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La insinuación realizada el pasado miércoles por el Ministro de Justicia, a lo largo de la sesión de control que se celebró en el Congreso de los Diputados, respecto al hecho de que España estaba atravesando una crisis sanitaria derivada de la Pandemia, así como una crisis institucional que estaba abriendo la posibilidad de estar en un periodo constituyente, en el que deberían participar todos, ha abierto las alarmas sobre cuáles pueden ser las intenciones del gobierno social comunista en la presente legislatura, a pesar de que como casi siempre, las palabras del ministro, fueran matizadas por portavoces de su departamento, por la reacción social ante las mismas.

Si acudimos al significado de la palabra constituyente, resulta que es un organismo de representantes colegiados, elegidos por el pueblo, que tienen como función redactar una nueva constitución, dotado para ello de plenos poderes o poder constituyente, al que deben someterse, todas las instituciones públicas.

Si nos centramos en la Constitución Española, el artículo 168 que forma parte del título X de la Carta Magna, que se centra en la reforma constitucional y que está compuesto por tres apartados, nos dice en su primer punto que Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución, o una parcial que afecte al Título Preliminar, al Capítulo segundo, sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por la mayoría de dos tercios de cada Cámara y a la disolución inmediata de las Cortes.

En su segundo punto de este artículo 168, se dice que las Cámaras elegidas, deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por la mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

En el tercero de sus apartados de este artículo que explica la manera de realizar una reforma constitucional, se establece que, aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum, para su ratificación.

Si este artículo limita por sí misma la insinuación realizada por el ministro de justicia, resulta que, en la sinopsis del articulado constitucional, actualizado por los letrados de las cortes Sara Sieira en 2011 y el también letrado Luis Miranda en 2016, se especifica que la reforma, puede ser definida funcionalmente, es decir por las diversas funciones que cumple. La reforma, permite adaptar la realidad jurídica, la Norma Fundamental, a la realidad política sin romper la continuidad formal del ordenamiento, así como colmar las lagunas, con el fin de que se paralice el proceso político. La reforma es también una garantía que permite preservar la continuidad jurídica del Estado, pues al exigirse la observancia de procedimientos más complejos para reformar el texto constitucional, que, para modificar la legislación ordinaria, se garantiza la supremacía de la Constitución y la diferenciación entre el poder de revisión, poder constituyente derivado y el poder legislativo ordinario. Finalmente, la reforma protege al texto constitucional, de una ruptura violenta, lo que podría suponer su propia destrucción.

En base a estos fundamentos que nos da la Carta Magna, que no podrían ser modificados, ya que constituirían fraude de ley, no es entendible que todo un juez encargado del ministerio de justicia, conocedor de la ley de leyes, así como del ordenamiento jurídico que tenemos en España, se permita deslizar de manera sibilina, porque luego ha sido desmentido por sus colaboradores, una posible situación de estado constituyente.

La Constitución que nos dimos en 1978, tiene unos mecanismos establecidos claramente en su seno para proceder a una reforma de la Constitución en cualquiera de sus apartados, pero siempre quedando claro que, para ello, se precisan 3/5 de la Cámaras o en su caso 2/3 de las mismas, quedando claro que eso implica la disolución inmediata de las Cortes Generales, razón que obligaría a la convocatoria de unas elecciones y una vez celebradas estas y ratificada dicha reforma, a la celebración de un referéndum de ratificación por parte de todos los españoles.

Estas insinuaciones de carácter ideológico más que de realidad política, se hacen utilizando el desconocimiento tanto de la ley de leyes como de sus mecanismos por parte de los ciudadanos, que, al comprobar estas circunstancias, entran en un paroxismo de cambio de régimen y de posible modificación del estatus real que tenemos, pero cualquier modificación de los pasos expresados tanto en el articulado como en los mecanismos, simplemente, supondría un fraude de ley.

Lo realmente peligroso de toda esta situación, es la cada vez más clara intención desde el gobierno de buscar tener sujeto al tercer poder del Estado, nombrando en primer lugar a una fiscal general del Estado, que aunque es de carrera fiscal, procede de haber ostentado el cargo de ministra de justicia del anterior gobierno, lo que deja a las claras, que su independencia profesional, puede quedar en entredicho, al igual que todos sus actos dado que su actuación como responsable anterior del ministerio de justicia, pueden afectar a sus decisiones como fiscal general del Estado.

Otra segunda consecuencia de este deseo de tener sometido al tercer poder del estado, es la constante insinuación a que se aborde la reforma del Consejo General del Poder Judicial, máximo órgano de poder de los jueces, que, aunque pendiente de renovación, puesto que su tiempo de vigencia ha pasado desde hace un año y medio, resulta decisivo para el funcionamiento de la justicia. En esta renovación que se pretende del CGPJ, para la que es necesaria una aprobación de los 2/3 del Parlamento, no se tiene en cuenta una vieja pero necesaria reivindicación de los jueces, que quieren que, en los 20 miembros de su organismo, sus representantes sean elegidos de manera directa por ellos y que sean en igual número que los representantes designados por las cortes españolas.

Lo cierto es que nuestra Constitución, ese documento aprobado por todos los españoles mediante referéndum, tiene los mecanismos claros y adecuados para proceder a su reforma, cosa que, dada la composición cameral de nuestras cortes generales, de momento resulta imposible que se produzca, ya que, en ningún caso, los proponentes de la misma, cuentan con las mayorías necesarias para ponerla en marcha, pero que sirven para dar por demostrado la política que sigue el gobierno de Pedro Sánchez, que podría ser definida como la “política de la Matriuska”, en donde para tapar un tema que le perjudica, sacan otro y otros que a modo de tinta de chipirón, desvían la atención de la sociedad española, que se enfrasca en polémicas vacías de contenido por no ser polémicas constructivas.