A las ocho de la mañana del día 12 de julio de 1979 se desató un terrible incendio en el Hotel Corona de Aragón de Zaragoza que provocó la muerte de un número indeterminado de personas (más de ochenta) y heridas de diversa consideración a un número superior al centenar de personas. Cualquier cifra que se dé a día de hoy es, necesariamente, aproximada. La ocultación de datos en el caso del Corona de Aragón ha sido tal que es imposible dar con certeza una cifra de muertos y de heridos, al igual que es imposible atribuir fehacientemente el atentado a un grupo terrorista concreto.
En un listado basado en la obra Víctimas del terrorismo, 1968-2004 (Dykinson, 2004) de María Belén Pulgar se da la cifra de ochenta víctimas mortales, y se dice que “esta cifra es la más aproximada pero no exacta, porque muchos de los heridos fueron trasladados a hospitales donde fallecieron con posterioridad, algunos hasta un mes más tarde, sin quedar constancia en ninguno de los listados aparecidos (centros hospitalarios, listados de hotel, medios de comunicación…)”.
El listado completo de esas ochenta víctimas mortales es el siguiente: Carlos Teodoro Walle Joris; José Domingo Pujadas; Francisco Duifain De Alba; Joaquín Ismael Peris Coret; Cristóbal Alvero Sánchez; Benita Molano Leno; Serafín Ares Espiñeira; Joaquín Antolí Belenguer; Francisco Sidera Casals; Francisco Javier Puig Villaro; José María Sanz Herranz; Fernando Noguero Gómez; Arabela Torres Bardo; Carmen Pallaruelo Turón; José Miguel Carcamo Lastra; Rodrigo Dávila (hijo); Roberto Dávila; Juan Ángel Castellini; Jean Arthur Furnelle; Louise Laude Augusta-Farcy; Genara García O´Neil; Gonzalo Montes Martínez; José Molina Campayo; Blanca Iris Carllini; Francisco Comes Quer; Ángel Fullana Llodras; Mercedes Payol; Tomás Revuelta Catalán; Vicente Rubert Cherma; Mª Fernanda Rubert Gimeno; Wallace Kent Foster; Basilia Torres; Jin Thaelman; José Luis Serrano Sánchez; Eugenio Díaz Iglesias; José Jiménez Gil; Ángel Cabello Iruela, su mujer, Asunción Baeza Escolano, y su hija de 15 años, Asunción Cabello Baeza; José Andrés Bonet Bofill; Isabel Durán Milara; David Giménez Pérez; Ángel Hernández Pérez; Patrick Du Breuil Anchagno; Ángel Martínez Torres; Juan Ramón Albanell Córdoba; Teresa Berdor Labe; José Fernández Olivé; Alfonso Queipo De Llano Acuña; Robert Bashlow; Begoña Álvarez Velasco; Miguel Ángel Santos Álvarez; Manuel Antonio Moro Hernández; Inmaculada Fernández Caballero; José Luis Martínez Muñio; Joaquín Danzberber Ammermann; Juan Francisco Juan Martínez; Emilia Guillermina Bouza Álvarez; Amparo Gimeno Pujol; Enrique Pérez Gimeno; Manuel Moya Gimeno; Ana María Pérez Gimeno; Arnold Rivero; Rosa María Ezquerro Escribano; Leocadio Olabarria García-Rivero; Santiago Martín Pérez; Erosina Segarra Narváez; Feldmann Kim; Santiago González Camiruaga; Rodrigo Peñalosa Esteban Infantes; Rodrigo Peñalosa López-Pin; José Del Amo Villar; Luis Prieto Fernández; Marta Bamala Duch; Carlos Alberto Mauro Albrizio; Santos Ainsa Cristóbal; María Concepción García Llorente; Joaquín Valero Pérez; Mercedes Vega Neira y Manuel Moro Hernández.
Aquel día se alojaban en el Hotel Corona de Aragón la viuda de Franco, su yerno y su hija -los marqueses de Villaverde-, y dos de sus nietos, además de diversos mandos militares. Iba a celebrarse el acto de entrega de despachos de la XXXVI promoción de la Academia General Militar en Zaragoza, por lo que la mitad de los huéspedes del hotel eran familiares o amigos de los cadetes de la Academia General que ese día recibían sus galones de alférez.
El Corona de Aragón era el único hotel de cinco estrellas de Zaragoza, con 237 habitaciones, garaje, piscina, sala de convenciones, peluquería, salón de belleza, sauna y gimnasio, aire acondicionado en las habitaciones, guardería para perros y bingo.
El incendio se produjo el mismo día en que el Ayuntamiento de Zaragoza tenía previsto abordar el establecimiento de ordenanzas municipales de seguridad en grandes edificios y locales públicos, y provocó una pugna dialéctica entre el gobernador civil y el alcalde de la ciudad en todo lo relativo a la información del incendio.
Nadie pulsó ninguna señal de alarma; los extintores, de los que había 170 distribuidos por los pasillos de todo el hotel, no se llegaron a utilizar en ningún momento; los teléfonos de las habitaciones ocupadas tampoco intentaron conectar con la centralita. En muy pocos minutos, de dos a cinco, según las declaraciones de algunos empleados del hotel, el edificio se vio envuelto en una lengua de fuego. Muchos de los huéspedes quedaron en sus camas (eran las ocho de la mañana), inconscientes por la acción del calor y del humo, y perecieron asfixiados, sin llegar a darse cuenta de lo que estaba ocurriendo.
El primer aviso recibido por los bomberos, cuyo parque se encontraba muy próximo al lugar del incendio, hablaba de que una de las chimeneas del hotel se había prendido, por lo que salió una dotación convencional, dispuesta a afrontar un siniestro de pequeña magnitud. Cinco horas después, extinguido ya el fuego, el número de víctimas, entre muertos y heridos, se contaba por decenas.
El incendio se inició alrededor de las ocho de la mañana, en la freiduría de la cafetería Formigal, perteneciente al hotel, cuando se estaban preparando los desayunos. Eso es lo que se dijo oficialmente en los primeros momentos y lo que se mantuvo durante tres décadas desde instancias gubernamentales. El hotel tenía mucha madera y suelo de moqueta, lo que contribuyó a la propagación de las llamas, especialmente en la planta primera y la recepción. Fuentes del parque de bomberos de Zaragoza manifestaron que el principal problema con que tuvieron que enfrentarse para extinguir el fuego y para rescatar a sus ocupantes no fue el fuego ni el humo, sino el pánico de la gente. “Les pedíamos, a través de los megáfonos, que conservaran la calma, ya que íbamos a rescatarlos, pero el pánico ha sido tremendo. La gente pedía auxilio y algunos se lanzaron al vacío sin esperar nuestra ayuda”.
La llegada de todos los servicios de urgencia provocó en los primeros momentos un enorme caos. En la vía Imperial, frente al edificio en llamas, se apiñaban coches de bomberos, ambulancias, coches-patrulla y grúas de empresas privadas, así como numerosos miembros de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Municipal, bomberos de Zaragoza y de la base aérea, voluntarios de la Cruz Roja y soldados. Además, el Ejército acordonó la zona ante el temor de que las llamas alcanzaran a un depósito subterráneo que contenía unos 150.000 litros de fueloil.
La presencia de miembros de la familia Franco entre los huéspedes del hotel impulsó a muchas personas, incluidos algunos directivos de la empresa propietaria del hotel, a suponer que el incendio había sido provocado. Este rumor, rápidamente desmentido por el gobernador civil de la provincia, Francisco Laína García, y por el jefe superior de Policía, provocó una psicosis de tragedia en la ciudad. Máxime cuando llamadas telefónicas anónimas, algunas de ellas con voz femenina, anunciaron la colocación de artefactos explosivos en los principales hoteles de la ciudad, así como en las sedes de entidades bancarias, empresas inmobiliarias y otros grandes locales situados en la zona más céntrica de Zaragoza, preferentemente en el paseo de la Independencia. Algunos de estos establecimientos (Hotel Goya, Caja de Ahorros de la Inmaculada, etcétera) fueron desalojados por orden de la Policía. Mientras tanto, las emisoras de radio difundían llamamientos solicitando sangre para los centros hospitalarios adonde iban llegando los heridos, necesidad que pronto se vio cubierta con creces. A lo largo del día, los balances provisionales de las víctimas, que se sucedían con febril rapidez, cambiaron la psicosis de pánico vivida en Zaragoza en las primeras horas por un profundo sentimiento de tragedia.
El rápido desmentido de Francisco Laína y su interés por descartar la posibilidad de que fuese un atentado, pues nada más producirse el incendio reunió a los periodistas para decirles que se desechaba cualquier otra posibilidad que no fuese un incendio fortuito, ha resultado siempre altamente sospechoso para todos los que han estudiado el tema. Desde entonces, Laína García tuvo una fulgurante carrera política en lo que algunos han querido ver, precisamente, un premio a su supuesta labor de ocultación en el incendio del Corona de Aragón.
El primero de los funerales fue organizado de manera exclusiva por las autoridades castrenses en memoria de las víctimas militares y sus familiares. El segundo -al que asistieron unas tres mil personas-, lo organizó el Ayuntamiento en la Catedral de la Seo y fue oficiado por el arzobispo de Zaragoza.
Hoy en día el caso del Corona de Aragón sigue siendo confuso, entre otras cosas porque nunca se investigó realmente lo que ocurrió. Oficialmente se dijo que el incendio había tenido su origen en la churrería de la cafetería. Tanto Francisco Laína García, gobernador civil de Zaragoza, como el alcalde de la ciudad, el socialista Ramón Sainz de Baranda, se apresuraron a acallar los rumores que, desde el mismo día del incendio, atribuían el mismo a un atentado terrorista. “El tema ya no está en mi mano. Es cosa del juez. En un principio manifesté que se trataba de un accidente. Eran los datos que teníamos en aquel momento: que el fuego se inició al prenderse el aceite de la freidora de churros. Tampoco en estos momentos tengo datos que varíen esta versión” (Laína García, El País, 22/07/1979). En la misma edición de El País, Sainz de Baranda decía: “Yo cada vez estoy más convencido de que el incendio fue accidental (…) Sin embargo, no puede hablarse de una sola causa, sino de varias concausas. Por ejemplo, las condiciones del techo de la cafetería Picadilly, o el tiempo que se tardó en avisar a los bomberos”.
Sin embargo, desde el primer momento se apuntó la idea de que era un atentado de ETA. Ya en el funeral celebrado el día 13 de julio, y pese a los nuevos desmentidos oficiales, estos rumores iban en aumento y habían tomado cuerpo de manera especial en algunos círculos militares de la capital aragonesa. De hecho, varios generales y tenientes generales que asistieron a los actos de entrega de despachos en la Academia llegaron a establecer contacto telefónico con La Moncloa en términos muy duros por la ocultación de las verdaderas causas. Este extremo fue desmentido por el secretario de Estado para la Información, Josep Meliá, que manifestó que “efectivamente, hubo llamadas telefónicas desde Zaragoza de algunos militares a sus superiores -no a la Moncloa- que quedaron controladas y aclaradas inmediatamente al explicarse que el incendio había sido fortuito y que no se debía a ningún acto terrorista” (El País, 14/07/1979).
Sea como fuere, en esos momentos quienes pilotaban la transición consideraron que no convenía decir la verdad a la opinión pública, para evitar que la inestabilidad política que ello conllevaría provocase una involución en el proceso democrático. La investigación de los técnicos del Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo arrojaba, sin embargo, otro resultado: una explosión en el vestíbulo del hotel había provocado un fuego que se propagó por las escaleras. El juez instructor del sumario por el incendio del Hotel Corona de Aragón se resistió a admitir la versión oficial y dictaminó causas exógenas. De este modo, el 8 de mayo de 1980, elevó a la Audiencia Nacional una exposición razonada de los hechos “a fin de que ésta determine competencias”. Dicho de otra forma, el juez instructor no se consideraba competente en el caso por estimar que el incendio fue provocado por causas exógenas, lo que llevaba directamente a la atribución del mismo a un atentado terrorista.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo, por su parte, ha venido reivindicando desde su creación el reconocimiento por parte de las autoridades de que el incendio fue un atentado terrorista de ETA. En línea con esta postura, el matrimonio formado por el teniente retirado de la Guardia Civil, Ángel Cabello Iruela de 55 años de edad, natural de Rascafría (Madrid) y Asunción Baeza Escolano, además de uno de sus tres hijos, Asunción Cabello Baeza, de 15 años, figuran en la página web de la Guardia Civil como víctimas del terrorismo. En el año 2000, el Gobierno del PP concedió a las familias de los fallecidos del Corona la indemnización que les correspondía en aplicación de la ley de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo de 1999. La decisión partió del entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.
Casi tres décadas después, el Tribunal Supremo establecía que el incendio del Hotel Corona de Aragón fue un atentado terrorista en una sentencia en la que se reconoce el derecho a la concesión de una medalla honorífica como víctima del terrorismo a una de las fallecidas en el incendio, María Concepción García Llorente. La Sección Sexta de la sala de lo Contencioso-Administrativo asumió las conclusiones de un perito de la familia que aseguró: “Este incendio no pudo provocarse por una sola y aislada persona, ni de forma casual. Necesariamente han tenido que intervenir un mínimo de tres personas, debidamente concertadas entre sí”. Añadía que esto es así porque se produjeron “tres igniciones prácticamente simultáneas junto al piano, junto al conducto de humos y junto a la salida de la churrera”. Los magistrados señalaron que si se tienen en cuenta las circunstancias expuestas en el dictamen, en el que se alude a un “concierto mínimo de tres personas”, así como a la “utilización de napalm unido al magnesio para la producción o la intensificación del incendio”, se impone “reconocer el derecho a la concesión de la distinción solicitada”. Para llegar a esta conclusión, también se ha tenido en cuenta que este “grupo de personas necesariamente hubo de contar con conocimientos altamente especializados” y también con “el adiestramiento necesario para moverse entre las llamas, conocer dónde efectivamente habían de producirse las igniciones y cómo entrar y salir del hotel sin lesión para ellos”. Aunque la sala de lo Civil del Supremo ya había mencionado el uso de pirogel, napalm o elementos exógenos que provocaron el incendio y había absuelto de responsabilidad a la empresa del hotel, nunca hasta ese momento la Justicia había reconocido que el siniestro de Zaragoza se produjo en un contexto histórico singular. “No cabe ignorar la realidad social (del país)”, dice la sentencia, que también recuerda “la importancia que la violencia terrorista ha tenido en la más reciente historia de España”. Subraya que el país sufre el terrorismo desde hace décadas y con un altísimo coste de vidas humanas desde la llegada de la democracia, lo que “resultaba especialmente grave y notorio en la fecha en que se produjeron los hechos de referencia, a mediados de 1979”.
La sentencia del Supremo supuso un mazazo a la posición del Gobierno, que denegó la condecoración a los fallecidos del Corona, al entender que no había pruebas de que el incendio fuera un atentado terrorista, y anuló el acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2007 en el que se denegaba la medalla. El Ministerio del Interior desoyó, en octubre de 2004, la recomendación del Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, a favor de ese reconocimiento moral. El Ejecutivo socialista entendía que no había base legal para la medalla, pese a que habían recibido la indemnización como víctimas de terrorismo en virtud de la ley 32/1999. El abogado del Estado intentó explicar, sin éxito, que los familiares podían recibir la indemnización de la ley de Solidaridad con las Víctimas de Terrorismo de 1999, pero no obtener la condecoración, puesto que esto se reservaba a quienes sufrieron actos de grupos terroristas.
Una vez asentado judicialmente que el incendio no fue un accidente, sino un atentado terrorista, y situándonos en 1979, hay varias posibilidades de autoría.
Por un lado estaban los GRAPO. Este grupo terrorista, tras los secuestros de Antonio María de Oriol, presidente del Consejo de Estado, y del teniente general Emilio Villaescusa (1977), sólo llevó a cabo atentados poco complicados técnica y operativamente y nunca utilizó material inflamable tipo napalm. De todos los sospechosos es el único al que se puede descartar con casi total seguridad.
En aquellos años aun estaban activos los grupos de extrema derecha. Descoordinados, sin apenas capacidad técnica y organizativa, aun así pudieron haber actuado en la creencia de que un atentado masivo contra los militares y sus familias, entre los que estaban los Franco, podía provocar un golpe de Estado. Lo cierto es que El Alcázar y la ultra derecha utilizaron desde el primer momento lo ocurrido en el hotel zaragozano para su propaganda a favor de una solución militar, por lo que no se les puede excluir totalmente. En contra de esta opción, nos encontramos con la falta de una mínima capacidad técnica y organizativa con la que siempre se movieron estos grupos. Tampoco, ni antes ni después, usaron líquido inflamable sofisticado. La tesis de la extrema derecha es la que ha sostenido, entre otros, el periodista de investigación Fernando Rueda, incluso después de la sentencia del Tribunal Supremo.
Finalmente tenemos a las dos ramas de ETA activas aquellos años: la político-militar y la militar. Ambas habían lanzado desde el año anterior una brutal ofensiva que culminaría en el sangriento 1980. Las dos ramas tenían suficiente capacidad informativa para recabar detallada información del hotel. También contaban con medios técnicos suficientes para fabricar sofisticadas bombas incendiarias. Por último, tenían suficientes militantes con experiencia en el crimen y en la realización de atentados espectaculares.
Se puede argumentar que no ha sido el modus operandi habitual de la banda. Pero no se puede obviar que ETA no ha tenido el menor problema en variar sus métodos habituales. Al fin y al cabo el primer gran atentado espectacular, el de Carrero Blanco, se realiza mediante un sistema, el túnel con explosivos, que no se volverá a repetir. Por otra parte, ETA utilizó napalm años después, en el brutal atentado contra el Hipercor de Barcelona. En definitiva, de todos los grupos terroristas sospechosos era el único con la suficiente capacidad técnica y organizativa para cometer una masacre de esas características.
Tenemos, por otro lado, las reivindicaciones que se hicieron del atentado, que hay que tomar con todas las precauciones del mundo, especialmente las que se hicieron a El Heraldo de Aragón, que fueron dos: una de ETA y otra del FRAP. Esta segunda hay que descartarla completamente, puesto que el FRAP fue totalmente desarticulado cuatro años antes, en 1975. Así lo recoge José García San Pedro en su estudio sobre los grupos terroristas de la época:
Una de estas organizaciones es el Partido Comunista Español marxista-leninista [PCE (m-1)] de cuyo seno, y como consecuencia de las reacciones desencadenadas por el Consejo de Guerra de Burgos contra miembros de ETA, surgirá en enero de 1971 el Comité Organizador pro-FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota), que en 1973 se constituye en el Frente Armado del PCE (m-1) como FRAP (Centro Español de Documentación: Terrorismo y Justicia en España, págs. 115 y ss). El FRAP estaba llamado a ser el embrión de un futuro ejército popular cuya estructura básica estaría formada por ‘escuadras de tiro’, compuestas por grupos de tres a cinco hombres y encuadradas orgánicamente en ‘destacamentos de asalto’ que a su vez constituirían ‘batallones de choque’ incluidos en ‘brigadas móviles’. La realidad fue que, a pesar de este voluntarista y pretencioso planteamiento, no lograron pasar de la primera fase estructural, y sus actividades violentas se redujeron a una serie de atracos y robos (‘expropiaciones’ y ‘requisas’) y a cuatro asesinatos de componentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado, siendo desarticulados en 1975 (García San Pedro, José, Terrorismo: aspectos criminológicos y legales, Facultad de Derecho, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1993, pág. 164).
De la lectura de este texto se desprende que la reivindicación a El Heraldo por parte del FRAP se debió, muy posiblemente, a un intento claro de intoxicación. Por lo tanto, estas reivindicaciones a El Heraldo que, además, fueron conocidas por la opinión pública muchos años después, ofrecen escasa credibilidad, aunque tampoco hay que descartarlas.
Más interés tiene la reivindicación que hizo ETA en Radio Bayona. Aún manteniendo todas las precauciones, ya que el caso del Corona de Aragón no sería ni el primero ni el último atentado en el que se han realizado reivindicaciones absolutamente inverosímiles, hay que hacer notar que sí ha sido habitual, y más entonces, que la banda terrorista ETA reivindicara sus atentados en medios vasco franceses. Y concretamente en Radio Bayona la banda había reivindicado muchos de sus asesinatos.
Por otra parte, y como hemos dicho, estas reivindicaciones fueron también cuidadosamente escamoteadas a la opinión pública, como parte de la trama de ocultación del atentado. Laína García consiguió que no se publicara la supuesta llamada de ETA a la prensa zaragozana atribuyéndose la autoría, y el Gobierno de que no trascendiera en España la reivindicación hecha posteriormente por ETA a Radio Bayona. Si realmente no se hubiera querido ocultar las verdaderas causas, lo lógico habría sido no sólo que no se hubiese ocultado la existencia de esos comunicados, sino que se hubiesen investigado para tratar de dilucidar su veracidad. Más de tres décadas después este aspecto del atentado será siempre objeto de controversia.
Quedarían dos aspectos importantes sobre los que reflexionar: el primero es por qué querría la banda terrorista ETA atentar contra el Corona de Aragón, sabiendo que en el mismo estarían alojados muchos civiles. El segundo aspecto es por qué el Gobierno de Suárez no quiso que se supiese que había sido un atentado terrorista, fuera quienes fueran sus autores.
En relación al primero, es evidente que ETA y sus partidarios han tenido una obsesión, rayana con lo patológico, con Franco y el franquismo. Durante décadas los etarras y los proetarras han tildado a los no nacionalistas de franquistas, directamente, y en su paranoia han llegado a convertir a España en sinónimo de Franco. En este contexto ideológico sí adquiere sentido un atentado contra familiares del dictador que se encontraban alojados en el hotel, dato que era conocido y se había anunciado públicamente. Los daños colaterales que se pudiesen provocar no era algo que haya preocupado especialmente a la banda, como ha quedado patente en numerosos atentados. Pero una vez que se había fracasado en el objetivo de acabar con la familia Franco, carecía de sentido reivindicarlo, independientemente de la veracidad que le demos a las reivindicaciones a El Heraldo y Radio Bayona, ya que no les reportaría ningún beneficio propagandístico, más bien todo lo contrario. Por otra parte, la atribución a ETA de este atentado siempre ha sido utilizada por los terminales mediáticos etarras para hacer victimismo. Sirva de ejemplo lo publicado recientemente por el historiador Iñaki Egaña en Gara, en un artículo en el que intenta desvincular a ETA del asesinato de la niña Begoña Urroz: “La intoxicación fue tomando cuerpo como en otras ocasiones. Algunas de ellas fueron muy sonadas, como cuando diversos medios de comunicación atribuyeron a ETA las autorías de asesinatos de grupos parapoliciales: Tomás Alba, Eduardo Moreno, Santi Brouard, Josean Cardosa, Josu Muguruza… O la bomba en la guardería Iturriaga que causó tres muertos. O la explosión de la caldera en la escuela de Ortuella, o el accidente del monte Oiz, o el incendio del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza… o las 10 bombas que explotaron en Madrid el 11 de marzo de 2004” (Gara, 10 de marzo de 2010). Aquí quien realmente está intoxicando es el propio Egaña, porque presenta a la “pobrecita ETA” como víctima de una campaña de insidias para desacreditarla, cuando ni siquiera en la contundente sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 se cita expresamente a ETA. En todo caso, las agraviadas y escarnecidas han sido las víctimas, a las que se les ha ocultado durante años que no fue un accidente, sino un atentado terrorista.
El segundo aspecto relevante es el motivo por el que al Gobierno de UCD no le interesó investigar la posible autoría terrorista del incendio. Evidentemente, sólo puede obedecer a motivaciones políticas. En esos momentos al débil Ejecutivo lo último que le interesaba era asumir la autoría terrorista, la que fuera, del incendio. De haberlo hecho, se hubiera visto obligado, muy posiblemente, a adoptar unas medidas de excepción cuyo coste político no estaba dispuesto a asumir. Por otra parte, no era la primera vez que el Gobierno de Adolfo Suárez ocultaba datos a la opinión pública para no caldear el ambiente, como ocurrió con la tortura sufrida por Javier de Ybarra durante su secuestro, de cuya autopsia se ocultaron a los ciudadanos los datos más horribles. En el caso del Corona de Aragón se fue más allá en la ocultación, pues directamente se negó la autoría terrorista.
Para concluir, más allá de lo que íntimamente podamos pensar sobre este atentado, sería irresponsable acusar directamente a ETA de lo ocurrido en el Hotel Corona de Aragón, habida cuenta de que no hubo nunca una verdadera investigación y la causa se cerró en falso. Pero sería exactamente igual de irresponsable borrar a ETA de la lista de sospechosos y no señalar que eran los que tenían más interés en realizar una masacre así, además de ser prácticamente los únicos con capacidad técnica y material para llevarla a cabo.
Por una de esas ironías que tiene la historia, en el mismo BOE de 18 de febrero de 2011 en el que se publicaba la condecoración a las víctimas del atentado del Hotel Corona de Aragón, se publicaba también el Real Decreto por el que se condecoraba a la persona que más hizo por ocultar que fue un atentado, Francisco Laína García, como muy acertadamente señalaba el constitucionalista Carlos Ruiz Miguel en su blog Desde el Atlántico el 23 de febrero de 2011.
Ni olvido ni perdono,los presos de ETA a la cuneta
Una sentencia del Tribunal Supremo reconoció haber sido un atentado.