José de Blas
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La aplicación de los ERTE, la necesidad de aplicar planes de choque para contrarrestar la gran subida del paro generada por la Pandemia, la calificación de los trabajos considerados como esenciales y otros aspectos relacionados con la economía laboral, son alguno de los temas que abordaremos hoy en El Diestro, con José de Blas Presidente de Honor del Consejo General de los Graduados Sociales en España, presidente en Andalucía y ex Senador por la provincia de Cádiz en el PP.

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Sr. de Blas, estamos en situación de una economía paralizada, lo que hace que la parte laboral, se vea completamente afectada. Se están presentando ERTES y a la vez ejerciendo lo que se conoce como trabajos esenciales. ¿Qué me puede decir a lo denominado como trabajo esencial y los ERTES, que, por otra parte, están teniendo importantes dificultades para ser aprobados?

Creo que el gobierno ha improvisado de manera terrible, todo esto, porque no se han hecho las cosas bien, por desconocimiento de que hay muchas materias legislativas que están transferidas a las comunidades autónomas, están suponiendo importantes problemas a los operadores del mundo del trabajo. Esta improvisación, da la facultad a las empresas que están catalogadas como esenciales para hacer un ERTE, pero siendo competencia que debe ser la comunidad autónoma, quien los resuelva. No se está teniendo en cuenta lo que es fuerza mayor, dependiente del gobierno central como pasaría en lugares como Ceuta, o en aquellas que tienen una Consejería, que es en sí misma, la autoridad laboral. Lo que hace que la disparidad a la hora de conceder los ERTES, no sean las mismas, lo que hace que empresas globalizadas en todo el territorio nacional, se enfrenten a distintas legislaciones.

A la hora de aplicar los ERTE, se están denegando los mismos porque sus peticionarios cobran alguna cantidad asistencial desde el Estado. ¿Es un error a la hora de plantear el decreto elaborado por el gobierno?

Sí, porque no se ha pensado que actividad puede plantearlos y que actividad no puede. El tener una prestación pública, ya hace incompatible que nadie se pueda acoger a un ERTE, o en el caso de que estén desempeñando dos trabajos. El caso de la abogacía, teniendo en cuenta que muchos están inscritos en una mutualidad privada, lo que hace que, al cesar los juzgados, no tienen derecho a prestación, mientras que los que están en la actividad privada, si demuestran que, en 15 días anteriores, han disminuido sus ingresos, si pueden acogerse, pero, ¿cómo se demuestra esa obligatoriedad?

En el gobierno, hay partidos que denostan la Reforma Laboral llevada a cabo por Rajoy Y Fátima Báñez, la están aplicando. ¿No es una contradicción total?

Totalmente, aunque si la reforma laboral que hicieron Rajoy y Fátima Báñez, no llega a estar en vigor, no se podría hacer nada de lo que se ha hecho, dado que se han basado en la reforma laboral del 12. No quieren decir ni reconocer que aquello, estaba bien hecho, echando la culpa a los anteriores, pero demuestran que son unos ignorantes, porque de lo contrario, la legislación laboral necesaria, sería una jungla.

Terminado el confinamiento, se deberán empezar planes de choque para el resurgimiento laboral de España. ¿Qué medidas piensa que se deberían adoptar? Bonificaciones, incentivos a las empresas, ¿qué plan de choque se debe hacer?

Todas las administraciones, deben ir a favor de las pymes, micro pymes, autónomos y empresas pequeñas, ya que suponen el 80% del tenido económico de este país. ¿Cómo?

Exonerando cuotas, el IVA aplazado, rebajar las cuotas de la Seguridad Social durante unos cuantos meses, pero todo de una manera consensuada y estimulando el empleo. En 1984, había un decreto 1989/84, estando Almunia de Ministro de trabajo, en donde creó un decreto de temporalidad, que hacía que se podía trabajar un trabajador en periodos de seis meses, hasta finalizar por uno de cuatro años. De hecho, hay muchas plantillas en España, que proceden de ese decreto, que creó dos millones de puestos de trabajo. Si ponemos el ojo en Europa y siendo más fácil divorciarse que echar un trabajador. Si un empresario, no puede pagar a un trabajador por falta de consumo, terminará cerrando la persiana a los dos meses.

Se están planteando unos “Pactos de la Moncloa”. ¿Qué deberían decir estos pactos desde el punto de vista laboral y hasta qué punto se deben aplicar desde la reforma laboral, pero con la intervención de sindicatos o sin ellos?

Sin sindicatos, porque habría que poner sobre la mesa, la situación de la cuantía de liberados, que no han ido a trabajar, cuando han estado parados sin hacer nada, antes y ahora. Hay que hacer unos pactos nuevos, con todas las fuerzas políticas, que lleguen a acuerdos, pero elaborando las normas, mediante comisiones de técnicos, pero sin amenazas veladas en la televisión y sin que se lean la letra pequeña, lo que resulta un galimatías. Los profesionales, no pueden dar abasto para resolver estas situaciones hechas por los políticos, pero necesitan aval de quienes conocemos el tema legislativamente.

Centrándonos en los autónomos, son los grandes perjudicados. ¿Qué se le puede decir a este sector que, sin tener capital circulante, puede verse obligado a cerrar la persiana porque la situación le ahoga?

El autónomo, es el sector al que mejor hay que cuidar de todos, porque además lo son muchos profesionales que trabajan sin fecha y sin horario, dándole facilidades tanto desde la administración como desde los ayuntamientos, para hacer que salgan adelante. Son los más prudentes, los más abnegados y los que de verdad, son los que pueden sacar España adelante, pero se les está maltratando de una forma incomprensible.

Se habla desde el gobierno de la aplicación de un salario social o de una renta básica para los trabajadores. ¿Realmente es viable una media de este tipo, teniendo en cuenta la situación financiera de España?

Es un brindis al sol, porque desgraciadamente, en España, no tenemos dinero para pagar eso. La picaresca está muy desarrollada y habrá que buscar el número de trabajadores que trabajan para pagar ese tipo de salario. Existe un mal ejemplo que conocemos todos, como es el PER en Andalucía y Extremadura, haciendo que la gente, no quiera trabajar. Los técnicos deberán estudiar a quienes debe corresponder estas prestaciones, pero extremadamente reguladas.

En España, hay un paro estructural que afecta a unos dos millones de personas, además de una importante economía sumergida. ¿Es este el momento adecuado para hacer emerger lo sumergido y cambiar la estructura laboral, para que la creación de puestos de trabajo, se realice desde la efectividad?

Es el momento, porque estamos en un momento del antes y después, tanto en la economía sumergida, como desde otros aspectos, para que todos paguemos por igual, tengamos los mismos derechos y no dependamos del altavoz de lo que un partido quiera regalar, llevándonos a situaciones indeseadas de carácter bolivariano.

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