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A la una y cuarto de la madrugada del lunes 14 de septiembre de 1992, un miembro de la banda terrorista ETA asesinaba en San Sebastián (Guipúzcoa) al policía nacional RICARDO GONZÁLEZ COLINO, disparándole a bocajarro un tiro en la cabeza.

Ricardo, que estaba fuera de servicio y vestía de paisano, se encontraba a punto de comenzar una partida de cartas, en el Bar 19 de la calle Eguía de San Sebastián, del que era asiduo cliente. Junto a él, sentados a la mesa, estaban el dueño del bar y un amigo, cuando entró un encapuchado vestido con un chubasquero azul y, sin mediar palabra, le descerrajó un tiro en la nuca y escapó a pie, aprovechando la confusión de los compañeros de partida del agente asesinado. Ricardo falleció prácticamente en el acto, quedando la bala alojada en su cabeza. En la escena del crimen se recogió un casquillo del calibre 9 milímetros parabellum.

El asesinato ocurría apenas unas horas antes de la reunión de la Mesa del Pacto de Ajuria Enea, convocada para ese mismo día en Vitoria por el lehendakari, José Antonio Ardanza. El atentado contra Ricardo se produjo a escasos doscientos metros de distancia del Bar El Puente, en el que en octubre de 1991 ETA había asesinado a dos guardias civiles. Pruebas de balística demostraron que el arma empleada para asesinar a Ricardo, se había utilizado anteriormente –el 17 de agosto de 1992- en el asesinato de otros dos guardias civiles, José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez, en el aparcamiento del hipermercado Mamut de Oyarzun. Esa misma arma fue utilizada, después del asesinato de Ricardo González, en varias ocasiones: el 19 de enero de 1993, en el atentado mortal contra el empresario guipuzcoano José Antonio Santamaría y el 21 de enero de 1993, en el asesinato del funcionario de prisiones José Ramón Domínguez. Según informaron fuentes policiales tras el asesinato de Ricardo, en el atentado contra los guardias civiles en agosto de 1992 el modus operandi del asesino había sido ligeramente distinto, puesto que en esa ocasión iba a cara descubierta y el arma utilizada no había sido empleada en otros atentados hasta ese momento.

La Policía barajó la posibilidad de que el grupo responsable de dichos atentados contara con informadores en la zona. Tales informadores habrían sido los responsables de señalar las rutinas y los horarios de Ricardo González, quien solía mantener costumbres relativamente fijas.

La capilla ardiente por el policía asesinado quedó instalada en el Gobierno Civil de San Sebastián, adonde acudieron los padres del fallecido, que se desplazaron desde Zamora. El funeral se celebró el mismo día 14 en la Iglesia de la Sagrada Familia de San Sebastián. El director general de la Policía, Carlos Conde Duque, y el consejero de Interior, Juan María Atutxa, fueron los encargados de presidirlo en un ambiente de tenso dolor. Al acto asistieron también el delegado del Gobierno, José Antonio Aguiriano; los tres gobernadores civiles de Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, José María Gurruchaga, Daniel Vega y César Milano; representantes del PSE-PSOE y del PP; el alcalde de San Sebastián, Odón Elorza; así como otras autoridades civiles y militares, acompañando a los familiares y amigos de Ricardo González.

Los restos mortales de la víctima fueron trasladados a su localidad natal, Cerezal de Sanabria, en Zamora. Allí tuvo lugar otra misa funeral al día siguiente, teniendo que celebrarse en la plaza de la localidad, dado que las reducidas dimensiones de la iglesia no permitían albergar a todos los vecinos y familiares que fueron a rendirle su último adiós. Tras la despedida se procedió a dar sepultura al cuerpo sin vida de Ricardo González. En el entierro y según publicó La Vanguardia, un hermano del policía nacional asesinado trató de agredir a algunas de las autoridades presentes. El incidente se produjo a la salida del cementerio, cuando varios de los familiares y amigos de la víctima tuvieron que sujetar al hermano, que intentó agredir a algunas de las personalidades presentes, entre las que se encontraban el delegado del Gobierno en Castilla León, Arsenio Lope Huerta; el consejero de Presidencia del Gobierno regional, César Huidobro y el Gobernador civil de Zamora, Ángel Gavilán. A la salida del templo, los asistentes despidieron con una ovación el féretro de Ricardo González Colino.

Los sindicatos policiales emitieron durísimas condenas del atentado cometido contra su compañero. La Unión Federal de Policía (UFP), lamentó que “haya declaraciones de políticos hechas tan a la ligera, sin sopesar los posibles resultados, como presumiblemente, en este caso, en que ETA demuestra su capacidad operativa poniendo cadáveres sobre la mesa”. Estas palabras hacían referencia a las que, apenas dos días antes, había pronunciado el entonces presidente de la Ejecutiva del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, quien había afirmado que ETA “se ha ido”, aunque “podrán hacer cosas, pero ya no tiene proyecto, sus esquemas ideológicos han caído completamente y su capacidad operativa también y aunque puedan poner coches-bomba, esto ya no tiene una perspectiva de futuro y eso está claro”. Arzalluz había efectuado tales declaraciones en un contexto particularmente delicado, dado que su partido mantenía negociaciones con Herri Batasuna y pretendía que el resto de formaciones políticas también tendieran puentes al brazo político de los asesinos. Por este motivo, en el comunicado fechado el mismo día del atentado, la UFP solicitaba abiertamente la cadena perpetua para los terroristas y, parafraseando a Arzalluz, aseguraba que con el asesinato de Ricardo ETA pretendía demostrar que “no se ha ido”. El sindicato afirmaba además que “está claro que estos cobardes no hacen otra cosa mejor para el pueblo vasco que sembrar esta tierra de muertos”. Por su parte, la Asociación Nacional de Policía Uniformada (ANPU), pedía a los políticos firmantes del Pacto de Ajuria Enea “que piensen en las próximas víctimas de las ratas asesinas, piensen en ellos y en sus familias, y llegarán a la siguiente conclusión: en las cárceles encerrados a cadena perpetua no cometerán atentados (…) los partidos políticos dedican muchas horas a los del tiro en la nuca, discutiendo reinserciones sí o no, negociaciones sí o no, diálogo sí o no. Mientras tanto, servidores de la sociedad caen abatidos”. Es imposible no estar de acuerdo con estos comunicados policiales contra la clase política en general, y los nacionalistas en particular.

Pero los sindicatos policiales no fueron los únicos que contestaron duramente a Arzalluz en relación con las palabras que había pronunciado poco antes del atentado. Así, el diario ABC dedicaba su portada del día 15 al político nacionalista, cuya foto ocupaba la mitad de la misma. La otra mitad le correspondía a la foto del féretro del policía asesinado, portado por sus compañeros. En el texto de portada que acompañaba a sendas imágenes, ABC titulaba: “Con la sangre de un policía español, ETA respondió a Arzalluz”, y bajo éste, refiriéndose a la frase polémica del dirigente (“la violencia se ha acabado; ETA se ha ido”), decía: “Con esa frase el singular dirigente peneuvista pensaba plantear de nuevo la negociación directa o indirecta con la banda etarra sin otro resultado real que robustecerla y con un grave deterioro para la dignidad nacional”.

El obispo de San Sebastián, José María Setién, en un comunicado destinado a ser leído en el funeral, calificó el asesinato como un “atentado brutal”, lamentando que “las reiteradas llamadas y condenas hechas en contra de estas acciones criminales siguen siendo inútiles” y que “el derecho a la vida haya sido brutalmente aniquilado una vez más”.

El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, manifestó desde Barcelona que el Ejecutivo no podía ceder ante el chantaje etarra, y que la muerte del policía nacional “hecha de forma cruel con un tiro en la nuca a una persona que estaba en descanso, me reafirma en que estamos en buen camino en la lucha contra el terrorismo”. Serra señaló que el fin del terrorismo tendría que llegar, fundamentalmente, desde tres líneas de actuación diferentes: “La primera es la de un frente de consenso democrático, aislando a los que defienden la violencia, con lo que el Pacto de Ajuria Enea es un arma muy eficaz; la segunda es el frente policial y la tercera es la compenetración con terceros países para localizar a los terroristas”, destacando “el importante papel que está jugando Francia en estos últimos meses”.

El mismo día del atentado, tal y como estaba previsto, se reunieron los partidos firmantes del Pacto de Ajuria Enea, con la ausencia de Eusko Alkartasuna y Euskal Ezkerra. Tras ocho horas de reunión se acordó por unanimidad considerar “contraproducente” cualquier gesto de acercamiento a Herri Batasuna. Del mismo modo, los presentes manifestaron su voluntad de que “cualquier iniciativa particular de diálogo que un partido considere, en un momento dado, conveniente para alcanzar el fin que todos perseguimos, antes de ser puesta en práctica y sin merma de la autonomía de cada partido, deberá ser comunicada y debatida en la Mesa en orden a conseguir un mayor consenso”. Esas palabras iban claramente dirigidas al Partido Nacionalista Vasco y, la prueba más clara del escaso valor que pudiera tener el pacto se vio reflejada en la contestación inmediata de Xabier Arzalluz. El líder nacionalista aclaró que su partido no renunciaba “a su libertad de diálogo”, aclarando que “en las circunstancias” de ese momento concreto no iban a retomar las negociaciones con HB. Precisamente desde Herri Batasuna, Florencio Aoiz y Juan Cruz Idígoras aseguraron que la reunión era “un nuevo intento de cerrar la vía del diálogo”. Eusko Alkartasuna, una de las dos formaciones que se abstuvieron de asistir a la Mesa, señaló que daba “la bienvenida a lo que se acuerde en la Mesa de Ajuria Enea, siempre que sea conforme a sus objetivos originales”, pero recalcaba que el comunicado era “ambiguo y se ha realizado para salir del paso y evitar el desmarque, pero no resuelve las discrepancias reales existentes en los partidos que lo han suscrito”. El presidente de la formación, Carlos Garaikoetxea, afirmó que su partido no se fiaba “de unos partidos que ya han defraudado anteriormente con sus actitudes partidistas a la sociedad”. Euskal Ezkerra, la otra formación que no participó en la reunión del Pacto de Ajuria Enea, exigió a ETA “que silenciara las armas” para que el País Vasco no se convirtiese “en un pequeño Sarajevo”.

Ricardo González Colino, de 38 años, estaba soltero y era natural de Cerezal de Sanabria (Zamora). Llevaba destinado en San Sebastián once años y en el momento de su muerte desempeñaba labores de radio patrulla en las unidades de seguridad ciudadana de esta ciudad, en la que estaba muy arraigado. Como a otros miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado caídos en actos terroristas, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía.

 

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