Después de unas elecciones y ante la conformación de un nuevo Gobierno es lógico que la alegría vaya por barrios, de manera que las huestes del partido mayoritario se sentirán tan satisfechas como desoladas las del partido que quede para liderar la oposición. Esta máxima evidente en un sistema democrático se incumple ante la próxima investidura de Pedro Sánchez, cuyos hitos como el peor presidente de la reciente historia democrática española se van acumulando en número imposible de haber sido previsto tiempo atrás. Aún no ha producido la votación para que Sánchez vuelva a ser presidente del Gobierno por mayoría simple y sus intenciones, plasmadas en el documento firmado con Pablo Iglesias, han sido contestadas, o al menos han levantado recelos, en amplios sectores de la sociedad generalmente apartidistas, sin contar con las instituciones del Estado que han sido pisoteadas por los ‘amigos Picapiedra’.
En los últimos 40 años no se ha conocido un perjuicio al prestigio de España similar al del descrédito que está provocando en la justicia el Ejecutivo en funciones, cuyos postulados están siendo revolcados en instancias europeas mientras Sánchez y sus ministros guardan silencio para no poner dificultades a la investidura. Para contar con el favor de los independentistas catalanes, el destructor candidato a la reelección no ha dudado en utilizar a la Abogacía del Estado, provocando incluso una crisis en su seno por la negativa de algunos de sus miembros a claudicar ante las presiones del Ejecutivo para allanar el camino de salida de la cárcel al golpista líder de ERC, Oriol Junqueras. Este ignominioso uso de la Abogacía del Estado es similar al protagonizado con la Embajada de España en Bolivia para ayudar a escapar de su país a políticos afines al derrocado Evo Morales con los que Podemos tiene oscuras conexiones que podrían quedar al descubierto. En ese afán por esconder los turbios negocios de destacados podemitas se ha utilizado además a agentes policiales que deberían estar al servicio del Estado y no a la órdenes de uno de los partidos que va a sustentar al próximo Gobierno, lo cual nos preludia hasta qué punto de indignidad se podrá llegar cuando desaparezca del Ejecutivo el apellido ‘en funciones’.
La capacidad de destrucción evidenciada con estos hechos es la que ha atemorizado a otros sectores sociales espantados ante la idea de que semejantes gobernantes vayan a dirigir sus destinos por la senda escrita en el documento que firmaron los amigos Picapiedra a escondidas de la prensa, protagonizando uno de los mayores episodios de cobardía política jamás conocido al impedir el acceso de los periodistas al salón en el que desarrollaban su solemne acto. Aquellos que criticaban a Mariano Rajoy por ponerse detrás del plasma de la televisión para no someterse a las preguntas de los medios de comunicación han cometido una atrocidad aún mayor al engañar a los periodistas para evitar su interrogatorio. Quizá ninguno de los dos estaba en condiciones de responder con la verdad sobre la consulta soberanista que tienen ideada para Cataluña, sobre las selecciones deportivas prometidas a los nacionalistas vascos o sobre la intención de dejar a Navarra sin la presencia de la Guardia Civil.
Tamaña insensatez ha provocado otro hecho inaudito en la reciente historia política de España, durante la cual difícilmente se ha escuchado a asociaciones de guardias civiles pronunciarse a priori sobre la proclamación del Gobierno al que deben obediencia. Los Picapiedra, sin embargo, pueden presumir ya de haberse ganado la animadversión de unos de sus cuerpos de servidores sin ni siquiera haber empezado a ejercer sus funciones, generando el mismo rechazo en un sector tan sensible a los cambios como el empresarial. En la misma tarde en la que se dio a conocer el acuerdo programático de Pedro y Pablo, los empresarios españoles levantaron aterrorizados su voz ante los efectos que puede generar su política económica y los dislates que tienen preparados precisamente en un año ya de por si complejo como va a ser este 2020. La primera prueba de fuego estará en los Presupuestos Generales del Estado que vaya a preparar el nuevo Ejecutivo y la respuesta que pueda recibir por parte de una Unión Europea extremadamente celosa de todo lo que suene a aumento del gasto público y del endeudamiento. A los escasos de memoria se les recuerda que refresquen el concepto ‘prima de riesgo’.
Ni siquiera las instancias sociales más proclives a la conformación de eso que se quiere denominar falazmente ‘Gobierno progresista’ están realmente convencidas de sus beneficios, como se pone de manifiesto en el hecho de que los sindicatos mayoritarios hayan pedido a Sánchez que no deje el Ministerio de Trabajo en manos de Podemos, a pesar de que públicamente claman por un acuerdo entre los dos partidos de izquierdas. Al parecer, la solución pactada para contento de todos es que los podemitas contarán con esa cartera aunque sin controlar la Seguridad Social.
No obstante, lo más desalentador está siendo la pleitesía de Sánchez ante los independentistas catalanes, lo cual ha generado horror no sólo en los españoles más acérrimos defensores de la unidad territorial sino también otros sectores menos comprometidos con una idea patriótica que ven comprometido su futuro ante las prebendas que va a seguir tienen un territorio en concreto. En este sentido, la polémica decisión de privilegiar al cava catalán en detrimento de los vinos de Extremadura o de Valencia supone un incremento de las tensiones territoriales que puede implicar al mismo PSOE por mucho que Sánchez está intentando evitar incluso en el seno de su partido cualquier debate respecto a los pactos con Podemos y ERC. La compra de voluntades con un elevado sueldo público no siempre surte el efecto deseado cuando lo que hay en juego es mantener el poder territorial.
De entrada el cántabro Revilla, externo al PSOE pero ansioso afín, ya ha puesto en suspenso su apoyo a Sánchez hasta conocer con exactitud al alcance de sus concesiones al catalanismo. Lo que puedan tardar el extremeño Varas, el manchego Page o el aragonés Lambán en cuestionar la política de alianzas del Picapiedra socialista es una incógnita, así como su valor para hacerlo.
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