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Apenas tres horas después del asesinato de Bejamín Fernández, el cuerpo del guardia civil José Fragoso Martín fue encontrado en su coche con un disparo en la cabeza. El atentado se produjo sobre las 19:00 horas cuando José paró su automóvil, un Seat 127, cerca de su domicilio situado en un bloque aislado del barrio de Larzábal en Oyarzun. En ese momento, varios terroristas se aproximaron y le dispararon a través de la ventanilla del vehículo, alcanzándole en la nuca y causándole la muerte en el acto. En las inmediaciones fueron encontrados tres casquillos de bala. El atentado lo cometió, al parecer, el mismo grupo Donosti que había asesinado a Benjamín Fernández tres horas antes. Sin embargo, Jesús María Zabarte Arregui no ha reconocido este asesinato.

José Fragoso Martín había nacido en la localidad de Larache (Marruecos). Ingresó en la Guardia Civil en 1975 y, en el momento de su asesinato, estaba destinado en el Servicio Fiscal del Puerto de Pasajes. Tenía 35 años, estaba casado y dejaba huérfanos a cuatro niños.

El Gobierno autónomo vasco condenó los dos atentados y denunció “la descarada provocación que buscan los autores de estos crímenes”. En una nota hecha pública a última hora de la tarde del miércoles 16 de febrero, el Gobierno vasco indicaba que ha conocido “con indignación y amargura” los dos atentados, “que han costado de nuevos dos vidas humanas, causando dolor irreparable en los allegados de las víctimas”. En un comunicado difundido a media tarde, el Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) calificó a los autores de los atentados de “vulgares asesinos que, alegando ser defensores del pueblo vasco únicamente buscan la desestabilización de la democracia”. Por su parte, UCD manifestó que los atentados cometidos en San Sebastián y Oyarzun son un nuevo elemento de la “marea de sangre que tanto repugna a la mayoría de los vascos”, y señaló que la violencia se dirige, en primer lugar, contra el País Vasco y sus ciudadanos. Por último, el Partido Comunista de Euskadi señaló en otro comunicado de condena que “las fuerzas políticas vascas, el Gobierno vasco y su Parlamento, deben contestar como se merece a quienes persisten en actividades provocativas y terroristas”.

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