SI TIENES DUDAS LEGALES, NUESTRA ASESORÍA JURÍDICA LAS RESUELVE DE FORMA GRATUITA
#AyudaEntreCompatriotas
TODAS LAS REDES SOCIALES DONDE PUEDES ENCONTRARNOS, HAY QUE ESQUIVAR LA CENSURA

El día 23 de mayo, los españoles no jugamos la libertad. Desde el 18 de julio de 1936 nunca hemos estado más cerca de caer en manos de un gobierno totalitario, liberticida y por lo tanto comunista.

La manifestación convocada por Vox para ese día, puede cambiar el curso de la historia de España y hemos de ser conscientes de ello. Nos jugamos Nuestra Normalidad, la de siempre, la que hemos conocido desde hace 40 años. Si fallamos en esa manifestación, nos impondrán la Nueva Normalidad, es decir, el bolchevismo bolivariano.

El gobierno está callado, y ante la solicitud de VOX en las delegaciones de gobierno de convocatoria de las manifestaciones en cada provincia, no han articulado palabra. Están pensando que decir, que argumentar y que bulo soltar y mientras, Bruselas os mira con un ojo en la manifestación y el otro en el bolsillo del rescate. 

Si quieren prohibir la manifestación alegando el artículo 7 del RD 463/2020 de 14 de marzo de 2020 que declaró el estado de alarma, lo tienen mal. No podrían prohibir la manifestación por falta de título jurídico para hacerlo, ya que el citado art. 7 del RD 463/2020 de 14 de marzo de 2020 que declaró el estado de alarma, y que ha sido prorrogado varias veces es inconstitucional al haberse suspendido derechos sin que quepa tal posibilidad ni en el art. 55 CE ni en la LO 4/1981, y en concreto, no puede suprimir el derecho de manifestación y reunión. No existen, además proporcionalidad, ni razones de salud pública, dadas las características de dicha manifestación, ni de orden público.

Utilizarán un informe de la Policía Nacional de Marlaska, alegando la existencia de riesgo objetivable y seguro para la seguridad pública, no pasando se ser una mera suposición o conjetura de potenciales consecuencias alteradoras del orden público. 

En fin, tampoco cabe apreciar riesgo para la salud pública, como consecuencia de la celebración de la manifestación, habida cuenta las condiciones en las que se está comunicando su celebración, esto es, en vehículos particulares,  con ocupantes separados y respetando la distancia de seguridad, así como en bicicletas o motocicletas, cuyo uso está siendo permitido para el tránsito habitual durante esta situación excepcional de alarma. 

Añade a lo anterior que nos hallamos en fase de “desescalada” o progresiva vuelta a una situación de normalidad, en la que se ha permitido los paseos de menores de catorce años junto a un adulto, con previsión de medidas de ampliación de la libre deambulación (paseos, ejercicio físico…) antes del día previsto para la celebración de la manifestación. 

Además, la salud pública no se encuentra entre los supuestos limitativos del derecho de manifestación, previstos en el artículo 21.2 de la C.e. y 10 de la LO 9/1983 reguladora de los derechos de reunión y manifestación, que tan sólo refiere el estado de alarma no ampara suspensión de ningún derecho, pero menos limitación ninguna del derecho de reunión y libre manifestación. 

Bastará para ello con examinar, el contenido del artículo 11 de la LOEAES, donde sólo es posible la suspensión de derechos en caso de estado de excepción y dentro del mismo cabe, perfectamente, la suspensión de la libre deambulación de las personas, y, a la par, la no suspensión, ni siquiera afectación, del derecho de reunión y/o manifestación.

Si en situación de estado de excepción, es perfectamente posible suspender la libre circulación y mantener el derecho de manifestación, porque la disyuntiva a tal planteamiento supondría dejar vacío de contenido el artículo 22, difícil será concluir, en abstracto que en situación de estado de alarma cabe alguna limitación, por leve que sea, del derecho de reunión, cuando ocurre que el artículo 11 en ningún momento lo contempla.

Con independencia de la interpretación del referido artículo 7, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo de declaración de estado de alarma, la misma ha de llegar al límite de la imposible afectación de tal derecho. De este modo, cabrá la posibilidad de limitar los movimientos del ciudadano en mayor o menor medida, pero nunca para impedir el libre ejercicio del derecho de manifestación. 

Como se decía, si el estado de excepción contempla la posibilidad de suspender la libre circulación del y mantener el derecho de manifestación, porque la disyuntiva tal planteamiento supondría dejar vacío de contenido el artículo 22, difícil será concluir, en abstracto que en situación de estado de alarma cabe alguna limitación, por leve que sea, del derecho de reunión, cuando ocurre que el artículo 11 en ningún momento lo contempla. De este modo, cabrá la posibilidad de limitar los movimientos del ciudadano en mayor o menor medida, pero nunca para impedir el libre ejercicio del derecho de manifestación. 

Si el estado de excepción contempla la posibilidad de suspender la libre circulación del ciudadano, dejando incólume el derecho de reunión, es claro que un estado excepcional de mucha menor intensidad como es éste, no puede amparar afectación alguna a tal derecho. Ni el Real Decreto hace mención expresa a dicho derecho fundamental, como hubiera debido de haber querido afectarlo, ni pudo hacerlo nunca, conforme al contenido del artículo 11 de la LOAES.

Lo que caracteriza, y cualifica al derecho de manifestación, respecto de la libertad individual o deambulatoria, es que el necesario vehículo personal, la concentración de ciudadanos en un determinado lugar, opera “al servicio del intercambio y libre

exposición de ideas, de defensa de intereses o de publicidad de problemas y reivindicaciones”. En definitiva, se trata de una “manifestación colectiva de la libertad de expresión al servicio…” de dicho intercambio (por todas STC, Sala Segunda, 193/2011, de 12 de diciembre, rec. 6340/2010). 

En dicha sentencia se sigue diciendo que “existe, pues, una estrecha vinculación entre el derecho de reunión y manifestación y el derecho a la libre expresión [art. 20.1 a) CE] que también fue enfatizada, en su momento, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH caso Stankov, de 2 de octubre de 2001, § 85 y STEDH caso Rekvényi, de 20 de mayo de 1999, § 58, tal como recordamos en nuestra STC 195/2003, de 27 de octubre, FJ 3). El derecho de reunión se convierte, así, en uno de los ejes vertebradores (cauce del principio democrático participativo) del Estado social y democrático de Derecho proclamado en la Constitución…”.

En consecuencia, los liberticidas del gobierno de Sánchez e Iglesias, cometerían un delito de prevaricación, en caso de suspender las manifestaciones solicitadas por VOX.

 

COLABORA CON NOSOTROS CON PAYPAL