Ignacio Vargas, secretario general DCID

SÍGUENOS EN FACEBOOK

SÍGUENOS EN WHATS APP

SÍGUENOS EN TELEGRAM

En las pasadas elecciones generales del 10 de noviembre concurrieron una serie de extrañas circunstancias que pone en serias dudas tanto la limpieza de esas elecciones, al no haberse realizado un recuento electoral tal y como marca la ley, como la propia organización y convocatoria de las mismas.

El partido DERECHO CIUDADANO A DECIDIR (DCID) ha denunciado a través de su secretario nacional, Ignacio Vargas, un posible fraude de ley en la concesión a la empresa INDRA del recuento electoral de esas elecciones. El pasado 26 de septiembre de 2019 se publicó una resolución de la Dirección General de Política Interior declarando “de emergencia la contratación de los servicios para la difusión del escrutinio provisional de resultados, con motivo de las elecciones a Cortes Generales celebradas el 10 de noviembre de 2019, por importe de 7.217.081,30 euros (IVA incluido) con cargo a la siguiente aplicación presupuestaria 1601 924M 22705“. 

Curiosamente esa resolución se hizo con carácter de “emergencia”, algo que solo se utiliza para situaciones provocadas por accidentes y catástrofes naturales. Pero lo más llamativo es que esa propuesta fue elevada al Consejo de Ministros en fecha 22 de noviembre de 2019 y aprobada por éste el siguiente día 29, es decir, después de celebrarse las elecciones generales.

En un documento al que hemos tenido acceso, DCID denuncia estos graves hechos ante la administración y recurre “contra al acto administrativo de adjudicación a INDRA del tratamiento informático para el escrutinio provisional de las Elecciones Generales celebradas el 10 de noviembre de 2019 y, en virtud de los HECHOS y FUNDAMENTOS DE DERECHO desarrollados en los cuerpos del Recurso y de esta Ampliación, declare la nulidad radical del acto administrativo de adjudicación a INDRA de los servicios para la difusión del escrutinio provisional de resultados y, en consecuencia, dado que ya no cabe proceder a la convocatoria de concurso, ni siquiera por el procedimiento de urgencia, tal como se solicitaba en el inicial escrito de Recurso, se declare también la nulidad de todos los actos derivados del escrutinio provisional realizado por INDRA (Proclamación de electos, constitución del Parlamento, investidura del candidato a la Presidencia del Gobierno, toma de posesión del presidente, nombramiento y toma de posesión de los ministros, y cuantos otros actos se hayan derivado de los anteriores), habida cuenta que todos ellos se han llevado a cabo atendiendo solo a los resultados provisionales del escrutinio facilitados por dicha empresa, ante el hecho ya denunciado de no haberse llevado a debido efecto, por parte de las Juntas Electorales Provinciales, el Escrutinio General a que obligan los artículos 103 a 108, ambos inclusive, de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG).

En el día de ayer, el programa de Youtube LIBRES 2.0 entrevistaba a Ignacio Vargas y José Roberto Roca, secretario general y presidente de DCID, quienes explicaban los pormenores de estos hechos y las futuras medidas a tomar ante la respuesta que puedan recibir de la administración al recurso presentado.

Cada noticia que vamos conociendo de las circunstancias que han rodeado a la convocatoria electoral del pasado 10 de noviembre es peor que la anterior. Parece que el caudillo Sánchez campa a sus anchas por la administración pública haciendo lo que quiere, cuando quiere y sin dar ninguna explicación.