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La Asociación Nacional de Afectados por el COVID-19 nace con el compromiso de buscar dignidad y justicia para todas las personas que han perdido tanto por el Covid-19. 

ANACOVID surge como proyecto de defensa de los derechos de personas, físicas y jurídicas que se han visto afectados a consecuencia de la acción de administraciones públicas, organismos públicos o privados y el Gobierno Español tras la adopción de las medidas que se han ido aprobando para frenar esta pandemia. 

Tras todos los esfuerzos que la ciudadanía española ha hecho durante estos meses, el principal foco se quiere poner en sus historias, en sus situaciones personales y en su voz. Es por esto por lo que queremos poner a disposición nuestro compromiso de servicio a personas que se sientan identificadas con distintas situaciones que hemos focalizado en varios puntos: 

– Familias que han perdido a personas de avanzada edad que hayan podido fallecer a causa de su abandono en situación de riesgo en centros o residencias. 

– Personal de servicios esenciales que durante la duración del estado de alarma se hayan visto infectados por no disponer de los Equipos Individuales de Protección necesarios o cualquier otro grave quebranto de las normas de Prevención de Riesgos Laborales. 

– Personas que hayan recibido una indebida o defectuosa información sobre el diagnóstico, tratamiento, riesgos, alternativas, pronóstico de cualquier enfermedad y que, a consecuencia de ello, vean agravada su situación clínica. 

– Pacientes sintomáticos que sin ninguna prueba objetiva no han sido atendidos, manteniéndose en sus domicilios con tratamiento generales sintomáticos (Paracetamol), originando agravamientos, incluso en ocasiones con resultado de muerte, y contagios de familiares residentes en el mismo domicilio. 

– Personas que a causa de la crisis de la Covid 19 no hayan recibido un seguimiento del tratamiento o la detección de enfermedades no relacionadas con este proceso. 

– Pacientes que no hayan sido ingresados en UCI cuando su clasificación protocolaria lo hubiera aconsejado, o fallecidos a causa de falta de respirador a pesar de la disponibilidad de estos. 

– Personas que se hayan visto forzadas a suspender su actividad económica por orden de las administraciones y no hayan podido reanudar su actividad por falta de medios, así como cualquier interrupción en sus vidas. 

– Altas indebidas sin práctica de “test diagnóstico” con recaída posterior o contagio de convivientes. 

– Errores de identificación de fallecidos y consecuente falta de información del óbito y traslados funerarios.

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