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“El Gobierno y la izquierda están aterrorizados porque el PIN Parental puede implantarse en los centros educativos de varias comunidades autónomas en los próximos meses”. De esta forma valora el presidente de HazteOir.org, Ignacio Arsuaga, el masivo apoyo ciudadano (101.909 firmas a día de hoy, 21 de enero a las 7, 29 h) obtenido por la campaña ‘Frente a los totalitarios, libertad: ¡PIN Parental YA!’ en sólo cuatro días.

“Hay comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y Vox, como Madrid, donde la presidenta, Isabel Díaz Ayuso niega que exista adoctrinamiento en sus colegios e institutos. Les invitamos a que echen un vistazo a los casos que tenemos recogidos en la sección de Madrid (al menos 52 publicados)”, asegura Arsuaga.

“Pero es que además, en regiones como la madrileña, la Ley LGTBI incluye un capítulo educativo que obliga a introducir contenidos de ideología de género impartidos por asociaciones subvencionadas por el Gobierno del Partido Popular, como COGAM o Arcópoli. Sus activistas, ajenos a la comunidad escolar, se introducen en las aulas y realizan talleres con niños o les imparten charlas sin conocimiento previo ni autorización de los padres”, detalla el presidente de HazteOir.org.

En ese sentido, la petición ciudadana puesta en marcha este viernes por HazteOir.org recuerda a los tres líderes políticos a los que va dirigida (Pablo Casado, del Partido Popular; Santiago Abascal, de Vox; e Inés Arrimadas, de Ciudadanos) que “el PIN parental es una herramienta que evita que los niños sean adoctrinados en actividades extraescolares sin el consentimiento paterno. Como sabrán, la Constitución -en el artículo 27.3- blinda el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores y convicciones. Algo que se viola de manera general desde hace años”.

“El PIN Parental no se dirige a los profesores que imparten su asignatura, (cuyo programa es público, así como la identidad del docente que la enseña) con rigor profesional y cualificación pedagógica acreditada. Pero si solicitamos a los directores de centros educativos que se nieguen a dejar entrar en los colegios e institutos a personas ajenas al centro a impartir contenidos afectivo-sexuales de corte ideológico sin conocimiento ni autorización de las familias. Sólo pedimos que los padres estén enterados y puedan decidir qué contenidos van a recibir sus hijos”, concluye Arsuaga.

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Artículo original de ‘Actuall’

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