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“Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda” Martín Luther King. Pastor de la Iglesia Bautista (Atlanta, Georgia, 15 de enero de 1929 – Memphis, Tennessee, 4 de abril de 1968).

Como consecuencia de los cientos de consultas que están llegando a nuestro bufete Quercus&Superbia Jurídico, ([email protected]) desde que se ha promulgado este Real Decreto-ley, vamos a intentar glosarlas en este trabajo, dada similitud de las preguntas que nos efectúan.

Ignoramos el recorrido que puede tener un Real Decreto-ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19, dictado por este gobierno liberticida, el cual es a todas luces inconstitucional y nos lleva a abogados, procuradores y demás profesionales y funcionarios de la justicia ser invitados a comprobar cómo se destruye el Poder Judicial desde abajo, como nuevo objetivo político estratégico de Iglesias.

Sánchez y su jefe moral Iglesias, como profetas de la “Nueva Normalidad” (eufemismo que camufla la instauración del comunismo a España), con la excusa de evitar el colapso de la Administración de Justicia a causa de su paralización forzosa por la crisis del coronavirus, nos van a crear unos juzgados especiales que conozcan exclusivamente de los procedimientos asociados al COVID-19, con jueces nombrados por los Tribunales Superiores de Justicia.

Según el citado Decreto Ley, en su artículo 23, se dice literalmente que “se habilita al Ministerio de Justicia para que, oído el Consejo General del Poder Judicial, pueda anticipar la entrada en funcionamiento de los órganos judiciales correspondientes a la programación de 2020, pudiendo dedicarse todos o algunos de ellos con carácter exclusivo al conocimiento de procedimientos asociados al COVID-19”.

A estos juzgados se les asignarán jueces de adscripción territorial por designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia, podrán ejercer sus funciones jurisdiccionales, con carácter preferente, en órganos judiciales que conozcan de procedimientos asociados al COVID19 (Artículo 24 del citado Real Decreto-Ley)

Ante lo expuesto, se puede resumir lo antedicho en que cualquier demanda de reclamación en cualquier orden jurisdiccional, acabará en estos juzgados de nueva creación, saltándose el juez y al juzgado natural designado por la Constitución Española.

El proyecto totalitario de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, es voraz y sin límite. Puede acabar con cualquier Ley aprobada en el Parlamento, incluso con leyes orgánicas, sin pestañear y sin rubor alguno. Con un simple decreto, que no pasa ni por el Congreso de los Diputados, este gobierno puede derogar la Constitución Española.

 ¿Busca así el gobierno controlar su impunidad ante la avalancha de demandas que se le van a interponer?

Este decreto claramente anticonstitucional, que parece tendrá una vigencia de 3 meses desde que el estado de alarma sea suspendido, pretende modificar la Constitución, leyes con mayor rango e incluso la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En las disposiciones finales se produce la modificación de normas como:

Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia.

Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público.

Y de tapadillo y sin hacer mención alguna, modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, retorciendo el artículo 20, 26, 30 y ss y 84 de la LOPJ.

Además, por medio de este decreto-ley, este gobierno totalitario de ideología comunista, infringe al menos dos preceptos constitucionales: 

el artículo 117.3 de la Constitución Española y en relación con él, el art. 2.1 de la LOPJ, donde quedan suprimidos y prohibidos los tribunales especiales

y el artículo 81 de la Constitución Española, donde se define, qué son leyes orgánicas y cuál es su función dentro del ordenamiento, en lo relativo al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

 He de mencionar que, las leyes orgánicas para ser aprobadas, modificadas o derogadas de las leyes orgánicas, se necesita la mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

A todos nos caben dudas de que este decreto-ley (omito voluntariamente denominarlo Real Decreto-ley por respeto al jefe del Estado) sea ratificado en el congreso de los diputados por Vox, por el PNV incluso por ERC y, por puro sentido común, por el Partido Popular, aunque de este partido se puede esperar cualquier cosa, incluso que voten otra vez a favor de ratificar los decretos leyes de Sánchez e Iglesias, ya sea por la “unidad”, “por nuestra salud” o por la “democracia”.

Por medio de este decreto ley, los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos contra sentencias y demás resoluciones que, conforme a las leyes procesales, pongan fin al procedimiento y que sean notificadas durante la suspensión de plazos establecida en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como las que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento la suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual al previsto para la interposición del recurso en su correspondiente ley reguladora.

Los términos procesales y los plazos previstos en las leyes que han quedado suspendidos por aplicación de lo dispuesto en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquél en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.

Este decreto ley habilita, para todas las actuaciones judiciales, los días 11 a 31 de agosto de 2020, incluso para la celebración de juicios, con turnos de trabajo de mañana y tarde, vistas por vía telemática, y entre otras tantas medidas tan ajenas al citado decreto ley dictado para evitar el colapso de la justicia, como autorizar a los abogados a no llevar toga en los juicios.

Para tomar estas decisiones tan importantes para los profesionales de la justicia, el gobierno no ha tenido en cuenta ni las recomendaciones del Consejo General de la Abogacía Española, que rechaza abiertamente la habilitación del mes de agosto en los juzgados y tribunales. Este Consejo General, está integrado por los distintos Consejos Autonómicos, los 83 Colegios de Abogados de España y la Confederación Española de la Abogacía Joven, representados por los decanos y consejeros.

En el Pleno Extraordinario celebrado el día 26 de abril, el Consejo General de la Abogacía Española acordó: Manifestar y reiterar públicamente el rechazo y oposición de la Abogacía a las medidas contempladas en este decreto ley, por resultar ineficaces perjudicar a la buena marcha de la Administración de Justicia y que resultan lesivas para el ejercicio del derecho de defensa, ya que declarar hábil el mes de agosto, en todo o en parte, lejos de contribuir a normalizar la situación y agilizar los procedimientos va a suponer, sin duda, una mayor distorsión. Difícilmente se puede desarrollar una actividad normal si coincide con un periodo vacacional de jueces, magistrados, fiscales, letrados de la administración de justicia, funcionarios y resto de personal que, además, se extendería antes y después del mes de agosto.

Esta habilitación tendría en la práctica un efecto contraproducente, porque conllevaría la suspensión de numerosos actos procesales ante las dificultades de llevar a cabo actos de comunicación y la más que probable incomparecencia de justiciables, testigos, peritos, etc.

Para conseguir el efecto que se pretende, la Abogacía propone concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la Justicia en el mes de agosto, a salvo siempre de las actuaciones urgentes, de modo que pueda desarrollarse la actividad ordinaria a pleno rendimiento los meses de julio y septiembre.

Este gobierno dictatorial, desoyendo los consejos de los que trabajan a diario en los juzgados y tribunales y defienden los derechos y libertades de los españoles, ha dictado otro decreto ley, que lejos de solucionar algún problema de la justicia, complicará aún más el caótico estado de la misma.

En el bufete Quercus&Superbia Jurídico, estamos al servicio de nuestros clientes y de cualquier autónomo o empresario, para resolver sus preguntas sobre el contenido de este artículo y disponible todos los días del año, con sus abogados especialistas en derecho mercantil, para aclarar cuantas dudas tengan sobre el contenido y aplicación de estos Reales Decretos-ley, contactando con: [email protected] , o en nuestras webs: QUERCUSJURIDICO y SUPERBIAJURIDICO.

 

4 Comentarios

  1. * ¿Y a qué espera VOX, CON SUS 52 DIPUTADOS, PARA INTERPONER RECURSO DE INCONSTITUCIONAL CONTRA ESTA DICTADURA JURÍDICA…?
    * Y digo VOX, no el PP, pues del PP hace ya tiempo que muchos millones de españoles no esperamos nada.
    Nada de nada.

  2. Estos sinvergüenzas llegaron a la política para destruir España,al Coletas ya todos conocíamos y del Felón,no se puede esperar nada,lo echaron del partido y volvió bien nutrido,alguien que quería destruir España lo financió,tal vez el mismo que financió o financia a los golpistas catalanes,a estos desgraciados solo se les puede echar por la fuerza,

  3. ES IMPOSIBLE IMPRIMIR ESTE ESTUPENDO ARTÍCULO, por lo menos en mi ordenador, y supongo que en cualquier otro…
    ¿Hay algún fallo al subirlo a la Web…?
    Ruego lo revisen, e informen en su caso, de posibles fallos o errores.
    Gracias anticipadas.

  4. Como muy bien dice el articulista, del PP NO PODEMOS ESPERAR NADA.
    Es más, es muy posible que apoyen a la PSOE y a UNIDAS PODEMOS JODEROS. (Y, de hecho, ya lo están haciendo).

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