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El sábado 14 de septiembre de 1985, pasadas las diez y media de la mañana, la banda terrorista ETA asesinaba en Vitoria (Álava) al policía nacional FÉLIX GALLEGO SALMÓN, mediante la colocación de una bomba-lapa en los bajos de su vehículo particular. En el mismo atentado, Cándido Martín Franco, amigo de Félix Gallego, resultaba gravemente herido.

En torno a las once menos veinte de ese día, el policía Félix Gallego, agente de policía disfrutando de vacaciones, y su amigo Cándido Martín, chatarrero de profesión, se montaron en el coche de Félix, un Simca 1200 de color azul, aparcado en la calle Eulogio Serdán, en el casco viejo de Vitoria. Instantes después de subirse ambos, el vehículo hizo explosión originando graves heridas a Cándido Martín y provocando la amputación de ambas piernas, así como de un brazo, al policía nacional Félix Gallego. La explosión provocó daños en los vehículos aparcados en las cercanías y destruyó la práctica totalidad de los cristales del edificio colindante. Los restos del vehículo fueron proyectados a más de treinta metros de distancia y el brazo de Félix apareció en el jardín de una guardería cercana. Según fuentes policiales, el artefacto consistía en un sofisticado mecanismo conectado al pedal del acelerador, con una carga explosiva compuesta por unos tres kilos de goma-2. En ese mismo lugar había sido asesinado de un tiro en la nuca, el 29 de julio de ese mismo año, el subcomisario del Cuerpo Superior de Policía Agustín Ruiz de Retana, en un atentado reivindicado por ETA militar. Pocos meses después, el centro de Vitoria volvía a ser escenario del horror, con Félix Gallego agonizando y Cándido Martín, gravemente herido, aprisionado bajo el chasis del vehículo. Ambos amigos fueron trasladados con vida al Hospital de Santiago Apóstol, pero Félix Gallego falleció antes de que los médicos pudieran siquiera intervenirle. Presentaba “amputación traumática de ambas piernas a la altura de los muslos, heridas y erosiones múltiples y choque hipovolémico”. Cándido fue sometido a una delicada intervención. Presentaba “heridas con pérdida de sustancia en la pierna izquierda, contusiones en la cabeza, el tórax y una muñeca, así como choque traumático, traumatismo craneal y contusión en globos oculares”, siendo calificado su estado como de grave, pese a lo cual logró sobrevivir al atentado. Félix, sin embargo, elevaba a veintinueve el número de asesinados en actos de terrorismo en lo que llevaba transcurrido de año, de los que siete eran policías nacionales.

La capilla ardiente se instaló poco después del atentado en las dependencias del Gobierno Civil de Álava, por donde pasaron compañeros y amigos del fallecido. A las cinco de la tarde del día siguiente se celebró en la Iglesia de San Miguel, en Vitoria, el funeral por el alma de Félix Gallego. Pese a lo anunciado previamente, el ministro del Interior, José Barrionuevo, no pudo asistir a la ceremonia religiosa. Sí estuvieron presentes el general inspector de la Policía Nacional, Félix Alcalá Galiano; el director general del mismo cuerpo, Rafael del Río; los delegados del Gobierno en el País Vasco y Navarra, Ramón Jáuregui y Luis Roldán; el consejero del Interior del Ejecutivo autónomo vasco, Luis María Retolaza; el director general de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal; el superintendente de la Ertzaintza, Juan Carlos García Oteiza; así como numerosas autoridades civiles y militares. El acto tuvo lugar en un clima de emoción y tensa calma, en el que el sacerdote oficiante, Félix Uriarte, señaló que trataba de rendir tributo al policía nacional muerto en atentado y darle el último adiós y manifestó que “esta espiral de violencia ciega, que conduce a nuestra propia destrucción, se repite con demasiada frecuencia (…) el odio criminal ha segado la vida de un esposo y un padre. Los que efectúan acciones tan crueles qué derecho tienen para disponer de la vida de otros hombres”, preguntándose asimismo “si es con tiros y con bombas como piensan construir un País Vasco próspero y libre”. Finalizado el acto, el féretro, cubierto con la bandera nacional, fue introducido en un furgón y trasladado a Santoña, localidad de origen de Félix Gallego, para ser enterrado allí.

Entre las reacciones que se sucedieron tras el atentado destacaron las de los sindicatos policiales. El Sindicato Profesional de Policía Uniformada (SPPU) emitió un duro comunicado en el que, tras condenar el asesinato de Félix Gallego, consideraba que el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apoyaba indirectamente a ETA “para conseguir intereses políticos en materia de transferencias”. También el Sindicato Unificado de Policía (SUP), a través de sus ejecutivas del País Vasco y Navarra, difundió un comunicado en el que solicitaba a la Ertzaintza “participación en la lucha antiterrorista”, así como la creación de un órgano coordinador de información. En el comunicado el SUP advertía que una de las principales causas del descontento entre los agentes destinados en el País Vasco era la negativa por parte de los mandos a concederles traslados a otras regiones, asegurando que “siete de cada diez policías con destinos en País Vasco o Navarra han solicitado el traslado”.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Ramón Jáuregui, afirmó que “los terroristas sólo generan rechazo y hacen cada vez más difícil la recuperación y la convivencia […] esta presión de los terroristas, que pretende alterar a base de muertes la política del Gobierno y los principios en que se inspira no logrará torcer su voluntad de acabar con el terrorismo, una plaga que sólo genera tragedias humanas y rechazo a Euskadi en todo el mundo y que está haciendo cada vez más difícil la recuperación económica y la convivencia democrática en el País Vasco”. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, Txiki Benegas manifestó que “no cabe negociación política con los terroristas porque en un Estado democrático no se puede aceptar que prospere la reivindicación de un grupo armado que ha asesinado a quinientas personas”. Desde el PNV, tras haber abierto la puerta al diálogo con ETA, se vieron forzados después del asesinato de Félix Gallego a matizar sus declaraciones. Fue su presidente, Jesús Insausti, quien dijo que “primero habría que saber qué entiende ETA y qué entiende HB por negociación. En todo caso, lo primero que sería preciso para dialogar sería crear un clima que no sea de crispación”.

En 1990 la Audiencia Nacional condenó a cuatro etarras como responsables del atentado contra Félix Gallego y Cándido Martín. Las principales condenas recayeron sobre Juan Carlos Arruti Azpitarte, que acumulaba 30 años de reclusión mayor por el asesinato de Félix, 20 años de reclusión menor por el asesinato frustrado de Cándido y 11 años de prisión por delito de terrorismo. Otros tres terroristas, Carlos Torrecilla Parra, José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta y Luis María Azkargorta Belategui, eran condenados a 37 años cada uno como cómplices de los delitos anteriores.

Sin embargo, en mayo de 1992 los cuatro etarras eran absueltos del delito de terrorismo por el Tribunal Supremo, para no penar dos veces el mismo delito, corrigiendo así a la Audiencia Nacional. Tras el fallo del Supremo, las condenas se veían reducidas de 61 a 50 años de cárcel en un caso, y de 37 a 31 en los otros tres restantes, por entender que tres de los condenados fueron castigados al mismo tiempo como cómplices y autores de colaboración con banda armada.

De los cuatro condenados en 1990, no todos corrieron la misma suerte. Así, Carlos Arruti Azpitarte, alias Paterra, y José Ignacio Gaztañaga Vidaurreta vieron cómo, al aplicárseles la doctrina Parot, sus respectivas excarcelaciones se veían aplazadas hasta 2019 y 2018 respectivamente. Arruti había sido juzgado y condenado por más de veinte delitos, sumando más de 400 años de condenas. La doctrina Parot también le fue aplicada a Gaztañaga Vidaurreta, detenido en 1988 y condenado a penas que sumaban 161 años. Su excarcelación, prevista para 2006, quedaba así pospuesta hasta 2018. No sucedió lo mismo con el histórico etarra Carlos Torrecilla Parra, ingresado en el centro penitenciario de Badajoz y que quedó en libertad en febrero de 2006 después de acogerse a la redención de penas que aún estaba vigente en el Código Penal. Torrecilla adelantó así en 13 años su salida a la calle, prevista el 12 de septiembre del 2019. Parra fue el último de los condenados por el antiguo Código Penal que salió de prisión sin verse afectado por la doctrina Parot. Por último el etarra Luis María Azkargorta Belategi abandonó la cárcel en 2003, tras concedérsele la libertad condicional en una decisión judicial no exenta de polémica. Tras haber cumplido catorce años de cárcel, la juez Ruth Alonso presentó el 14 de diciembre de 2003 un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en el que solicitaba abstenerse al considerar que su imparcialidad había sido “cuestionada a nivel objetivo” durante la polémica suscitada poco antes tras la excarcelación del miembro de ETA Félix Gil Ostoaga, quien posteriormente se suicidó. El TSJPV desestimó esta petición y respaldó la actuación de la juez, que decidió excarcelarlo. Los informes de la juez indicaban que la actitud de Azkargorta ante la violencia había cambiado por completo, y que su rechazo hacia ésta era ahora “claro y tajante, lo que resulta excepcional en internos de este colectivo”. Según dichos informes Azkargorta Belategi mostraba un “contrastable distanciamiento” de los otros miembros de ETA recluidos en la prisión de Martutene, por lo que concluía que “su pronóstico de vida atenida a la legalidad penal es positivo”.

El 1 de julio de 2007 daba comienzo un juicio en el que el sanguinario exdirigente de ETA, José Javier Arizcuren Ruiz, alias Kantauri, se enfrentaba a una solicitud por parte de la Fiscalía de 61 años de cárcel por este atentado. En su escrito de conclusiones provisionales, el fiscal Vicente González-Mota indicaba que Arizcuren, quien en 1985 utilizaba el alias de Navarro, “se dirigió el 14 de septiembre al domicilio en Vitoria del ya condenado por estos hechos Carlos Torrecilla Parra, donde preparó un artefacto explosivo confeccionado con 3 kilos de dinamita Goma 2 en un recipiente metálico de iniciación eléctrica, que colocaron en los bajos del vehículo de su víctima. Sobre las diez y media de esa mañana, el policía se introdujo en el vehículo en compañía de Cándido Martín Franco con intención de trasladarse a otra localidad y, tras iniciar una maniobra, el mecanismo de la bomba se accionó ocasionando la muerte al agente Gallego y heridas muy graves a su acompañante, además de cuantiosos daños materiales”. El fiscal consideraba estos hechos constitutivos de los siguientes delitos: atentado con resultado de muerte, asesinato en grado de frustración y terrorismo con resultado de daños, solicitando para él una pena de 61 años de cárcel. Además, la Fiscalía pedía en su escrito que el acusado indemnizara económicamente a los herederos de Félix Gallego y a Cándido Martín.

Además de los ya condenados por este atentado, la Policía considera que hay otros terroristas responsables que aún no han podido ser juzgados por este crimen. Es el caso por ejemplo de Soledad Iparraguirre, alias Anboto, una histórica de la banda terrorista, acusada de casi una quincena de asesinatos, detenida cerca de Pau (Francia) el 3 de octubre de 2004 junto a su compañero sentimental y cerebro de la banda Mikel Antza. Soledad Iparraguirre estaba considerada por las Fuerzas de Seguridad como uno de los componentes del Comité Ejecutivo de la banda terrorista ETA junto con Iñaki de Rentería, Mikel Albizu Iriarte, alias Mikel Antza, Asier Oyarzabal y José Luis Arrieta, alias Azkoiti. En diciembre de 2010 fue condenada por el Tribunal de lo Criminal de París a veinte años de prisión, de los que deberá cumplir al menos dos tercios.

Félix Gallego Salmón había nacido el 13 de abril de 1949 en Santoña (Cantabria), por lo que en el momento de su muerte tenía 36 años. Estaba casado y era padre de cuatro hijos, de los que el menor tenía solamente nueve meses y los otros tres tenían, respectivamente 8, 4 y 3 años. Pertenecía a la 66ª bandera de la cuarta compañía de la Policía Nacional, con destino en Vitoria, y llevaba diez años viviendo en esta ciudad.

De acuerdo con el Real Decreto 1404/2000, con fecha 19 de julio de 2000, se le concedía la Gran Cruz de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo a título póstumo. Además, en resolución fechada el 18 de marzo de 2005 (Real Decreto 308/2005), el Ministerio del Interior le concedía también el ascenso, con carácter honorífico y a título póstumo, al puesto de Oficial de Policía.

 

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