A las 20:30 horas del domingo 4 de agosto de 2002 la banda asesina ETA hizo explotar un coche-bomba cargado con cien kilos de dinamita Titadyne y metralla frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) y junto a una glorieta muy concurrida de la localidad. La explosión mató a CECILIO GALLEGO ALAMINOS, ciudadano jubilado que esperaba la llegada de un autobús en la parada situada enfrente del cuartel para dirigirse a Torrevieja, y a la niña de seis años SILVIA MARTÍNEZ SANTIAGO, hija de José Joaquín Martínez, agente de la Guardia Civil, que se encontraba en ese momento jugando en su domicilio de la casa-cuartel junto a su madre, Toñi Santiago, una tía y un primo.

La explosión causó, además, heridas de diversa consideración a otras cincuenta y seis personas, según consta en el escrito fiscal (entre ellos Borja, primo de Silvia de tres años y medio, que sufrió cortes en la cara, el brazo y la pierna derecha) y cuantiosos daños materiales en los inmuebles cercanos. Dos pisos de la casa-cuartel de la Guardia Civil resultaron destrozados y decenas de edificios de los alrededores resultaron dañados por la onda expansiva de la explosión, por lo que unos ciento cincuenta vecinos tuvieron que ser realojados por el Ayuntamiento. La explosión provocó una densa columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, el estallido de cristales de numerosas ventanas y la caída de tabiques de los inmuebles cercanos. Además, la deflagración del coche bomba mantuvo esta zona de Santa Pola conocida como El Palmeral sin fluido eléctrico. La detonación del vehículo pudo ser oída en un radio de varios kilómetros, según explicaron comerciantes del lugar. La zona fue acordonada por agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado pues se temía que se produjera la explosión de un segundo coche-bomba.

Un equipo de la Cruz Roja se desplazó hasta el lugar para atender a los heridos por la explosión. Los más graves, cuatro personas, fueron trasladados al Hospital General de Elche, el centro sanitario más cercano al lugar en el que se produjo el atentado. Los más leves fueron atendidos en el lugar de los hechos en una especie de hospital de campaña.

El coche-bomba estaba situado junto a la verja del cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina, al lado de una glorieta muy concurrida, pues allí se encontraban varias paradas de autobuses que comunicaban Santa Pola con Alicante y Torrevieja. Media hora después iba a celebrarse un festival de danza infantil en el lugar, lo que podía haber provocado un drama aún mucho mayor. A Cecilio Gallego la onda expansiva le lanzó a varios metros del lugar, provocándole la muerte en el acto. La niña Silvia sufrió heridas de extrema gravedad y murió mientras era trasladada al hospital.

El objetivo de la banda terrorista era provocar una matanza, pues no se recibió ningún aviso sobre la colocación del coche-bomba, según indicaron fuentes de la Delegación del Gobierno. Nada más tener noticia de la acción terrorista, el ministro del Interior, Ángel Acebes, que se encontraba descansando en esa provincia con su familia, se trasladó hasta el lugar de los hechos. El titular de Interior se mostró convencido de que la intención de ETA fue colocar el coche en el lugar exacto “en el que más daño podía hacer, junto a las viviendas”, destrozando todo el ala del edificio. El ministro, que visitó a la familia de la niña asesinada, aseguró que el número de víctimas “se habría multiplicado” si en el momento de la explosión se hubiesen encontrado más personas en ese ala de la casa cuartel.

Tras conocer la noticia del doble asesinato, el entonces presidente del Gobierno, José María Aznar, en un tono muy duro, y muy diferente al que actualmente se utiliza hacia el entorno proetarra, manifestó que no estaba dispuesto “a que se siga enterrando víctimas mientras que los dirigentes de Batasuna, que son basura humana y responsables tanto como los comandos de ETA de esos crímenes, estén sueltos por la calle”. Por su parte, el hoy presidente del Gobierno, y entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que Batasuna se “había situado una vez más al lado de la violencia y el crimen” y que era “el momento de aplicar las leyes con firmeza y seguridad, con consenso y garantías jurídicas”. Estaba aludiendo implícitamente a aplicar al brazo político de ETA la Ley Orgánica 6/2002, conocida comúnmente como Ley de Partidos, aprobada por el Consejo de Ministros en junio de 2002, semanas antes del asesinato de Cecilio y Silvia. En marzo de 2003 el Tribunal Supremo ilegalizó Euskal Herritarrok y Batasuna, alegando en el fallo su apoyo a la banda terrorista ETA y su no rechazo a la violencia.

El cambio tan radical en la política antiterrorista que Rodríguez Zapatero dio al llegar al Gobierno motivó una dura y emotiva carta pública de Toñi, madre de Silvia, enviada a Libertad Digital el 4 de julio de 2006:

“(…) Sr. Zapatero, quiero que sepa que con su cobardía, con su desvergüenza, con su indignidad, con su maldito talante, con su pacto con los etarras, con su declaración del día 29 de junio para iniciar el proceso de diálogo, usted, transcurridos casi cuatro años, ha vuelto a asesinar a Silvia.

Usted sólo ha conseguido que los sentimientos que tuve que vivir aquella tarde del atentado, vuelvan a resurgir hoy en mí. Sentimientos que todavía trato de canalizar, después de casi tres años de ayuda psicológica y de un tratamiento médico contra la ansiedad.

Con su gestión en la política antiterrorista, ha conseguido que tenga el mismo desprecio por usted que siento por los asesinos de mi hija, de sus colaboradores y de quienes aplauden y festejan los atentados y que, para mí, son tan asesinos como aquellos que colocaron el coche bomba, cargado con 50 kgs. de explosivo, debajo del balcón de mi casa.

Usted se ha puesto de rodillas ante esos asesinos, usted y su gobierno han claudicado ante esos canallas, pero por favor no nos pida a las víctimas comprensión. Sr. Zapatero, usted no cuenta con mi autorización para negociar con la sangre de mi hija.

Usted que fue tan cobarde el pasado día 28 de junio de no querer mirarme a los ojos en el Congreso de los Diputados, usted que dio las órdenes oportunas para impedir que accediéramos a las proximidades del recinto con una corona de flores, humillándonos y tratándonos como si fuésemos delincuentes, usted no conseguirá silenciar mi voz.

En su anuncio de negociación, tan esperado por la banda terrorista ETA, usted nombra a las víctimas del terrorismo, a su memoria, a su dignidad y a su honor. Casualmente siempre olvida usted mencionar la palabra “justicia”. En los dos años y medio que lleva en el poder, nunca le he escuchado mencionar esta palabra cuando se refiere a las víctimas. Justicia es lo que espero conseguir contra los miserables que asesinaron a mi hija, aunque pacte usted con ellos o con el mismísimo demonio …

Por último le rogaría que no hable usted tan alegremente del dolor de las personas que hemos sufrido un atentado terrorista. A mí, como madre de Silvia, me ha demostrado que no le importa lo más mínimo el asesinato de una niña inocente. Sr. Zapatero, desgraciadamente para mí, todos los días 4 de agosto que me queden por vivir tengo que recordar que, ese fatídico día mi hija fue brutalmente asesinada.

En mi memoria quedará, que mientras usted celebra alegremente su cumpleaños ese día, en unión de sus dos hijas y de su esposa; a mi hija, con seis añitos no le permitieron cumplir ninguno más esos individuos con lo que usted ahora negocia. A Ella y a todas las personas que fueron asesinadas les va a tener que agradecer su continuidad en el gobierno. No me queda la menor duda de que esas ansías de poder es lo que le lleva a usted a traicionar la memoria de las víctimas inocentes.

Señor Zapatero, NEGOCIACIÓN EN MI NOMBRE, NO”.

Al día siguiente del asesinato, más de cinco mil personas se congregaron en la Iglesia de la Asunción de Santa Pola, en su interior y en su exterior, para despedir a Cecilio y a Silvia y mostrar su rechazo a la banda asesina. El 6 de agosto, unos veinte mil ciudadanos se manifestaron en esa localidad alicantina contra ETA y su brazo político.

Mes y medio después del atentado, el 20 de septiembre de 2002, fueron detenidos en la localidad francesa de Bagneres de Luchon los presuntos autores materiales del atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola. Se trata de los etarras Óscar Celarain Ortiz, alias Peio, y Andoni Otegi Eraso, alias Iosu, integrados en el grupo Argala de ETA. En febrero de 2011 la Fiscalía pidió en su escrito provisional de conclusiones que sean condenados a 1.180 años de cárcel. La Fiscalía sostiene que los dos etarras se alojaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 2002 en el camping Bahía de Santa Pola, situado apenas a cuatrocientos metros del lugar del atentado. Allí se registraron con una identidad falsa y se desplazaron en ciclomotor y bicicleta para grabar imágenes del cuartel antes de cometer el atentado. Todo ello ha quedado acreditado por la documentación que se les incautó cuando se les detuvo (vídeos y fotografías). Además, la Justicia francesa ha remitido a la Audiencia Nacional la “autocrítica” manuscrita realizada por Otegi Eraso que se le incautó al número uno de ETA Juan Ibon Fernández de Iradi, alias Susper. En ella reconocía las actividades que ambos etarras habían llevado a cabo en España en el verano de 2002, entre las que se encontraba el atentado de Santa Pola.

Casi diez años después del atentado, el 18 de mayo de 2012 la Audiencia Nacional condenó a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi y Óscar Celarain al considerar probado “sin ningún género de duda” que fueron los autores del atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), que la banda perpetró el 4 de agosto de 2002.

La sentencia atribuye a los dos terroristas el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años de edad, y de Cecilio Gallego, de 57, así como otros 51 delitos en grado de tentativa y un delito de estragos terroristas. En la resolución, el tribunal considera que con la colocación del coche bomba los etarras “trataron de causar el mayor número de muertes posibles”. Por esta razón, Celarain y Otegi colocaron el vehículo bomba “sin previo aviso junto a la valla del acuartelamiento de la Guardia Civil en Santa Pola, donde vivían numerosas familias con niños, prácticamente pegado a las viviendas, a una hora y en un momento de mayor presencia de aquellas en sus casas, así como de personas en los alrededores, todas ellas totalmente indefensas”.

Junto a los 843 años de cárcel, la Audiencia obliga a los dos asesinos de la banda a indemnizar a los padres de la pequeña Silvia, que declararon durante el juicio, con 211.768 euros, así como con 75.539 a familia de Cecilio Gallego. También establece indemnizaciones de más de nueve millones de euros al Estado y al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños causados en la casa cuartel (6 millones), la cuantía de las ayudas que concedió a las víctimas (otros 2,5 millones) y las que otorgó a los perjudicados por daños materiales (839.000 euros).

Cecilio Gallego Alaminos, nacido en 1945 en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y residente en Torrevieja desde hacía más de treinta años, estaba casado y era padre de cuatro hijos. Estuvo empleado en Telefónica hasta que se jubiló. En octubre de 2002 el Ayuntamiento de Torrevieja lo nombró hijo adoptivo a título póstumo. Entre sus grandes aficiones, destacaban la música (era miembro del Coro y Orquesta Las Salinas, donde solía tocar el laúd, además de impartir clases de guitarra a estudiantes de varios colegios públicos) y el balonmano, habiendo presidido el Club Balonmano Torrevieja. Uno de sus hijos, Juan Carlos, era el entrenador de ese equipo en el momento en que su padre fue asesinado. Desde 2007 se celebra el torneo de balonmano Memorial Cecilio Gallego en Torrevieja, donde el pabellón deportivo lleva el nombre de la víctima. Los restos mortales de Cecilio Gallego fueron enterrados en el cementerio de Torrevieja.

Silvia Martínez Santiago, de 6 años, era en esos momentos la única hija del matrimonio formado por José Joaquín Martínez, guardia civil, y Toñi Santiago. Posteriormente han tenido dos hijos más: Javier, que tiene 6 años, y Carla, de 9 meses. Cuando nació Javier, Toñi comentó que “el mayor deseo de Silvia era tener un hermanito. Soñaba y deseaba ser la hermana mayor. Tristemente, no pudo realizar ese sueño porque una banda de asesinos acabó con su vida prematuramente. Cuando nuestro pequeñín tenga uso de razón, le hablaremos de su hermana, le contaremos cómo era ella” (Revista de la Fundación Víctimas del Terrorismo, octubre 2006). Los padres de Silvia han pasado un auténtico calvario desde el asesinato de su hija. Toñi ha estado muy involucrada con la Rebelión Cívica contra la negociación con ETA. En el quinto aniversario del asesinato de Silvia, en una concentración silenciosa en Santa Pola, Toñi dijo que quiere que “la memoria de nuestra hija no caiga en el olvido y que no pase a ser un número más en la larga lista de víctimas de la banda terrorista, como algunos pretenden”. Los restos mortales de la niña Silvia fueron enterrados en el cementerio de Muchamiel.

 

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