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La situación política que vive Cataluña da para mucho, pero todo tiene un límite y, salvo que se trate de un loco, es difícil que un funcionario se arriesgue a poner en juego su puesto de trabajo por firmar una transferencia, en concepto de nómina, de una persona inhabilitada.

Porque el señor Quim Torra, al haber sido apartado de su condición de diputado, por sentencia, no puede ejercer como Presidente de la Generalidad y, por lo tanto, no puede percibir retribución alguna ni por diputado ni por presidente.

Y el funcionario que firme esa nómina o el que dé orden de transferencia por esos conceptos se puede estar jugando el puesto. Y los partidos políticos constitucionalistas deberían estar vigilantes, por si eso se produce. Que se producirá.

Y como existen mecanismos sencillos para evitar que Quim Torra siga cobrando unos sueldos que no le corresponden, se debería denunciar esta posibilidad para que se evite y para que ningún funcionario tramite o firme la nómina de una persona inhabilitada. Así de sencillo y así de simple.

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