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OPOSICIÓN AL GOBIERNO DE PEDRO SÁNCHEZ
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La “okupación” es la estrella del verano. Desde que Santiago Abascal nos marcara el camino para acabar con este tipo de delincuencia, el asunto no deja de ser el tema candente que llena el contenido de artículos periodísticos y tertulias de “expertos”

Pero el verdadero fondo del asunto, es que la ocupación ha dejado de ser un fenómeno social reivindicativo donde cierta parte de la sociedad lo veía con simpatía ideológica, para convertirse actualmente en un cáncer y un negocio del que viven muy bien las mafias de la ocupación y las empresas “desokupas”.

Aunque parezca increíble, este tipo de delitos son jaleados directa e indirectamente por cierta parte del gobierno de España, por movimientos políticos afines y por regidores municipales y corporaciones locales, que ven en ello un nicho de votantes y de afinidad ideologica con la actividad ilegal que desarrollan los “okupas”.

Parte del problema radica, en la orden de no intervenir que recibió la policía de sus superiores, en caso de “okupación”, hasta que hubiera un mandato judicial.

Pero el fenómeno, aparte de haberse convertido en un negocio, es la expresión fáctica, de una ideología como la marxista, que niega la propiedad

El negocio nace cuando las mafias “okupas” localizan pisos vacios, temporal o permanentemente, los “okupan” rompiendo las cerraduras y cambiándolas por otras, se alojan en los inmuebles “okupados” con niños y ancianos con problemas de salud, y esperan la negociación con el dueño del inmueble para abandonar el inmueble “okupado” a cambio de una compensación que puede alcanzar hasta los 6.000 euros en Madrid y Barcelona..

Una gran parte de los afectados se dejan coaccionar por los mafiosos, ya que piensan que es más rápido recuperar la propiedad pagando estas cantidades, que soportar la lentitud de los juzgado, los costes añadidos de abogado y procurador y los gastos de alojamiento que se devenguen desde la fecha de la “okupación” hasta la recuperación del bien por el propietario, sin contar los destrozos y robos que se producen en bienes y enseres.

La otra parte del negocio de la “okupación” son las empresas de “desokupas” que se han creado en torno a este fenómeno económico, político social. Estas empresas actúan de diversas formas, o negociando con el “okupa” o logrando por medio de presión y acción directa que se vayan de la vivienda a otros inmuebles de más cómoda usurpación.

A consecuencia de su conversión en negocio y de afectar a cualquier ciudadano, la opinión pública ha cambiado y los votantes de izquierdas ya ven la “okupación” como un peligro contra sus propios inmuebles. La “okupación” ha creado alarma social y los ciudadanos solicitan del Estado que proteja la propiedad privada y que articule medios legales y policiales para expulsar inmediatamente de sus propiedades a los delincuentes, es decir, es necesario para acabar con el problema la formula “Abascal”: Los ocupas se terminan con “una patada en el culo”.

Actualmente la Ley y el ciudadano ha de luchar contra el “Manual de Okupación” publicado en internet, donde se explica concienzudamente como “okupar” una vivienda y que artimañas emplear para lograr la “okupación” y contra el atasco judicial que hace interminables los procedimientos judiciales para recuperar la propiedad.

La Ley actual contempla dos delitos diferentes que están unidos a los conceptos de domicilio morada y segunda vivienda. De aquí nacen dos delitos diferentes, como son el allanamiento de morada y el de usurpación, lo que nos lleva a clasificar en dos el concepto de “okupación”: si es de vivienda habitual o de segunda vivienda.

Si se “okupa” una vivienda que constituye el domicilio habitual de una persona, el “okupa” incurre en la comisión de un delito de allanamiento de morada, regulado en el artículo 202.1 del Código Penal (CP),

Si se”okupa” una segunda vivienda, el “okupa” comete un delito leve de usurpación se encuentra regulado en el art. 245.2 del CP que dice: “El que ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular, será castigado con la pena de multa de tres a seis meses”.

A su vez, además del Código Penal, la inviolabilidad de nuestro domicilio es un derecho fundamental contemplado en la Constitución Española, concretamente en el artículo 18.2.

“El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito…”

Y en este artículo constitucional, se encuentra el verdadero problema de la “okupación”, si no han transcurrido 48 horas desde que los okupas han entrado en tu vivienda y los okupas no han cambiado la cerradura, la policía les puede obligar a marcharse de la vivienda, si han cambiado la cerradura y nosotros no hemos tenido constancia de la “okupación” de la vivienda, nuestra casa se convierte en la “morada del okupa” protegido por el artículo 18.2 de la Constitución Española y nosotros nos hemos quedado sin morada, aunque sea legalmente nuestro domicilio. Si a esto le unimos que a tenor de la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y concretamente de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

En el punto 3.1 de esta Resolución publicada en plena pandemia y estando confinados todos los españoles en sus casas, se autoriza a los “okupas” a que se empadronen en nuestra vivienda, dándonos a nosotros de baja del empadronamiento en nuestro domicilio. Dice este punto de esa norma:

“Si, con ocasión de este empadronamiento, la Administración municipal advirtiera que las personas que figuran empadronadas en ese domicilio lo han abandonado, aceptará el empadronamiento de los nuevos residentes en la vivienda conforme al procedimiento
ordinario, y, simultáneamente, iniciará expediente de baja de oficio en su Padrón de las
Personas que ya no habitan en ese domicilio…”

La habilidad de los “okupas” para probar que llevan en el inmueble más de 48 horas, les lleva a cambiar inmediatamente la cerradura e incluso a denunciarse asimismos en la comisaría de policía más cercana a nuestro domicilio, inventándose la fecha de “okupación” y diciendo que llevan más de una semana en el domicilio “okupado”, con lo que la propia auto-denuncia les sirve como documento “fehaciente” de la fecha de “okupación”, a los efectos de probar que nuestra casa se ha convertido en su “morada” y pasar a estar protegidos constitucionalmente.

La Constitución de 1978, no contempla a la propiedad privada como un derecho fundamental de las personas. El artículo nº 33 de la Constitución para comprobarlo: Este precepto constitucional dice literalmente

“… Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. . La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes…”

La ubicación de este artículo en el texto constitucional, nos muestra que no es un derecho fundamental de los integrados en la sección 1ª de la Constitución sino que se encuentra en el entre los “derechos y deberes de los ciudadanos” de la Sección 2ª.

El legislador” que siempre va por detrás de las necesidades del ciudadano y de la malicia de los delincuentes, dictó en fecha de 11 de junio de 2018, una Ley llamada eufemísticamente “anti okupas”, que buscaba reducir a 20 días las resoluciones judiciales sobre los casos de “okupación” y donde el ciudadano afectado podía dirigir la demanda contra todos los delincuentes que se encuentren dentro de la vivienda, sin necesidad de identificarlos y donde los delincuentes tendrían únicamente 5 días para demostrar su titulo jurídico para estar dentro del inmueble y en el caso de no demostrarlo, se fijaría en la resolución la fecha del desahucio del “okupa”.

El problema es que la Ley 5/2018 (Ley Anti okupa) nació muerta en el momento que daba la oportunidad al okupa de oponerse a la demanda y dada la lentitud desesperante de los juzgados, el propietario ve como los okupas que “allanaban su morada”, contestaban a la demanda oponiéndose al desahucio y el trámite se alargaba hasta un año que se celebrara la vista pública.

Pero además, las consecuencias penales para los “okupas” son mínimas: Les desaloja el juzgado de un inmueble y los “okupas” se meten en otro a los pocos días, comenzando de nuevo su rueda delictiva con otro desafortunado propietario. El “okupa”, puede entrar mil veces en mil viviendas, que no va a ingresar nunca en prisión a causa de la agravante de reincidencia, porque los antecedentes penales por este tipo de delitos no van a contar nunca, ya que al año prescribe el delito y con el atasco que hay en los jugados, un año pasa volando para el delincuente que ve que su hoja de “servicios a la comunidad” donde constan sus antecedentes penales se encuentra limpia de delitos, no importándole, por tanto, la cantidad de viviendas que “okupe”.

Si una vivienda es “okupada”, el propietario ha de acudir urgentemente a denunciar los hechos con toda la información que haya podido recabar de los delincuentes que “okupan” su propiedad y sobre todo, recabar de los vecinos cuando sucedieron los hechos, a los efectos de que se pudiera realizar un lanzamiento inmediato por parte de la policía antes de las 48 horas de la “okupación”. Siempre se ha de interponer previamente una denuncia policial, sea cual sea el procedimiento que se vaya a emplear para desalojar a los delincuentes, ya sea civil o penal.

El propietario ha de abstenerse de negociar directamente con los delincuentes, debiendo de utilizar siempre un intermediario o apoderado que puede recaer en el abogado elegido para la llevanza del procedimiento tendente a recuperar la posesión de la propiedad.

La situación de tensión acumulada y las acciones de hecho que pueda emprender el propietario (cortes de electricidad, gas o agua) pueden empeorar la situación y que los “okupas” denuncien al propietario por amenazas y coacciones, procedimientos penales que supondrán, a la postre, la paralización del procedimiento de desahucio de los “okupas” de nuestra propiedad. Este tipo de denuncias contra los propietarios es lo que están deseando hacer lo delincuentes.

Las acciones judiciales a emprender para recuperar la vivienda, pueden ser civiles o penales, pero desde nuestra experiencia, el mejor procedimiento judicial a interponer y con el que peor puede defender el delincuente, es la acción de tutela de derecho real inscrito, que limita la defensa del “okupa” y además le exige caución para poder oponerse. En caso contrario, es lanzado en un relativo corto espacio de tiempo.

El fundamento de esta acción es el principio de exactitud registral y la legitimación que del mismo se deriva y consagra el art. 38 al 41 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Hipotecaria.

El procedimiento penal del artículo 245 del Código Penal es largo, garantista para el delincuente y puede convertirse en un laberinto procesal y ser archivado por no encontrar el juez delito alguno en la acción ilegitima realizada por el “okupa”.

Desde nuestro bufete Quercus-Superbia Jurídico, www.quercusjuridico.es, podemos asesorarle e informarle sobre este delicado problema que vive nuestra indefensa sociedad.