Jorge Martínez y Eduardo Rodríguez de Brujón (Quercus Superbia Jurídico)

Para cualquier tipo de consulta sobre este u otros asuntos legales envíenos un correo a [email protected] y el equipo de abogados de Quercus&Superbia Jurídico se pondrá en contacto con ustedes.

Como consecuencia de las limitaciones impuestas por el decreto dictado por el Gobierno de la Nación, que afecta a la actividad económica de nuestra patria, excepto a sectores estratégicos para la supervivencia de la población española (incluidas peluquerías), y todas aquellas restricciones para la movilidad de personas y mercancías que puedan seguir produciéndose tras la entrada en vigor de nuevas ampliaciones a este decreto susceptibles de ser promulgadas esta semana entrante, los clientes de Quercus&Superbía Jurídico han realizado múltiples consultas, tanto telefónicas como por medios telemáticos sobre las consecuencias en sus empresas y en sus actividades profesionales como autónomos y sobre todo sobre sus compromisos con sus acreedores, bancos y empleados.

Nuestro despacho ha recibido muchas preguntas de sus clientes, pero especialmente referidas a: ¿Qué ocurre con los contratos públicos o privados que tienen firmados? ¿Qué hacen con sus empleados, a los cuales no pueden pagar ante la falta de ingresos derivados de su actividad mercantil? ¿Cómo pueden hacer comprender a los bancos acreedores de las hipotecas que gravan sus viviendas y los locales donde radican sus empresas, que no pueden pagar sus obligaciones contractuales en los próximos meses y tal vez años? ¿Cómo van a pagar lo padres o madres divorciados sus pensiones compensatorias o de alimentos? 

Y todo ello como consecuencia de la pandemia del coronavirus Covid-19, y de la incompetencia del gobierno que ocultó la gravedad de la infección con el único objetivo de corresponder a sus socios comunistas para que pudieran celebrar una manifestación de “feminazis” donde entre uno de sus lemas estaba el de “el machismo mata más que el coronavirus”.

Pasada una semana después de que se celebrara esa macabra manifestación de futuras contaminadas de coronavirus, el nombrado virus ha matado a más de 292 personas a la hora de escribir este artículo de prensa, hay más de 8.000 infectados e infectadas (hoy si que aplico el lenguaje inclusivo) y no parece que haya modo de parar tal contaminación, faltando el pico de afectados consecuencia de las citadas manifestaciones feministas de corte comunista.

Desde esta tribuna, hemos de decir a los miles de empresarios y autónomos afectados por esta locura producida por la incompetencia del Estado gobernado por comunistas, incompetentes y separatistas (todos enemigos de España), que les vamos a defender y vamos a invocar la fuerza mayor para poder dejar de pagar las obligaciones que como buenos empresarios y padres de familias habías contraído, alegando el estado de alarma decretado por el Gobierno a causa del coronavirus, como causa de fuerza mayor que impide cumplir esas obligaciones contractuales.

Ante esta situación, desde Quercus&Superbia Jurídico recomendamos a nuestros clientes empresariales tratar de llegar a acuerdos de “buena fe” con los bancos y acreedores, incluido Seguridad Social y Hacienda Pública, para evitar la litigiosidad. 

Los acreedores saben y han de conocer que los juzgados no tienen actividad procesal y, sobre todo, los padres y madres divorciados, se ven imposibilitados de pagar las pensiones compensatorias a las cuales han sido condenados a pagar por los juzgados y todo ello ante una causa de fuerza mayor sobrevenida.

 Hemos de saber que en el Código Civil y en muchas cláusulas de los contratos celebrados entre particulares y empresas, la legislación y la jurisprudencia señalan que sucesos imprevisibles e inevitables suponen una alteración sustancial de las condiciones iniciales en que se firmó el contrato, es decir “clausulas rebus sic stantibus” que modifican el contenido del propio contrato a causa de la epidemia mundial del Covid-19.

El Tribunal Supremo ha venido considerando como causa de fuerza mayor, que permitiría dejar en suspenso esa obligación contractual eximiendo de la responsabilidad por incumplimiento, situaciones iguales a la pandemia del coronavirus.

El Tribunal Supremo no se ha pronunciado por ninguna doctrina diferenciadora entre caso fortuito y fuerza mayor, pero ha expuesto dos de ellas como posibles. La primera postura aporta que el caso fortuito será lo imprevisible y la fuerza mayor lo inevitable. La segunda postura doctrinal argumenta que el caso fortuito opera en la esfera interna y la fuerza mayor en la esfera externa del círculo afectado por la obligación (SSTS 2-1- 1945 y 30-9- 1983).  La Sentencia del Tribunal Supremo Sala Civil de 31-05-2006 es paradigmática en este sentido, cuando razona que por caso fortuito se entiende todo suceso imposible de prever, o que, previsto, sea inevitable y, por tanto, realizado sin culpa alguna del agente, de manera que el vínculo de causalidad se produce entre el acontecimiento y el daño, sin que en él intervenga como factor apreciable la actividad dolosa o culposa del agente. 

Así, para que tal suceso origine exención de responsabilidad es necesario que sea imprevisible e inevitable, y cuando el acaecimiento dañoso fue debido al incumplimiento del deber relevante de previsibilidad, no puede darse la situación de caso fortuito, debido a que con ese actuar falta la adecuada diligencia por omisión de atención y cuidado requerido con arreglo a las circunstancias del caso, denotando una conducta interferente frente al deber de prudencia y cautela exigibles, que como de tal índole es excluyente de la situación de excepción que establece el indicado Art. 1105 ,Código Civil, al implicar la no situación de imprevisibilidad, insufribilidad e irresistibilidad requeridas al efecto. 

Cuando aborda la fuerza mayor la Sentencia del Tribunal Supremo Sala Civil de 21-03-2013, concreta y conceptúa la fuerza mayor como un “hecho jurídico que dimana de la naturaleza, o de una persona que actúa imponiendo la fuerza o violencia para impedir el desarrollo natural de los acontecimientos”.

Quercus&Superbia Jurídico ofrecen a todos los lectores y clientes de este diario, su atención y asesoría gratuita para atender todas las consultas que se produzcan en defensa de los empresarios, autónomos y padres españoles afectados por esta tragedia mundial.

Desde el Consejo General de la Abogacía de España, con carácter general, se está recomendando acudir a la mediación para reducir la litigiosidad. Hay que tratar de alcanzar soluciones razonadas y razonables acordes con la gravedad de las situaciones.