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Hoy hemos podido ver a un Fernando Simón negándose a facilitar la identidad de las personas que integran el comité que va a decidir qué comunidad autónoma cambia de fase. Con estas palabras se ha manifestado el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias:

«No les voy a dar nombres de ninguna persona del equipo porque en todo este proceso que llevamos de varios meses las presiones que sufre cualquier persona de la que se da el nombre, por parte de la sociedad en general y de los medios de comunicación en particular, acaban haciendo muy difícil que pueda trabajar con la suficiente libertad».

Una decisión que incumple la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, concretamente su artículo 11, que literalmente dice:

«Las Administraciones sanitarias exigirán transparencia e imparcialidad a las organizaciones científicas y profesionales y a las personas expertas con quienes colaboren en las actuaciones de salud pública, incluidas las de formación e investigación, así como a las personas y organizaciones que reciban subvenciones o con las que celebren contratos, convenios, conciertos o cualquier clase de acuerdo.

A estos efectos, será pública la composición de los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública, los procedimientos de selección, la declaración de intereses de los intervinientes, así como los dictámenes y documentos relevantes, salvo las limitaciones previstas por la normativa vigente.

Se desarrollarán reglamentariamente los requisitos para la declaración de conflicto de intereses por parte de los expertos y representantes de las organizaciones científicas y profesionales que compongan los comités o grupos que evalúen acciones o realicen recomendaciones de salud pública».

Es decir, el Gobierno no está solo obligado a facilitar la identidad de las personas que participan en estas decisiones, sino que además de la composición del comité, también se ha de hacer público el procedimiento de selección de estas personas, la declaración de intereses de los miembros de la comisión y también los dictámenes y documentos relevantes.

Por lo tanto el señor Fernando Simón miente, una vez más. Penoso.

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