A continuación reproducimos un correo electrónico que nos ha enviado una persona llamada Toni para denunciar la persecución sufrida por una familia a la que se le había concedido la explotación del bar municipal del pueblo al cometer el “terrible delito” de colocar la bandera de España en la fachada del edificio.

En el BAR Local Social Castell de Cabrera, una familia del municipio disponía desde el pasado mes de febrero de la concesión para la explotación de las instalaciones municipales durante 4 años. Concesión que se otorgó a dicha familia, tras ser la única que se presentó al concurso. Este bar esta situado en una zona con poca afluencia de personas. Visto desde el exterior parece una casa mas de la urbanización.

Para hacerlo mas visible y marcar su carácter municipal, la contratista sugirió al equipo de gobierno que había en aquel momento, el PSC Cabrera de Anoia, colocar en los mástiles destinados a tal efecto en el edificio, las banderas de España, Cataluña y Cabrera de Anoia.

Ante la pasividad de los políticos a la propuesta, y su respuesta de que las banderas costaban dinero, decidieron colaborar con dicha sugerencia comprando ellos mismos la bandera de España y, en consenso con muchos de los vecinos que acudían a las instalaciones, colocarla en uno de los mástiles a la espera de que el ayuntamiento aportara las otras dos.

Tras las elecciones, hay un cambio en el gobierno del municipio entrando en el ayuntamiento una extraña y grotesca alianza entre ERC y Ciudadanos.

Sí, un municipio donde gobierna Esquerra Republicana de Catalunya con el apoyo de Ciudadanos (actualmente no adscrito tras la expulsión por parte de Cs del traidor).

Con el nuevo equipo de gobierno empieza producirse un cúmulo de amenazas y coacciones contra la familia que regenta el BAR Local Social Castell de Cabrera, intentando obligarles a retirar la bandera de España, alegando que en unas instalaciones municipales no puede haber símbolos fascistas y recriminando, a su vez, que el marido de la contratista fuera simpatizante de VOX.

Situación que se volvía a repetir porque el mismo alcalde ya había retirado la concesión a otros contratistas anteriormente, en el año 2011, por motivos políticos.

Las acciones por parte del ayuntamiento llegaron incluso hasta el punto de provocarles pérdidas en el negocio, llegando incluso a cortarles la luz de las instalaciones para que perdieran todo el género de las cámaras de frio y congeladores. O, por ejemplo, los 6 intentos de robo con salto de alarma que sufrieron, como así se “autoasignaron”, a la vez que lo negaban, la autoría de estos hechos en la ultima reunión a primeros de noviembre.

Cansados de las múltiples amenazas y, tras esa reunión, esta familia decide rescindir el contrato con el ayuntamiento alegando y respondiendo mediante instancia que tener una bandera de España en un local municipal no constituye delito, así lo contempla la ley, ni es contrario a las condiciones contractuales. Instancia que, tras un mes del cierre, aún no se han dignado ni a responder.

Lo que sí se dignaron a emitir, tras las múltiples quejas de los vecinos, es un comunicado donde el ayuntamiento se ratificaba en el cumplimiento de las normas establecidas en el contrato de los Locales Sociales y donde afirman que no mantendrán favoritismos ya que, para ellos, todo lo que no es ERC es un favoritismo.

Actualmente las instalaciones municipales están cerradas abriendo los mismos vecinos para ir a realizar las actividades socioculturales y a la espera de que el ayuntamiento coloque a uno de los “suyos”, como así dejaron entrever en sus comentarios tras la última reunión.