desde ésta, y hasta tres años y medio después, la banda terrorista ETA no volvería a atentar en Cataluña, asesinando a seis policías nacionales el 8 de diciembre de 1990 en Sabadell.

Tres días después del asesinato de Ángel González el Comité Olímpico Internacional (COI) tenía que decidir quién organizaría los Juegos Olímpicos de 1992. En relación con esto, los políticos volvieron a dar muestras de su nula sensibilidad ante un atentado de la banda terrorista ETA, mostrándose más preocupados por las repercusiones que el asesinato de un agente tendría en el futuro de la candidatura de Barcelona que por la tragedia que suponía en sí misma ese asesinato. Jordi Pujol, por entonces presidente de la Generalidad de Cataluña, dijo que “sería bueno que ninguna ciudad candidata a organizar los juegos utilice este argumento, ya que el terrorismo forma parte del drama mundial”. El alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, también se pronunció en el mismo sentido: “Confío en que el atentado no repercutirá en la decisión de los miembros del COI”.

Cuando la banda terrorista ETA reivindicó el atentado, señaló que no lo enmarcaba “en la campaña contra las Olimpiadas de Barcelona desarrollada por los patriotas catalanes” (Florencio Domínguez, ETA en Cataluña. De Terra Lliure a Carod-Rovira, Temas de Hoy, 2005).

Sobre la campaña de los ‘patriotas catalanes’ a los que aludía ETA en su comunicado, hubo rumores sobre la autoría de Terra Lliure, algo que se apresuró a desmentir el jefe superior de Policía de Barcelona, Agustín Linares, que señaló que esa banda terrorista no tenía ni la infraestructura ni la logística necesaria para una acción de este tipo.

La explosión del coche-bomba, que pudo oírse a varios kilómetros a la redonda y despidió objetos a más de doscientos metros del lugar de los hechos, se produjo en la esquina de la calle de la Cruz Cubierta, a unos metros del cuartel de Belchite, ocupado por fuerzas de la Reserva General, y junto a unas dependencias municipales contiguas al edificio policial. Provocó un gran cráter en el asfalto y los cristales del cuartel y de los edificios colindantes saltaron hechos añicos. La bomba estaba compuesta por veinticinco kilos de Goma 2 y metralla formada por tornillos y eslabones de cadenas, y contaba con un mecanismo de activación de relojería para que estallase a las 22:30 horas. El vehículo utilizado había sido robado en julio del mismo año en un aparcamiento de Guipúzcoa.

La Policía, que había acordonado la plaza y cortado la circulación nada más producirse la explosión, desalojó la zona contigua al pabellón número 1 de la Feria de Muestras y registró las dependencias por si había más bombas. En la cercana avenida del Paralelo los artificieros policiales provocaron la explosión controlada de un Renault 5 matriculado en Navarra que había sido denunciado como robado.

Los heridos por la explosión fueron repartidos por diferentes hospitales como el Clínico de Barcelona, adonde también fue llevado el cadáver de Ángel González, la residencia de la Seguridad Social de Bellvitge, el centro municipal de Perecamps y el Hospital de la Cruz Roja de Hospitalet. Entre los heridos, además de los policías, había diez civiles que, en esos momentos, salían o entraban de una boca de metro cercana. Los agentes heridos fueron Ángel Barceló Naranjo, muy grave, Francisco Sánchez Torres, Francisco Rivero Iglesias y Antonio Gómez Martín.

Ángel Barceló Naranjo fallecería diez meses después del atentado por leucosis aguda, cuando aún no había sido dado de alta de las graves heridas sufridas en el atentado. El informe médico determinó, no obstante, que su muerte no había tenido relación directa con las lesiones producidas en el atentado. Sin embargo, en las sentencias de la Audiencia Nacional por las que se condenó a los autores del atentado sí se contempló una indemnización de 3 millones de pesetas para los herederos de Ángel Barceló.

En 1989 la Audiencia Nacional condenó a Josefa Mercedes Ernaga Esnoz a 75 años de reclusión por este atentado. En 2001 fue también condenado Rafale Caride Simón a un total de 102 años por el mismo atentado contra el cuartel de Belchite. Ambos participaron en la masacre de Hipercor y fueron condenados a centenares de años por ese atentado.

Ángel González del Pozo, de 28 años de edad, se encontraba de guardia la noche que explotó el coche-bomba. Era natural de Sevilla, y sus restos mortales fueron enterrados en el cementerio de Huévar del Aljarafe, localidad sevillana de donde era la mayor parte de su familia. Estaba destinado en la X Compañía de la Reserva General en Barcelona.

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