cocaína

Diez años repartiendo dinero para la compra de votos. Cerca de 1.000 millones de euros que sirvieron para fraguar el régimen del PSOE en Andalucía mediante el reparto de ‘paguitas’ para que los trabajadores de empresas en crisis vieran en Manuel Chaves, entonces presidente de la Junta, como el ‘señorito’ que les garantizaba un sustento sin tener ni siquiera que trabajar. El dinero que los andaluces pagan mediante impuestos, al servicio de que un partido siguiera ostentando el poder y colocando a sus altos cargos para que continuaran con sus desmanes.

Sin los EREs no habría habido cocaína ni prostíbulos para los ‘sociatas’ enchufados en las altas esferas del régimen que, inmersos en un aura de impunidad, daban rienda suelta a sus desenfrenos convencidos de que, en las siguientes elecciones, el PSOE volvería a ganar gracias a la maquinaria de compra de votos puesta en marcha desde la Junta. La corrupción socialista, en efecto, es distinta a los episodios de robo de dinero público para el enriquecimiento de algunas personas concretas: aquí no hay un Bárcenas con una gran suma en Suiza ni una familia Pujol con cuentas millonarias en Andorra. La corrupción del PSOE andaluz tiene más que ver con Robin Hood y el reparto de dinero entre los pobres, aunque en este caso ese dinero no proceda de los ricos sino de los mismos pobres.

La ‘trama sociata’ es un engañabobos que hace creer a las clases trabajadoras que su bienestar depende de las paguitas que reparten los señoritos de la Junta escondiéndoles que el dinero procede de ellos mismos y que, en el reparto, la mayor parte se la lleva siempre quien lo hace. Esa ‘trama sociata’ permitió la consolidación de un régimen que extendió sus tentáculos hacia todos los estamentos de la sociedad andaluza con una virulencia tal que llama poderosamente la atención el celo guardado -rozando el secretismo- por la administración de justicia para preservar la sentencia que condena a personas a quienes quizá aún consideran sus jefes. El dispositivo de seguridad establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, bajo las órdenes de su presidente Lorenzo del Río, para evitar que la imagen de los expresidentes de la Junta se viera afectada antes de tiempo contrasta con la extraordinaria laxitud en la custodia de otras sentencias tan importantes o más que afectaban a otros partidos.

Menuda desfachatez la de aquellos que consideran que la corrupción ‘sociata’ es menos dañina que la del PP porque no ha habido enriquecimiento personal ni financiación directa de un partido político. Antes, al contrario, la trama urdida sobre todo por Manuel Chaves y Gaspar Zarrías (ver el libro de Juan Esteban Poveda ‘Caso ERE. Las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía’) supuso una podredumbre de la administración autonómica que irradió su pus hacia todos los estamentos de la sociedad, además de un empobrecimiento de la región debido al fomento de la desaparición de empresas. La política de reparto de ‘paguitas’ para los trabajadores de empresas en crisis suponía de hecho la desaparición del entramado empresarial andaluz, llegando a provocar una auténtica devastación en algunos municipios, cuyo caso paradigmático es el de Linares, una ciudad industrial pujante que en el siglo XX pugnaba con Jaén por ser capital de la provincia y hoy es un municipio abandonado a su suerte sin alternativas económicas.

La sentencia que condena a toda la cúpula del socialismo andaluz de principios del siglo XXI demuestra que no era un entramado de cuatro golfos que vivían a cuerpo de rey, gastando dinero público incluso en cocaína, comilonas y whiskies, sino que constituía un sistema de reparto de dinero para que personas que atravesaban sus peores momentos al ver peligrar su puesto de trabajo vieran en Manuel Chaves y el PSOE su tabla de salvación. En las siguientes elecciones, ya habría dirigentes socialistas locales que les recordarían gracias a quién estaban cobrando una ‘paguita’ de la Junta.

La reacción del PSOE y de su coro de periodistas afines intentando remontar este episodio a un tiempo pasado queda sin sustento al analizar esta macrocausa conjuntamente con otras menores recientemente conocidas que nos trasladan a municipios andaluces como Huévar (Sevilla) o Vegas del Genil (Granada), en los que los alcaldes socialistas prometían contrataciones a cargo del ayuntamiento a cambio de votos. Desde la administración autonómica, desde la local, desde las diputaciones, las prácticas socialistas forman todas ellas parte del mismo modelo de comportamiento de un partido en esencia corrupto que basa sus victorias electorales en la compra de voluntades a cambio de subvenciones y ‘paguitas’ que reparte por diversos procedimientos.

Bendita sea la sentencia de los EREs si sirve, más allá de para expiar las culpas de los condenados, para erradicar una práctica de corrupción política que ha sumido a Andalucía en un nuevo régimen de señoritos que campaban a sus anchas por las alturas del poder, sintiéndose tan inmunes que podían gastarse el dinero público en drogas y prostíbulos con total impunidad.xz