España, con nuevo Estado de Alarma, alarmada con un gobierno que le miente

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España, un estado social y democrático de derecho que reinstauró su democracia mediante el consenso entre la totalidad de las fuerzas políticas legalizadas tanto por la sociedad, como los estamentos democráticos basados en la aceptación de la Constitución Española, afronta en el día de hoy la aprobación de un Estado de Alarma, por sexta vez consecutiva, desde su proclamación, basada en la excusa de la situación de una alarma sanitaria, pero que en realidad dadas las actuaciones de un gobierno constituido legalmente, causa alarma en la ciudadanía, porque está comprobado que con sus actos, vulnera todos los hechos y actos propios de una democracia parlamentaria.

Según expresa la Constitución Española, el Estado de Alarma, es un instrumento excepcional que la Carta Magna da al gobierno de la nación, para resolver situaciones de extrema gravedad o emergencia, como puede ser la situación de un estado de dificultad sanitaria, pero con la particularidad de que es preciso que sea renovado en las Cortes Generales en plazo de 15 días, tal y como establece la misma.

En el caso de nuestro país y más concretamente en el caso del gobierno de Pedro Sánchez, se da la circunstancia que, dada su debilidad parlamentaria, al no tener una mayoría parlamentaria estable, se está utilizando la prórroga del estado de alarma, desdibujando uno de los fundamentos vitales de la democracia española desde 1978, como es el consenso y la participación de las fuerzas mayoritarias elegidas por los españoles, de tal manera, que su utilización, está resultando una subasta de prebendas, de beneficios y de favores, a aquellos que se prestan a asumir las subastas de regalos ofrecidos por el gobierno, para cumplir sus intenciones.

No importa que los que acuden a la subasta sean nacionalistas que tienen como objetivo la ruptura de la unidad nacional, tampoco que sean partidos que han participado en una sedición que ha propiciado el intento de ruptura de una de las comunidades autónomas de España y cuyos dirigentes han sido condenados por unos jueces defensores del Estado de Derecho a penas de cárcel por delitos de sedición, sino lo que interesa, es mantenerse en el poder.

Para ello, los españoles, hemos contemplado como el actual presidente del gobierno, ha osado mentir a la hora de establecer su contrato con la sociedad, haciendo lo contrario a lo prometido a los españoles durante la campaña electoral, formando un gobierno con quienes, desde un primer momento, decía que le quitaban el sueño, de cara a la gobernación de la nación española.

Pero el hecho de las mentiras, en vez de ser algo circunstancial y dependiendo en que caso, puede ser aceptable en un gobierno, resulta que se ha convertido en una manera de gobierno, primero por sus integrantes, después por sus actuaciones y lo que es peor con hechos probados que la sociedad española, está contemplando con estupor, viendo que una mayoría electoral no escogida, con unos gobernantes no decididos por la ciudadanía, gobiernan a golpe de decreto y a su antojo, en contra de los deseos de la sociedad española.

Este gobierno, nos ha mentido a los españoles respecto a su composición, a sus actuaciones, a escondernos las causas que le hicieron interesar desde el aspecto ideológico, no evitar la celebración de concentraciones el pasado 8 de marzo, que, aunque no es demostrable, pudieron ser una de las causas fundamentales de la extensión de un virus que ha generado una Pandemia que se ha llevado 43 mil vidas de ciudadanos españoles. También, nos ha mentido sobre el conocimiento de la circunstancia de la existencia de riesgo, tal y como lo demuestra una conversación mantenida por la Ministra de Igualdad con una periodista, grabada en un video, que ha salido de la nada, para demostrar su incompetencia.

También nos ha mentido durante la gestión de la Pandemia, diciéndonos que los españoles no necesitábamos mascarillas ni test, para protegernos de la enfermedad, en vez de decirnos que no tenía material de protección suficiente, que por cierto, ha sido adquirido a posteriori, de una manera que seguramente tendrán que determinar los tribunales si ha sido limpia, clara y efectiva, tanto sanitariamente, como por el precio pagado por los elementos de protección, traídos desde el extranjero.

Pero lo peor de todo, es que nos está mintiendo respecto a la actuación de uno de sus ministros, concretamente el de interior, quien ha cesado a un coronel que, cumpliendo un mandato de la justicia, intentó averiguar el resultado de la investigación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, haciendo las labores de policía judicial, respecto a lo sucedido el 8M y sus aledaños. Pero si esto ya es preocupante, resulta más asombroso que el ministro no dijera la verdad en sede parlamentaria, tal y como sucedió en su reciente comparecencia en el Senado, una de las cámaras de las Cortes Españolas. Esta mentira, ha quedado demostrada por la filtración de un documento interno del benemérito cuerpo, en donde su directora general, aconseja el cese del coronel, por no haber informado del resultado de la investigación realizada, lo que, observando el Código Penal, podría llegar a ser delito.

Ante estas circunstancias, un español de a pie, puede preguntarse qué mecanismos de defensa tiene en un estado de derecho, en el que el gobierno, le miente, en el que las medidas que le obligan a restringir su libertad, están decididas por un gobierno que usa a partidos minoritarios que dicen abiertamente no respetar la Constitución Española y que incluso de manera pública, han manifestado en la tribuna del Congreso “que España les importa un bledo”.

A muchos, no nos queda otra que respetar la legalidad de las mayorías establecidas en un estado democrático, pero si debemos quejarnos de que estas mayorías numéricas de diputados, no nos representan políticamente a los ciudadanos, que nos sentimos rehenes involuntarios de los intereses de un gobierno que solo comprobamos que nos miente.

Vemos como un gobierno democrático, da prebendas a partidos que rigen comunidades autónomas, provocando discriminación y diferencias entre españoles, vemos como se castiga a regiones de España, entre ellas a la que ostenta la capitalidad de nuestra nación, por el mero hecho de que son de distinto signo político al que rige los destinos de España, pero, ¿debemos quedar callados?

En mi caso, no, me digan lo que me digan, me llamen ultra o me llamen fascista, pero lo cierto, es que, como ciudadano, siento restringidas mis libertades por no decir secuestradas, y aunque quiero ser solidario con mis ciudadanos, porque no quiero para ellos, lo que no quiero para mí, empiezo a pensar que este Estado de Alarma, no es lo que queremos los españoles, que tenemos leyes generales suficientes, para sentirnos rehenes de una realidad política que no hemos escogido y que nos es impuesta, pero que cada día vemos más llena de mentiras que de necesidades de los españoles.

Ya no confío en un gobierno que usa a nacionalistas, independentistas, ultra izquierdistas que tienen como fin volar los fundamentos que nos dimos en una Constitución consensuada entre todos en 1978, en la que la libertad, la democracia y el consenso democrático, es la base de la democracia.

Un nuevo Estado de Alarma, pero que en realidad sirve para que los españoles, sigamos alarmados por la deriva no decidida por nosotros, que lleva este Estado llamado España.