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En nuestro anterior artículo, explicábamos -al menos lo intentamos- cómo debían actuar los padres separados durante el estado de alarma, ya que el Gobierno los había olvidado en la regulación de los supuestos especiales para desplazarse recogidos en el art. 7 RD 463/2020, posteriormente corregido y enmendado por el RD 465/2020 dos días después. Era imposible dar un consejo concreto, ya que como abogado la toga pesa mucho y no quedaba otra que cumplir con las resoluciones judiciales y, por otra, la cualidad de ciudadano invitaba -y sigue invitando- a quedarse en casa.

Pero hoy viernes hemos tenido una nueva vuelta de rosca y no para bien. La Comisión Permanente del CGPJ, reunida en sesión extraordinaria, ha resuelto que cada juez habrá de aplicar su propio criterio para decidir sobre “la suspensión, alteración o modulación del régimen de custodia, visitas y estancias acordado en los procedimientos de familia cuando lo dispuesto en decreto de alarma afecte directa o indirectamente a la forma y medio con arreglo a los cuales se llevan a la práctica las medidas acordada”. Esto es, si ya había confusión ante a deficiente regulación del Ejecutivo, nada aporta el CGPJ en la resolución de un problema que, visto lo visto, va para largo y en el cual el sistema judicial está paralizado.

No queda ahí la cosa, aún puede complicarse más vistas las líneas del CGPJ. Recoge también el acuerdo de la Comisión Disciplinaria que “lo anterior no es obstáculo a la eventual adopción de acuerdos en las juntas sectoriales de los Juzgados de Familia con objeto de unificar criterios y de establecer pautas de actuación conjunta en orden a satisfacer las finalidades de protección a que está orientado el decreto de alarma”. Esto es, puede darse el caso de que un juez de un determinado partido judicial resuelva en un sentido y que la junta sectorial de su partido judicial resuelva, días después, en sentido contrario. Un absoluto despropósito y una falta de seguridad jurídica mayúscula derivada, no nos cansaremos de decirlo, de una deficientísima regulación de estos supuesto por parte del Gobierno en el RD 463/2020.

Apelar al sentido común es, qué duda cabe, lo correcto -e imprescindible- en estos días. Pero, con franqueza, se ha vuelto a olvidar al colectivo de padres y madres separados una vez más, que suma a más de dos millones de españoles. A la desazón que causa el confinamiento hay que sumar la falta de seguridad respecto a lo que hacer con sus hijos -jurídicamente hablando- y, por descantado, dará lugar a situaciones de abuso de derecho en que uno de los progenitores decida “romper por lo sano” y no entregar a los hijos en contra de unos criterios judiciales que, hoy, no se sabe cuáles son y que, incluso difieren de un partido judicial a otro.

Estos barros serán los lodos de mañana. El vaticinio de una gran litigiosidad en Familia una vez pase el estado de alarma a cogiendo forma gracias a la deficiente regulación que nos han ofrecido, unos y otros, porque en una separación, “el sentido común es el menos común de los sentidos”.