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Está siendo demasiado habitual últimamente que las redes sociales más populares, Twitter y Facebook, boqueen cuentas de usuarios cuya ideología esté muy alejada de la ideología progre dominante en España o que, simplemente, sea crítica con el gobierno o con los partidos que están actualmente en el poder. Sobre todo desde que Pedro Sánchez se hizo con la presidencia del gobierno.

Un acto así no solo vulnera el derecho a la libertad de expresión y de opinión, vulnera también un contrato firmado entre cualquiera de estas redes sociales y sus usuarios puesto que, mientras las políticas impuestas por las redes sociales para su uso no sean vulneradas, el contrato firmado debe ser cumplido por ambas partes. De hecho, algunos de los incumplimientos de ese contrato por parte de las redes sociales se hacen, o con bloqueos cobardes en los que el usuario no es informado del bloqueo o se achaca a problemas técnicos, o silenciando su cuenta sin ser informado. Es decir, sin que haya ninguna comunicación escrita por parte de esa red social.

Vox lleva unos días sin poder usar su cuenta oficial de Twitter debido a un bloqueo. Twitter justifica ese bloqueo con un supuesto mensaje de odio por parte de Vox. Ese mensaje, además de no ser de ocio, no es más que una respuesta a un tuit de Adriana Lastra. Lastre sigue con su cuenta tan pancha, Vox no.

En el día de ayer, Santiago Abascal informó a través de su cuenta personal que han remitido un burofax a Twitter para que la cuenta les sea devuelta. De lo contrario amenazan a esta red social con llevarles a los tribunales. Muchos de los usuarios a los que cualquiera de las redes sociales han bloqueado recientemente podrían encontrar de utilidad este burofax para denunciar su caso particular, modificando tan solo algún apartado.

 

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