El concepto Smart City ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario hace relativamente poco y todavía resulta complicado definirlo con precisión. Lo que está claro es que estas “ciudades inteligentes” son el punto de encuentro entre dos realidades muy presentes en el mundo actual: la urbanización y la conectividad. Más de la mitad de los que poblamos este planeta vivimos en ciudades o zonas urbanas, y la tendencia que nos impulsa en esta dirección no parece que vaya a revertirse, al menos en el corto-medio plazo. Por otro lado, la cantidad de dispositivos conectados a internet no deja de crecer, y lo hace de forma exponencial, entre otras cosas, debido a la irrupción del Internet de las Cosas, haciendo que cada vez sea más difícil imaginar un mundo desconectado de la red. 

Todos estos avances traen consigo multitud de ventajas y abren la posibilidad a modos de gestión urbana mucho más eficiente, ayudando a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, esta gigantesca interconectividad también trae consigo grandes retos relativos a la privacidad y a la seguridad, ya que la transición tecnológica lleva aparejada multitud de riesgos y amenazas que pueden poner en peligro valores esenciales para el sistema y para sus usuarios. 

Los sistemas de monitorización y control que, cada vez más, empiezan a formar parte de los ámbitos de gestión urbana, son capaces de recolectar grandes cantidades de información y permiten a las autoridades pertinentes automatizar o gestionar remotamente diversidad de tareas basándose en esa información contextual. A medida que estas tecnologías se asienten y su implantación crezca, mayor será la cantidad de información recolectada y las actividades que dependan de ellas y, con ello, la influencia que tengan sobre el conjunto del sistema. 

Viendo la dinámica actual, es previsible que las Smart Cities del futuro se sirvan de la conectividad para gestionar sistemas tan relevantes y diversos como: el control de los semáforos, el alumbrado público, la gestión de los residuos urbanos, o el suministro energético y de agua (muchos municipios y ciudades, de hecho, ya lo están haciendo). Si a esto le sumamos cosas como la creciente conectividad de cámaras de vigilancia o los futuros coches inteligentes, nos queda clara la importancia de contemplar la ciberseguridad como un elemento fundamental a tener en cuenta por parte de la administración. 

En el ámbito de la privacidad, las cosas podrían ponerse aún más feas si no se realiza la planificación adecuada y se ponen en marcha los sistemas de ciberseguridad correspondientes. La progresiva digitalización de la administración continuará aumentando la cantidad de datos personales e información sensible albergada en los servidores destinados a la gestión de los servicios públicos. La falta de previsión y protección en este sentido podría dar acceso a hackers y ciber-delincuentes a decenas de miles archivos privados con información médica, financiera, laboral o administrativa de decenas de miles de personas.  

A mayor dependencia tecnológica, mayor riesgo. Ya a día de hoy ha habido casos que han puesto sobre la mesa los desafíos a los que las próximas generaciones podrían enfrentarse. Situaciones como los ataques a las centrales eléctricas ucranianas, al sistema informático norteamericano Dallas Area Rapid Transit, o a la Agencia de Transporte Municipal de San Francisco en los últimos años, han puesto de manifiesto la capacidad de determinados actores de burlar los sistemas de seguridad de grandes plataformas y poner en jaque la privacidad y el funcionamiento, incluso, de servicios e infraestructuras clave.

Por todo ello, se hace esencial diseñar e incorporar opciones de protección de la seguridad y la privacidad más avanzadas a medida que los nuevos sistemas se van desarrollando e implantando. La gran complejidad de estos sistemas, la amplia extensión de los territorios en los que operan y el gran número de dispositivos y usuarios involucrados, trae consigo dificultades indudables a la hora de blindarnos frente a estas amenazas. Teniendo en cuenta que un internet 100% seguro es algo prácticamente inalcanzable, debemos, al menos, exigir la puesta en marcha de mecanismos (no solo tecnológicos, sino incluso jurídicos) que mitiguen eficazmente la incidencia de las amenazas y faciliten la persecución activa de sus perpetradores. 

Las amenazas no son solo para las ciudades en sí, sino que afectan de forma individual a cada uno de los ciudadanos, hay datos recolectados por las ciudades que ponen en peligro nuestra privacidad, y debemos ser conscientes de que, aunque exijamos medidas de seguridad a los equipos de las ciudades, también debemos preocuparnos por la seguridad individual de nuestros dispositivos, y, si queremos reducir nuestra huella de datos, utilizar servidores VPN para encriptar nuestras comunicaciones y evitar que posibles problemas de seguridad en las plataformas afecten a nuestros dispositivos.