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La denuncia se basa en una exposición de hechos constatados y se ampara en la protección de la Directiva Europea de protección a los denunciantes de corrupción 1937/2019.

El detonante de la denuncia han sido los hechos ocurridos el pasado día 22 de octubre en el transcurso del juicio celebrado en Talavera de la Reina, en el que intervinieron los dos Fiscales denunciados.

Pero los hechos vienen de lejos. El Magistrado Decano de Talavera, Fernando Presencia, denunció al Fiscal Decano de esa demarcación territorial por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, y tráfico de influencias entre otros.

Se basaba el Magistrado en los siguientes hechos constatados:

El Fiscal de Talavera, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, solicitó el archivo de una causa penal abierta contra una empresa que operaba en la urbanización el Chaparral. Año y pico después compró una parcela a dicha empresa, si bien en la escritura no se hizo constar cómo pago la misma en el año 2006. (En el acto del juicio celebrado hace una semana manifestó que no se acordaba de cómo la pago).

El Fiscal de Talavera construyó un chalet en dicha parcela sin solicitar licencia a la confederación Hidrográfica del Tajo, siendo un requisito legal al estar la parcela en zona de servidumbre de policía. Por este hecho, la Confederación Hidrográfica ordenó la demolición del Chalet con carácter firme en el año 2009. (El Fiscal en el acto del juicio declaró sin embargo bajo juramento que desconocía la orden de demolición).

Durante 9 años, y ejerciendo el Fiscal en Talavera, no se cumplió la orden de demolición de su vivienda. En el año 2019 la Sala de lo Contencioso del tribunal Superior de Justicia de Castilla La mancha ratificó la orden de demolición por sentencia que devino firme. (El Fiscal declaró en el juicio, también bajo juramento como testigo, que desconocía dicha sentencia).

Llama poderosamente la atención cómo además el Fiscal de Talavera recibió una cantidad del Banco BBVA de 179 mil euros sin que el Banco fuera a firmar hipoteca alguna, y a pesar de 3 hipotecas sobre la vivienda recibía el dinero tan alegremente.

Posteriormente el mismo Fiscal obtuvo una nueva hipoteca por importe de 400.000 euros, a pesar de que sobre el chalet que hipotecaba existía una orden de demolición y estaba gravado con dos hipotecas más.

En base a estos hechos constatados y otros existentes, el entonces Magistrado-Decano de Talavera, Fernando Presencia, formuló denuncia contra Ángel Demetrio de la Cruz por la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho, y tráfico de influencias.

Ninguna de las autoridades que recibieron las denuncias en Castilla La Mancha llevó a cabo investigación alguna sobre los hechos.

Una vez archivados los procedimientos sin investigación, el Fiscal Decano de Talavera comenzó su represalia. Se querelló contra el Magistrado Fernando Presencia por denuncia Falsa, y Calumnia e injuria. El procedimiento de instrucción fue llevado a cabo por Fiscales subordinados del querellante, incumpliéndose el deber de abstención contemplado en el artículo 28 del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal en relación con el artículo 219 de la ley orgánica del poder Judicial.

La mañana del juicio prometía. Estando esperando los abogados de la defensa, el acusado y diversas personas que le acompañaban para entrar en el juzgado pudieron observar como el Fiscal Provincial de Toledo y el querellante (el fiscal decano de talavera) que además había de declarar como testigo y contestar entre otras a las preguntas de su acompañante, salían del bar próximo y recorrían tranquilamente y departiendo amigablemente hasta entrar en los juzgados introduciéndose después en la misma sala juntos. Este hecho, que fue puesto en conocimiento de la Magistrada, no fue negado por el Fiscal Jefe, que solo se le ocurrió contestar acusando de estar siendo vigilado. Este compañerismo se puso de manifiesto en el juicio.

El Abogado Sáenz de Tejada Vallejo como cuestión previa denuncio los graves y múltiples violaciones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que se estaban produciendo.

Así denuncio:

1º.- que el Fiscal Provincial de Toledo no podía actuar en la causa ya que el denuncian- testigo , el Fiscal decano de Talavera, era su subordinado y por ello existía la causa de abstención prevista en el artículo 28 del estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en relación con el artiulco219.1º de la Ley Orgánica del Ministerio Fiscal. El Fiscal jefe no alegó nada coherente, y la Magistrada consintió el incumpliendo del estatuto Orgánico.

2º.- Asimismo la defensa denunció que el Fiscal Jefe de Toledo, además de estar incurso en una causa de abstención, no podía actuar ya que no había dictado la resolución motivada para hacerse cargo de la causa, tal y como le exige el artículo 23 del estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

No siendo un Fiscal de Talavera, según el artículo 22 del Estatuto, no tiene competencia para entrar en el reparto de los asuntos entre los fiscales. Como superior inmediato puede avocar el procedimiento para sí, pero dictando resolución motivada que ha de poner en conocimiento del Consejo Fiscal.

3º.- En el interrogatorio el Fiscal Decano de Talavera declaró como testigo, bajo juramento, que no sabía cómo había pagado la parcela que había comprado, que no sabía que sobre su casa existía una orden de demolición desde el año 2009, y que no sabía tampoco que se había dictado una sentencia firma por la Sala de lo contencioso de Castilla la Mancha confirmando la demolición del chalet, entre otras cosas.

A todo ello ha de añadirse que la Magistrada Marta Vicente de Gregorio permitió la continuación del juicio aun existiendo las ilegalidades referidas, y “olvidó” preguntar al testigo conforme al artículo 436 de la Ley de Enjuiciamiento criminal si le unía alguna relación con las partes en el procedimiento. No solo eso, La Magistrada trato de interferir cuando la defensa le realizó al Fiscal dicha pregunta, y permitió la actitud del testigo que puede apreciarse en la grabación del juicio.

Sin embargo, por lo acontecido en el juicio parece que el Magistrado Presencia no está solo.

El Abogado Sebastián Gómez Marfil es el único abogado que con sus denuncias ha conseguido la expulsión disciplinaria de la carrera de un Fiscal, al cual además se le acusa por la propia fiscalía y la Hacienda Pública de delitos de falsificación documental y contra la Hacienda Pública, solicitándose para el mismo penas de más de 50 años de cárcel, 15 millones de multa y 6 de responsabilidad civil.

Por su parte, el otro Abogado de Presencia, Luis José Sáenz e Tejada Vallejo, se da la circunstancia que era en la Sala el único Magistrado por oposición que ha ejercido como Magistrado de instrucción, de lo penal y de vigilancia penitenciaria, habiendo sido también decano de los Juzgados y miembro electo de Sala de Gobierno.

Por lo visto parece ser que ni Presencia ni sus abogados están dispuestos a dejar pasar lo acontecido el otro día en los juzgados de Talavera.

Y lo que es peor para los fiscales denunciados, la Fiscalía de Madrid está pidiendo la investigación de estos mismos hechos por una querella interpuesta en Madrid por Presencia y Ecologistas en Acción, en relación con el chalet ilegal, señalando que “DEBERA INVESTIGARSE LAS RAZONES Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE DICHA INACTIVIDAD INTOLERABLE Y ABSOLUTAMENTE ILEGAL Y EL TRATO DE FAVOR DENUNCIADO QUE IMPLICA ESA PASIVIDAD Y TOLERANCIA.”

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