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Siete horas después del atentado de Granada, a las 14:30 horas de ese 10 de febrero de 1997, era asesinado en Madrid el magistrado de lo Social del Tribunal Supremo RAFAEL MARTÍNEZ EMPERADOR

El atentado se produjo poco después de que Rafael se hubiera apeado de su coche oficial en la esquina de la calle de Narváez con la de Menorca. Tras decirle a su chófer que iba a recoger unos documentos, caminó unos metros hasta llegar al portal de su domicilio. Un pistolero de ETA se acercó a él cuando llamaba al timbre del portal de su casa y le disparó un tiro en la cabeza.

El magistrado había ido a su casa para recoger los folios de una conferencia que iba a impartir en la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona, en donde tenía previsto asistir el mismo lunes 10 por la tarde a un curso sobre Actualización de Jurisprudencia Laboral. La Universidad decidió mantener el acto académico y convertirlo en un homenaje al magistrado asesinado.

Martínez Emperador fue trasladado al Hospital Gregorio Marañón, situado a tan sólo unos doscientos metros de su vivienda. Ingresó cadáver sobre las tres de la tarde como consecuencia de una herida por arma de fuego, con orificio de entrada “a nivel de la región occipital izquierda y orificio de salida por la región frontoparietal derecha”, según el parte médico. Al hospital acudieron minutos después el vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos; el presidente del Tribunal Constitucional, Álvaro Rodríguez Bereijo; el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Javier Delgado, y el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, así como decenas de compañeros de la víctima.

Como declaró el presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger, el asesinato del magistrado, que no tenía escolta, supone “un brutal intento de amedrentamiento al Poder Judicial para que no cumpla su función”.

El secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí Fluxá, declaró tras el asesinato que varios testigos habían reconocido fotográficamente al terrorista Jon Bienzobas Arrexte, alias Karaka, que asesinó al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996. Sin embargo, Bienzobas no fue juzgado por el asesinato del magistrado Martínez Emperador.

Sí lo fue el etarra Javier Abaunza Martínez, imputado por este asesinato en 2007. Abaunza Martínez había sido detenido en Francia en mayo de 2002 y condenado por la justicia gala a dos penas, una de doce años de cárcel por amenazas de muerte, robo, tenencia y transporte de armas y asociación de malhechores, y otra de catorce por ser responsable del aparato de adiestramiento de los miembros de ETA. El 12 de septiembre de 2007 fue entregado temporalmente a las autoridades españolas para que fuese juzgado en la Audiencia Nacional por el asesinato de Rafael Martínez Emperador, por organizar una red de pisos en Madrid en los que ETA ocultaba armamento y por reclutar a un implicado en el asesinato de un ertzaina en 1997. En julio de 2009 la Audiencia Nacional lo condenó a 35 años de cárcel como autor del asesinato a tiros del magistrado del Tribunal Supremo pese a no quedar acreditado si fue él o el otro terrorista que lo acompañaba quien disparó. Para la Sala carece de relevancia que “uno sea el que dispare y el otro el que acompañe, vigile o colabore”. Lo que sí quedó probado en la sentencia es que fue Abaunza el que, sobre las 14:35 horas, abordó a Martínez Emperador “en el momento en que iba abrir la puerta de acceso al portal” de su casa en la calle de Menorca de Madrid. El arma empleada en este atentado, reivindicado el 3 de abril de 1997 en el diario Egin, fue incautada posteriormente al etarra Aitzol Gogorza, detenido en Francia el 16 de diciembre de 1999. Según fuentes del Ministerio de Interior, Javier Abaunza también participó en el asesinato del teniente coronel Jesús Cuesta Abril.

Rafael Martínez Emperador, de 68 años, estaba casado y tenía tres hijos. Inició en 1954 su carrera como juez, dedicada preferentemente a la jurisdicción laboral. Fue asesinado precisamente el día en que cumplía nueve años en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. En los años setenta tuvo un paréntesis en su actividad judicial. En 1970 fue designado subdelegado general del Instituto Nacional de Previsión, en 1973 director general de Trabajo, en 1975 director general de la Seguridad Social y en 1976 director general de la Jurisdicción del Trabajo. En 1980 fue elegido vocal del primer Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cargo que ocupó hasta 1985. Regresó a la jurisdicción laboral y en 1988 fue designado por el CGPJ magistrado de la Sala de lo Social del Supremo.

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