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Sin la unanimidad de todos los miembros del CGPJ, Dolores Delgado ha pasado el trámite preceptivo o “plácet” del organismo judicial, para ser designada Fiscal General del Estado, a propuesta del gobierno que preside Pedro Sánchez.

Este plácet que no resulta vinculante para el gobierno, pero que es preceptivo para el nombramiento de la fiscal con mayor autoridad de España, no se ha producido por unanimidad, puesto que de los 19 miembros más el presidente que cuenta el CGPJ, solo 12 han votado a favor del mismo, mientras que 7 han dejado clara su postura de rechazo a la candidata, por considerar que no resulta adecuado su nombramiento, teniendo en cuenta que además de ser ministra de justicia, mantenía su condición de diputada independiente socialista en el Congreso, cargo del que ha dimitido en la mañana de ayer, lo que sin duda ha generado mucha polémica, al no haberse producido ningún periodo de transición entre ambas situaciones .

Precisamente, el hecho de seguir siendo diputada al Congreso, además de haber sido ministra de justicia, hasta casi el momento de producirse el “plácet” del organismo de autoridad judicial, ha sido una de las razones que ha provocado un gran rechazo a este nombramiento, especialmente entre las asociaciones de jueces y fiscales, dado que entre las obligaciones de la fiscalía, según se expresa en el artículo 124’1 de la Constitución , se precisan criterios de independencia, imparcialidad y legalidad, para el ejercicio de la profesión, así como la prerrogativa de ser un jurista de reconocido prestigio con un mínimo de 15 años de ejercicio, para el acceso a la fiscalía general del estado.

Cabe decir que durante el tiempo que se ha conocido la propuesta de Sánchez hasta que se ha concedido el visto bueno del CGPJ, la polémica ha sido de gran virulencia en sectores políticos, jurídicos, judiciales y fiscales, sobre todo, porque se considera desde la política que es un asalto a la independencia judicial, mientras que desde el campo jurídico y judicial, se considera como “poco estética” la decisión adoptada por el presidente del gobierno, quien en la rueda de prensa de su primer consejo de ministros, señaló que le había sugerido a Dolores Delgado, que fuera lo “más independiente que fuera capaz”.

Precisamente, en este sentido, cabe destacar que la Asociación de Fiscales, asociación mayoritaria, a  través de su presidenta, Cristina Dexeus, manifestó su estupor por esta decisión adoptada desde el gobierno y señaló  que la nueva fiscal general, deberá demostrar su independencia, mediante sus actos, uno de los aspectos más importantes para desempeñar la profesión de la fiscalía, puesto que aunque depende jerárquicamente del gobierno, se rige por un estatuto propio, que blinda su independencia.

En este sentido, existe una sentencia del Tribunal Constitucional 7/1981, de 14 de abril en la que, refiriéndose a la fiscalía, la define como “no es un órgano administrativo, pero no es un órgano auténticamente judicial, como no es un órgano al servicio del ejecutivo, ni su agente”. A este respecto, puede caracterizarse como lo hiciera el diputado Gabriel Cisneros, durante los debates constituyentes como “un órgano del estado en la administración de justicia”.

La última gran reforma que se ha hecho mediante ley del estatuto fiscal, es de 24/2007 del 9 de Octubre, por la que se regulo el estatuto orgánico del ministerio fiscal, persiguiendo reforzar su autonomía, como órgano de relevancia constitucional, mejorando su capacidad funcional, actualizando su estructura, buscando una mayor eficacia, mediante un criterio de especialización  y de reordenación del modelo de su implantación geográfica, introduciendo mejoras de carácter técnico, que afectan a la regulación de los procedimientos de actuación, externos e internos de la fiscalía  y conseguir una más clara definición de la carrera fiscal, como carrera profesional favoreciendo un escalonamiento más racional de la pirámide jerárquica, en la que se integran los fiscales.

En definitiva y a pesar de las reticencias de casi todos, Dolores Delgado será la Fiscal General del Estado que estará al servicio del estado, a pesar de sus antecedentes políticos, ministeriales y de otras motivaciones que desde fuera del derecho y de la profesión, no la hacen una fiscal deseada por casi nadie, salvo por el presidente del gobierno y sus socios de coalición.

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1 Comentario

  1. Poco a poco y paso a paso, como comentaba el presidente del gobierno en su última comparecencia.
    Yo siempre he tenido la misma opinión sobre la justicia actual. No se entiende que en la Constitución para ocupar ése cargo se precisen criterios de independencia, imparcialidad y legalidad y todo se dé por bueno en ésta circunstancia. De todas formas vemos todos los días hechos y decisiones que chocan frontalmente con artículos de la Carta Magna y al parecer las opiniones del resto de españoles es algo que no le preocupa a éste gobierno.
    Van a lo suyo. Consiguieron el poder mediático. Han conseguido el poder político y el paso siguiente es el poder judicial. Después pasarán a la iglesia, a la familia y a lo que haga falta para destruir el régimen del 78.
    A partir de aquí y con la rapidez que se está produciendo todo, creo que las circunstancias venideras serán preocupantes, si entre todos y como no, las restantes fuerzas políticas, no son capaces de ponerse de acuerdo y frenar de alguna forma ésta deriva.

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