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Hoy martes, el Grupo Popular en el Senado va a llevar a cabo una interpelación a la Ministra de Trabajo Yolanda Díaz a fin de que explique en el Pleno del Senado, cuáles son los términos del acuerdo alcanzado por el gobierno de Pedro Sánchez con el grupo radical vasco Bildu, respecto a la derogación íntegra de la Reforma Laboral, antes de que termine la Pandemia, lo que ha originado tanto el rechazo de la Patronal, sindicatos y en principio podría afectar a la cuantía de las ayudas que podría percibir España de la UE, teniendo en cuenta que estás, en su capítulo de transferencias cuya cuantía es de 77 mil millones de e, podría exigir como condición, no solo el mantenimiento de la ley sino la profundización de la misma, como condición indispensable para la percepción de las ayudas europeas a fondo perdido, todas ellas, de carácter sectorial.

Esta interpelación del Grupo Popular en el Senado, que será realizada por su secretaria de grupo y senadora por Castellón Salomé Pradas,  pretende que la ministra explique el acuerdo firmado con Bildu por el gobierno, el pasado 20 de mayo, lo que ha causado un estupor social, ha dado lugar a la creación de tres millones de puestos de trabajo, así como que aclare cuál va a ser la postura del gobierno, teniendo en cuenta que en el ejecutivo, existen voces discrepantes hacia esta medida como son la ministra de Economía Nadia Calviño y la Ministra de Industria Reyes Maroto, quienes tienen una inclinación clara hacia su mantenimiento.

Por otra parte, y en esta misma interpelación, la senadora Pradas va a preguntar a la ministra, cuáles son las razones por las que la empresa gallego-asturiana Alcoa va a realizar despidos de trabajadores, dado el alto coste de la energía electro intensiva, mientras que en los dos años que lleva Sánchez en el poder, no ha tomado ninguna medida para facilitar la mejora en los costes de producción de este tipo de empresas.

Se da la circunstancia de que precisamente y a causa de liderar algunas movilizaciones de Alcoa, en marzo de 2019, frente al Congreso de los Diputados, la actual ministra de trabajo Yolanda Díaz, fue imputada por el juzgado número 25 de Madrid, con una acusación de atentado a la autoridad, lo que no prosperó, teniendo en cuenta que, dada su condición de diputada, ya que pertenecía a la diputación permanente del Congreso, era llamada a declarar por videoconferencia, lo que no surtió efecto, puesto que por tal condición, solo puede ser juzgada por el Tribunal Supremo.

Según ha expresado a El Diestro la senadora Pradas, autora de la interpelación, la Xunta de Galicia dentro de sus competencias, ha hecho todo lo posible ejerciendo como mediador entre empresa y gobierno, pero se ha encontrado que, en los últimos dos años, no se ha hecho nada de manera consciente, respecto a la mejora del coste de la energía que precisan para producir lo que hace que, ante estas actitudes y su falta de condiciones para poder desarrollar su trabajo,  terminan cerrando.

También cree la senadora Pradas que será necesario una clara explicación de la ministra de trabajo respecto a las consecuencias que puede tener para España este acuerdo adoptado por el gobierno de Sánchez con el grupo radical Bildu respecto a la Reforma Laboral, puesto que su derogación total, puede afectar de manera importante a la ejecución de los ERTE, por parte de las empresas, así como puede ser un gran obstáculo de cara a la obtención de ayudas vía transferencias de la UE , puesto que en el capítulo de condiciones que planteará la Comisión, se requerirá la necesidad no solo de su mantenimiento, sino de su profundización, como elemento clave de la política que deberá seguir el gobierno de Sánchez, tal y como indicara en una intervención el vicepresidente de la Comisión la semana pasada, quien cree que es imprescindible buscar una flexibilización de la normativa y buscar nuevas formas de conciliación laboral.

Finalmente cabe decir que este acuerdo con Bildu, no ha sido bien acogido en Europa y genera discordias en el seno del gobierno entre los ministros socialistas y de Podemos, puesto que mientras que el sector socialista del gobierno, es consciente de que la derogación de la Reforma Laboral puede traer dificultades para España en todos los órdenes y muy especialmente con las organizaciones empresariales, además de los sindicatos, la parte podemita del gobierno, lo considera imprescindible, por mero posicionamiento ideológico.