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Tras las protestas de los autónomos, el Gobierno de Sánchez sigue sin querer oír sus reivindicaciones, primando el afán recaudatorio de un gobierno a la deriva, sobre los intereses de este importante sector de la economía española. El gobierno se ha convertido en un parásito para cada una de las familias españolas que sufren esta situación sin precedentes, y un obstáculo para cualquier iniciativa privada.

El Gobierno ha aprobado varias exenciones fiscales y prestaciones para los autónomos a causa del colapso de la economía por el COVID-19, aunque como es evidente para un gabinete incompetente, estas medidas no servirán para todos. En este paquete de medidas, para poder recibir la ayuda por cese de actividad y no pagar la cuota mensual por autónomo a la Tesorería General de la Seguridad Social, tendrán que haber paralizado su actividad o ingresar menos del 75% de lo que venían ingresando habitualmente.  Esta medida no contempla cómo se va a medir por parte de la administración, si la actividad a la cual se dedica un autónomo ha dejado de facturar un 75% o un 73% o un 40%

 ¿Va a quedar al arbitrio de un funcionario decidir si un autónomo tiene derecho a recibir la prestación o no?

Y si un autónomo ha facturado un 50 % menos de lo que facturaba habitualmente, ¿no puede cobrar la prestación? 

¿En qué fecha comienza el cálculo comparativo de la pérdida de facturación o ingresos? ¿Comparando interanualmente la facturación? ¿Comparando con el mes anterior?

Los autónomos que no hayan suspendido la actividad y no hayan podido demostrar que han perdido el 75% de la facturación, tendrán que seguir pagando impuestos y trabajando, por lo que esta medida, en vez de ayudar a que los autónomos no cierren sus negocios y despidan a sus trabajadores, va a provocar que muchos de ellos decidan cerrar sus negocios para cobrar la prestación, no pagar los impuestos y cuotas a la TGSS.

Nuevo éxito del Ejecutivo: promulgan medidas de incentivación, para presuntamente premiar a los autónomos que no cierren sus negocios y en vez de ayudarles a que sigan abiertos, les incentivan a cerrar, penalizando comparativamente a los que intenten seguir trabajando.

Eso sí, a todos los que decidan cerrar, la prestación de ayuda se les reconoce sin problema alguno y sobre todo, no importa la personalidad jurídica del empresario (es decir, si trabaja con una sociedad limitada o como persona física) y además se le exime de realizar los actos administrativos previos que ahora se le exigen para dar de baja su negocio, como es darse de baja previamente en Hacienda y en Seguridad Social. Los autónomos que se hayan dado de alta con el pago de la cuota llamada “tarifa plana” podrán solicitar la prestación por cese de actividad sin perder esa bonificación de “tarifa plana” cuando acabe el estado de alarma. 

Y por si faltara algo más para incentivar el cierre de empresas y el despido masivo de empleados a los administradores de las empresas no tendrán que cesar de su cargo, es decir, no tendrán que celebrar una junta extraordinaria de sus socios para comunicarles su cese y el cierre de la empresa por causas sobrevenidas. Se bendice el cierre patronal tan perseguido y denostado por los sindicatos de estirpe.

Todos aquellos autónomos que se den de baja en la actividad cobrarán el 70% de la base de cotización y será la entidad gestora quien se haga cargo de la cotización en la Seguridad Social del autónomo mientras perciba la prestación. Dicha prestación por cese de actividad ya se puede solicitar y se cobrará a mes vencido. Será de un mes prorrogable. Los autónomos deben solicitarla a su mutua, solo con una declaración jurada.

Por lo tanto, el autónomo seguirá cotizando los meses que ese encuentre dado de baja, manteniendo el alta en Seguridad Social. 

El ministro de Seguridad Social ha puntualizado que “… la prestación será de 661 euros, como mínimo, a lo que habría que restar la cuota mensual de autónomo.”

Perfecto, el Gobierno de España comandado por los comunistas, ha diseñado un plan que incentiva que las empresas se cierren, que los autónomos no produzcan y que se vayan a sus casas, y todo ello a cambio de crear legiones de subsidiados que van a depender del Estado.

¿No recuerda a alguien lo que esto significa?

Si queremos sacar adelante a nuestra economía, hemos de hacer todo lo contrario. Un gobierno que quiera que España no se pare, debe de hacer una moratoria de pago de todos los impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, tanto a empresas como a autónomos, mientras dure esta crisis, y que el dinero no sea recaudado por el Estado, sino que quede en manos de los ciudadanos, que ellos sí sabrán que hacer con él para salvar sus negocios y empresas.

A los empleados se les debe dejar de retener impuestos a cuenta del IRPF y seguridad social, que sus nóminas sean integras para que tengan más liquidez para consumir y con ello desincentivar la economía.

Los partidos políticos, patronales y sindicatos deben de dejar de cobrar cualquier subvención; los políticos donar sus sueldos a la Sanidad Pública mientras dure la crisis del coronavirus y suspender cualquier subvención a chiringuitos y fundaciones que no estén volcadas en la protección de la salud de nuestros hijos y mayores.

De las autonomías ya nos encargaremos unos meses después de terminar esta pandemia, ya que son responsables de una gran parte de los males de nuestra patria.

Están son las medidas económicas que hemos de solicitar autónomos y empresarios, empleados y funcionarios. Nos va España en ello.