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En torno a las once de la mañana del martes 14 de septiembre de 1982, la banda terrorista ETA asesinaba a tiros en una emboscada en Oyarzun (Guipúzcoa) a los policías nacionales JESÚS ORDÓÑEZ PÉREZ, JUAN SERONERO SACRISTÁN y ALFONSO LÓPEZ FERNÁNDEZ. El también policía nacional ANTONIO CEDILLO TOSCANO resultó gravemente herido mientras intentaba repeler la agresión. Un camionero lo encontró arrastrándose en la carretera y lo subió a la furgoneta para llevarlo al hospital más cercano. Varios de los terroristas detuvieron el vehículo y, tras intimidar al conductor, no dudaron en rematar de un tiro en la nuca al agente herido. En el mismo tiroteo también sufrió graves heridas un quinto policía nacional, Juan José Torrente Terrón, que recibió disparos en el brazo derecho, el tórax, el muslo derecho y la pierna izquierda.

A las once de la mañana los cinco agentes se desplazaron hasta la venta Susperregui, en el caserío Franchilla, con objeto de tomar unos bocadillos a modo de almuerzo. Tres de ellos habían llegado vestidos de uniforme en un coche Z con distintivos oficiales, mientras que los otros dos vestían de paisano y viajaban en un Seat 131 Supermirafiori de color azul marino y sin ningún tipo de identificación policial. Hacía cerca de un mes que ningún miembro de las fuerzas de seguridad visitaba el establecimiento, tal y como relató la propietaria del mismo a la prensa tras el atentado. Sin embargo, durante veintitrés días consecutivos, cinco de los seis miembros del grupo Donosti que tenderían la emboscada del día 14, subieron al Alto de Perurena, en las inmediaciones del caserío, para controlar el paso de vehículos policiales y ejecutar una acción terrorista en la que asesinar a todos sus pasajeros. Aquel día, los terroristas divisaron a los dos vehículos en su salida de la venta, circulando por la carretera que enlaza San Sebastián y Rentería, en dirección a esta última población. En las proximidades de las cuevas de Landarbaso (Aitzbitarte), a unos trescientos metros del parque Listorreta, los vehículos policiales se vieron obligados a aminorar la marcha en una curva muy pronunciada, reduciendo considerablemente la velocidad. En esa curva, al paso por una pequeña hondonada, y a unos ochocientos metros de la venta donde habían almorzado, los dos coches se vieron envueltos en un fuego cruzado desde varios puntos con armas automáticas. Dado lo accidentado del terreno y la escasa velocidad de los vehículos, resultaban un objetivo fácil para una emboscada. Los policías trataron de repeler el ataque abriendo fuego con sus pistolas, pero sin llegar a hacer blanco sobre ninguno de los terroristas. Dos de los agentes, Jesús Ordóñez Pérez y Juan Seronero Sacristán, fallecieron en el acto siendo acribillados bajo el fuego cruzado. Los otros tres, Alfonso López Fernández, Antonio Cedillo Toscano y Juan José Torrente Terrón, fueron heridos, todos ellos de gravedad. Los dos vehículos quedaron empotrados contra el arcén y recibieron cerca de un centenar de impactos de bala.

Uno de los agentes de paisano, Antonio Cedillo, pudo disparar a los etarras a pesar de sus heridas cuando éstos emprendieron la huida. Después, se arrastró durante algunos cientos de metros por la carretera en dirección a Rentería, hasta que finalmente cayó al suelo dejando tras de sí un gran charco de sangre. Así lo encontraría un vecino de Rentería, José Elicegui, que vivía en un caserío a pocos metros del cruce de carreteras que enlazaba las poblaciones de Oyarzun, Astigarraga y la propia Rentería. Elicegui se dirigía a efectuar unas obras de reparación de un camino vecinal. Al ver al policía mal herido, el camionero detuvo su furgoneta Ebro, color azul, y lo recogió. El agente llegó a pronunciar unas palabras pidiendo ayuda: “ayúdeme, lléveme a un hospital”. Cuando apenas llevaban recorrido un kilómetro, de camino a un centro sanitario, tres de los etarras que habían huido en un Renault 12 de color verde les salieron al paso y obligaron al conductor a parar, intimidándolo. Tras registrar el vehículo y comprobar que transportaba al policía herido, no dudaron en asesinarlo a sangre fría, disparándole un tiro en la nuca.

Los otros tres terroristas, que habían huido a pie de la escena del crimen, llegaron al cruce que comunica Astigarraga, Rentería y Oyarzun, donde robaron a punta de pistola un Seat 124 amarillo con matrícula de Barcelona. Tras de sí dejaban tres asesinados, dos heridos graves y dos vehículos completamente destrozados. Uno de los que había sobrevivido inicialmente a la masacre, Alfonso López Fernández, en el momento de ser atendido por miembros de la Cruz Roja sólo tuvo en mente a sus compañeros, indicando a los sanitarios que centraran sus esfuerzos en aquéllos, por revestir mayor gravedad que él. Sin embargo, durante su traslado al hospital de la Cruz Roja de San Sebastián, Alfonso López fallecía, ingresando ya cadáver en el centro hospitalario. El otro agente herido, Juan José Torrente Terrón, fue intervenido nada más llegar al hospital y, tras más de tres horas en el quirófano, fue ingresado en la Unidad de Vigilancia Intensiva en estado de coma y con pronóstico muy grave. Torrente Terrón tardaría más de nueve meses en recuperarse, aunque las secuelas físicas nunca desaparecerían por completo.

Mientras los heridos eran trasladados al centro de la Cruz Roja, la Guardia Civil llevó a cabo un intenso rastreo de la zona y se recogió una gran cantidad de casquillos de bala del calibre 9 milímetros parabellum, marca FN, munición habitualmente empleada por ETA. Los cuerpos sin vida de los policías asesinados en la escena del tiroteo permanecieron en el lugar de los hechos hasta la llegada de los forenses. Los cuerpos serían llevados al depósito de cadáveres del cementerio de Polloe una vez realizadas las respectivas autopsias. Esa misma noche, ETA militar reivindicaba la autoría del atentado a través de un comunicado enviado al diario Egin. Asimismo, ETA militar se hacía responsable de otros atentados cometidos a lo largo de la semana anterior contra una granja propiedad del Ejército en San Sebastián y contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango.

Al día siguiente de la masacre, el sargento de la Policía Nacional Julián Carmona Fernández se suicidaba disparándose un tiro en la sien, en presencia de varios de sus compañeros y del general Félix Alcalá-Galiano, en las dependencias del Gobierno Civil de Guipúzcoa. El sargento, de 45 años de edad, casado y padre de tres niños, había pasado la noche acompañando a los familiares de los asesinados y ocupándose de los trámites de las autopsias. Varios de los fallecidos eran amigos suyos y se le había encargado la tarea de acompañar hasta su lugar de origen uno de los cuerpos de éstos, circunstancias que unidas a la gran tensión que soportaban los miembros de las Fuerzas de Seguridad dieron lugar al dramático desenlace. Fue uno de los primeros casos de suicidio por lo que los expertos han denominado posteriormente como “síndrome del norte”.

Los funerales de cuerpo presente por los cuatro policías nacionales asesinados tuvieron lugar a las siete de la tarde del mismo día de su asesinato en el Gobierno Civil de Guipúzcoa. El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo; el ministro del Interior, Juan José Rosón, y el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano, se desplazaron hasta San Sebastián para visitar la capilla ardiente y, posteriormente, asistir a dichos funerales. También estuvieron presentes el lehendakari, Carlos Garaikoetxea; el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jaime Mayor Oreja; los gobernadores civil y militar; el alcalde de San Sebastián, Jesús María Alcain y el diputado general Javier Aizarna. Partidos como el PSE-PSOE, UCD, PNV y AP enviaron representantes para arropar a los familiares y a los compañeros de las víctimas. Los funerales transcurrieron en un clima de gran serenidad, no pudiendo evitarse escenas de profundo dolor entre los parientes de los policías asesinados. Pese a la nutrida representación oficial, fue un apresurado funeral en el salón del trono seguido de un traslado rápido a sus localidades de origen. Es interesante señalar que este sería el último funeral de víctimas de ETA realizado casi de noche y “por la puerta de atrás”. En aquellas fechas preelectorales, aquellos cadáveres quemaban y se desembarazaron de ellos con una velocidad que hoy resulta bochornosa. La llegada de José Barrionuevo al Ministerio del Interior hizo que las cosas cambiaran de forma radical. Barrionuevo fue el primer ministro de la democracia que empezó a acudir a los lugares donde se cometían atentados de la banda para realizar ofrendas florales por las víctimas asesinadas.

El miércoles 15, un día después, a últimas horas de la tarde tenía lugar en Gijón el funeral de cuerpo presente por el eterno descanso de uno de los cuatro fallecidos, Juan Seronero Sacristán, en la Iglesia del Corazón de María. Allí la tensión entre parte de las cinco mil personas asistentes fue elevada, oyéndose gritos dirigidos a los terroristas, a los que se les llamó “asesinos”, y escuchándose igualmente vivas a España y al teniente coronel Tejero. Un grupo de personas de avanzada edad trató de agredir al delegado del Gobierno en Asturias y otras autoridades civiles, mientras que grupos reducidos de personas profirieron gritos de ánimo y vivas al Ejército cuando vieron salir de la iglesia al gobernador militar de Asturias. Más o menos a la misma hora eran enterrados en el cementerio general de Valencia y en el de Mataró (Barcelona) Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández, respectivamente, y llegaban al aeropuerto de San Pablo, en Sevilla, los restos mortales de Antonio Cedillo Toscano. En el mismo avión en el que viajaba el cuerpo sin vida de Antonio Cedillo lo hacían su viuda y otros familiares. A la llegada del avión, los restos fueron transportados a la localidad de Olivares. Allí tuvo lugar el entierro de Cedillo Toscano, en torno a las ocho de la tarde, ante unas ocho mil personas tanto de Olivares como llegados de otras localidades de la comarca. Cientos de personas habían estado esperando durante horas la llegada del avión y recibieron a los familiares de Antonio con aplausos y vivas a la Policía. El pueblo de Olivares, que resolvió otorgar a Antonio Cedillo el título de hijo predilecto de la villa, amaneció ese día envuelto en banderas de España y pañuelos blancos con crespones negros en las ventanas y balcones. Los centros oficiales hicieron ondear sus banderas a media asta, colocando también crespones negros en ellas. Uno de los momentos más emotivos tuvo lugar cuando un guardia civil, paralítico a consecuencia de un atentado terrorista, le dedicó su último adiós al policía asesinado. El alcalde de Olivares abonó personalmente el importe del desplazamiento del guardia civil para que éste pudiera despedirse del difunto, poco antes de que fuera enterrado en el cementerio de San Benito, en torno a las ocho de la tarde.

Entre las reacciones políticas e institucionales que tuvieron lugar tras el terrible atentado hubo comunicados de numerosas fuerzas políticas. Prácticamente todos los partidos, salvo Herri Batasuna, condenaron la acción terrorista, calificando a los asesinos como “alimañas”, “sádicos” o “siniestros”. El PNV manifestó que ETAm trataba de imponer su dictadura a punta de pistola, a través de la creación de un caos preelectoral que sirviera como caldo de cultivo a sus designios totalitarios. Desde PSE-PSOE se hizo hincapié en que, en caso de llegar al poder, emplearían todas las medidas democráticas a su alcance para acabar definitivamente con el terrorismo. Alianza Popular y Euskadiko Ezkerra también se manifestaron duramente contra los asesinos. Por su parte, desde UCD de Guipúzcoa se hizo público un comunicado en el que se solidarizaban con las Fuerzas de Seguridad del Estado y añadían que “es al pueblo vasco y a las instituciones autónomas a quienes les corresponde valorar justamente el servicio prestado por las Fuerzas del Orden Público”.

Entre las principales personalidades que se manifestaron al respecto destacaban los Reyes de España, que enviaron telegramas de condolencia a los familiares de los cuatro policías asesinados, así como un telegrama de pésame al general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano. Por su parte, el ministro del Interior Juan José Rosón manifestó, en declaraciones a Radio Nacional, que el atentado “rebasa todo comentario; las alimañas que lo cometieron jamás podrán tener la comprensión ni, en absoluto, el perdón de la sociedad […] los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad van a redoblar sus esfuerzos para garantizar a los vascos su seguridad, y van a hacerlo sin estridencias, sin espíritu de venganza, cumpliendo la responsabilidad que tienen contraída con España entera”. Rosón explicó en su intervención que en el atentado cometido contra los cinco policías nacionales veía “el preludio de una nueva campaña de terror”. Ahondando en esa idea dijo: “Estoy seguro de que hoy ETA habrá intentado ganar votos para quienes la secundan. Pero cada vasco piensa que esas papeletas van teñidas con la sangre de unos hombres que han ofrecido su vida por la tranquilidad, por la seguridad ciudadana, aquí y en el resto de España”.

Javier Solana, por entonces miembro de la Ejecutiva del PSOE y segundo en las listas electorales por Madrid con dicho partido, se mostraba igual de rotundo, utilizando unas palabras que con frecuencia los políticos han proferido con demasiada ligereza: “Si el PSOE sube al poder no habrá negociación con ETA (…)”. En la misma línea, Felipe González apuntaba: “tengo la esperanza de que van a mejorar los niveles de cooperación con otros países en el caso de que nosotros ganemos las elecciones pero, desde luego, lo que tengo es la firme decisión de acabar con el fenómeno del terrorismo”.

Sin embargo, tales muestras de condena no tuvieron lugar únicamente entre los miembros de la clase política, sino que en otros ámbitos, como el mediático o el eclesiástico, se dieron cita manifestaciones similares. Así, el obispo de San Sebastián, Monseñor Setién emitía una nota pública bajo el título “No puedo callar”, en la que decía textualmente: “Mis queridos diocesanos: ante la muerte de los cuatro policías producida ayer martes, deliberada y brutalmente, no puedo guardar silencio, tengo que deciros con un gran amor hacia todos, y con un gran dolor también que tales acciones no pueden ser justificadas de ninguna manera por las conciencias cristianas (…) La dignidad de la persona humana, la del que mata y la del que es eliminado, reprueban tales actuaciones. (…)Con humildad, pero con firmeza, tengo que deciros como obispo responsable de vuestra fe cristiana, que estos caminos no son buenos y que Dios no los aprueba (…) Os lo repito, os hablo con un gran amor por cada uno de vosotros, con un gran amor por el pueblo entero. Quien así actúa no puede merecer la confianza de salvar el destino de este pueblo. Como obispo que os quiere a todos, a los muertos y a los que matáis, por el amor de Dios y por el amor a vuestros hermanos: ¡Dejad de matar!”.

En los medios de comunicación vascos también se dejaron entrever comentarios de desprecio hacia la barbarie terrorista, apareciendo duras condenas del criminal atentado. El diario Deia advertía que “en las próximas elecciones nadie puede llamarse a engaño y debe saber que votar a Herri Batasuna es como votar a ETA”, mientras que desde Tribuna Vasca se señalaba que “ni en las guerras más crueles se asesina al adversario herido”, en clara referencia al asesinato a sangre fría del policía Antonio Cedillo.

Durante años, las Fuerzas de Seguridad trataron de detener a Manuel Urionabarrenechea, alias Manu, como responsable principal de la ejecución del atentado que acabó con la vida de los cuatro policías nacionales. A este sanguinario asesino se le imputaban multitud de crímenes. En varias ocasiones las Fuerzas de Seguridad estuvieron a punto de atraparlo. Así, por ejemplo, en octubre de 1988, Urionabarrenechea conseguía huir en un taxi robado, junto con Juan Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y Juan Oyarbide Aramburu, alias Txiribita, tras haber sido detectado por miembros del Cuerpo Nacional de Policía en Amorebieta. Hasta en tres ocasiones logró eludir a la Policía. La última en agosto de 1989, cuando escapó de un cerco policial tendido para detener al grupo Araba de la banda terrorista. Escasamente un mes más tarde, el dieciocho de septiembre de 1989, Manuel Urionabarrenechea Betanzos, Manu, caía muerto durante un enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil en una espectacular operación en la que resultaron detenidos veintiséis miembros de la banda terrorista ETA y en la que falleció, al igual que Urionabarrenechea, Juan Oyarbide, Txiribita. A estos dos terroristas se les imputaban dieciséis y veinticinco asesinatos, respectivamente. Manuel Urionabarrenechea había manifestado que jamás se entregaría y que se enfrentaría a tiros, tal y como hizo en varias ocasiones, hasta que tuvo lugar el momento de su muerte, no llegando a ser juzgado por el asesinato de Jesús Ordóñez Pérez, Juan Seronero Sacristán, Alfonso López Fernández y Antonio Cedillo Toscano, ni por los de las otras víctimas que se le imputaban.

El que sí sería juzgado y condenado por este atentado fue el etarra Jesús María Zabarte Arregui. Zabarte Arregui fue detenido tras un enfrentamiento con miembros de la Guardia Civil en Hernani (Guipúzcoa) el 15 de junio de 1984. Era el máximo responsable del grupo Donosti de ETA y durante los interrogatorios reconoció haber planeado asesinar al entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, al tiempo que se responsabilizaba de la planificación o bien de la ejecución de un gran número de asesinatos, entre ellos los de los policías nacionales Antonio Cedillo Toscano, Juan Seronero Sacristán, Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández.

Por el atentado que costó la vida a estos últimos, la Audiencia Nacional dictó sentencia en 1985. Según ésta, Jesús María Zabarte Arregui fue condenado al cumplimiento de cuatro penas de veinte años, por asesinato cualificado con alevosía y premeditación, y a doce años más por un delito de asesinato en grado de tentativa. La Audiencia Nacional lo consideró responsable de las tareas de vigilancia que hicieron posible la ejecución del atentado.

Antonio Cedillo Toscano, natural de Olivares (Sevilla), tenía 29 años y estaba casado con María Dolores García Rodríguez, cuatro años menor que él. Tenían un hijo que, en el momento del asesinato tenía dos años. Tras su fallecimiento fue nombrado hijo predilecto de la localidad de Olivares. El 16 de abril de 1995, su viuda comentaba: “Abran los ojos, miren al cielo y si creen en algo, de una vez por todas comprendan que no se puede arrebatar de una manera tan injusta la vida de nadie. Me da vergüenza. Nunca en tantos años he pensado en la venganza, pero sí estoy esperando que se haga justicia. Y créanme señores gobernantes, que no es tan difícil. Basta con mirar los últimos asesinatos para ver que no es el camino. A la paz sólo se llega implantando Justicia”.

Alfonso López Fernández, nacido en Argentina, tenía 30 años cuando fue asesinado. Estaba casado y era padre de un niño de 3 años. Había ingresado en el Cuerpo Nacional de Policía tres años antes.

Jesús Ordóñez Pérez, natural de Jaén, fue enterrado en Valencia por ser la ciudad en la que creció, habiéndose trasladado allí sus padres cuando era un niño. Tenía 25 años y estaba casado.

Juan Seronero Sacristán tenía 35 años. Nacido en Gijón, estaba casado con María Jesús Fonseca y tenía una hija. El 6 de septiembre de 2006, La Nueva España publicaba unas palabras de su viuda en las que se mostraba optimista respecto al alto el fuego que había sido recientemente decretado por ETA: “Me parece perfecto que haya una tregua porque va siendo hora de que estos señores, por llamarlos de alguna manera, dejen de matar”. Según LNE, María Jesús Fonseca “quiere pasar página y olvidar cuanto antes el horror de ETA y la mejor forma de empezar para ella es sabiendo que la banda armada ha dejado la violencia para siempre”.

El Ministerio del Interior, en resolución de 18 de marzo de 2005, de acuerdo con el Real Decreto 308/2005, de 18 de marzo, otorgaba a los cuatro policías asesinados, junto a otros miembros de las Fuerzas de Seguridad fallecidos en actos terroristas, ascensos con carácter honorífico y a título póstumo. Antonio Cedillo Toscano, Juan Seronero Sacristán, Jesús Ordóñez Pérez y Alfonso López Fernández eran así ascendidos al cargo de Oficial de Policía casi veintitrés años después de su asesinato. El Real Decreto según el cual se les otorgaba el ascenso “prevé que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, pueda conceder a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en quienes concurran méritos excepcionales o circunstancias especiales, el ascenso a la categoría inmediata superior de la escala a la que pertenezcan. La sociedad española tiene contraída una deuda de permanente gratitud con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por su permanente labor en la garantía de los derechos fundamentales y de la seguridad pública. Esta deuda se ve especialmente acrecentada con aquellos funcionarios que han perdido su vida como consecuencia de un atentado terrorista”.

 

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