sentencia
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Desde mi modestia condición de Abogado generalista, y con el máximo respeto a los prestigiosos ponentes del Tribunal Supremo, en el presente artículo intentaré demostrar las siguientes conclusiones sobre la que viene calificándose estos días como la sentencia más importante de nuestra democracia (la denominada “Sentencia del procés”):

1º. Una Sentencia con una excesiva carga “política” (escrita con un ojo en Estrasburgo)

2º. Una Sentencia que resulta en una Justicia castrada, mezcla de Pilatos y Salomón.

3º. Una Sentencia que no sirve para fortalecer nuestro Estado de Derecho (más bien, para lo contrario)

En las siguientes líneas trataré de desarrollar cada una de estas conclusiones, las cuales (debo advertirlo) podrían no estar exentas de ciertos errores de técnica jurídica: no soy experto en Derecho Penal, y mis criterios se repartirán al 50% entre mi condición de jurista y mi juicio como ciudadano español medianamente informado. Un ciudadano que se autodeclara enemigo acérrimo de los nacionalismos, pero que trata de mantener una conciencia tolerante y liberal, eliminando en lo posible la parcialidad y los prejuicios.

1º. Una Sentencia con una excesiva carga política (escrita con un ojo en Estrasburgo)

Muchos juristas han coincidido conmigo en esta opinión, que invadió mi mente desde la lectura de las primeras páginas de la Sentencia:

Es tan sorprendente como inaudito, que el Tribunal dedique nada menos que 12 folios (¡!) a desactivar dos argumentos tan falaces y de sobra refutados como el derecho a decidir y el concepto de desobediencia civil. Dedicar tanto espacio a una refutación doctrinal de estos supuestos “derechos”, ausentes de reconocimiento en ningún ordenamiento jurídico (y que dudo que se crean los propios ideólogos nacionalistas), supone tanto como si en la sentencia del 23-F, se hubiera entrado a analizar la justificación de “emergencia nacional” que esgrimieron las defensas de los acusados. Una temática con nulas consecuencias jurídicas, y más propia de una conferencia universitaria, o de una tertulia culta, y que podría haberse ventilado en un par de folios. Sin embargo, (sorpréndase el lector) esta extensión de 12 folios supera ligeramente a la dedicada por la Sentencia a argumentar y motivar la exclusión de la calificación de rebelión (¡!)

Siento concluir esto: salvo por esa excesiva prevención de los ponentes ante una eventual revisión de la Sentencia por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no tiene sentido que esta redundante argumentación se haya “colado” con tal intensidad, en una Sentencia que debería concentrarse en enjuiciar la gravísima agresión cometida por los líderes nacionalistas contra el corazón de nuestro Estado de Derecho (y no tanto en sus justificaciones)

2º. Una Sentencia que resulta en una Justicia amputada, mezcla de Pilatos y Salomón.

Se ha confirmado que hasta cinco de los siete ponentes del Tribunal Supremo, eran proclives a dictar una Sentencia de rebelión. Por tanto, tal y como ha reconocido Marchena ayer mismo, el fallo es producto de un amplio y profundo debate entre los ponentes, el cual se ha extendido durante varios meses…. hasta resultar (sorprendentemente) en el decaimiento de la opinión mayoritaria en favor de la minoritaria.

En parte por lo necesariamente forzado de este “escorzo argumentativo”, y en parte por una excesiva obsesión de los ponentes por consensuar un fallo unánime, sin presencia de votos particulares, el texto de la Sentencia desprende un cierto aroma a pasteleo político (demasiado habitual, cuando se sobrevalora el consenso en calificaciones jurídicas tan complejas)

Lo cierto es que no soy capaz de adivinar hasta qué punto han influido en esa “recalificación” las muy probables presiones políticas, o bien el excesivo celo ante el fantasma del juicio de revisión por el TEDH de Estrasburgo. Sea como sea, es indudable que el texto de esta sentencia transpira una excesiva tensión argumentativa, empeñada en definir un concepto de violencia excesivamente restringido y finalista, en comparación con el fijado para otros delitos del Código Penal, fruto de largos años de extensa producción doctrinal y jurisprudencial.

Al respecto del concepto de violencia, la Sentencia desprecia el ímprobo trabajo de calificación jurídica realizado, tanto durante la fase de instrucción como por parte de los tres fiscales de la acusación. En las sesiones del juicio, tal y como se puede comprobar en las grabaciones, unos y otros se esforzaron en definir una clase de violencia intimidatoria, consistente en una calculada sucesión de actos políticos, coordinados con la resistencia y el fragor de masas. Una violencia (no lo olvidemos) que en este caso no precisaba ser directa ni “funcional”, dado que quien la ejercía (la Generalitat) no necesitaba usurpar el control de los mecanismos de poder, sino que ya detentaba los resortes financieros y normativos suficientes para impulsar su voluntad de manera unilateral. De hecho, todo el maquiavélico plan constaba por escrito en el documento “Enfocats”, así como en las agendas requisadas a los conspiradores.

Tras despreciar estas características que definen lo que podríamos calificar como “Golpe de Estado postmoderno”, la Sentencia se limita a acoger la interpretación forzada de una Abogacía del Estado, cuya inicial calificación coincidente de rebelión dio lugar a impresentables presiones, dirigidas a teñir la Justicia con la Política, para terminar construyendo un relato de sedición “a medida”.

En efecto, la Sentencia solo penaliza las graves alteraciones del orden público, dejando impune nada menos que el evidente y demostrado intento de subversión constitucional. Este sorprendente resultado lo consigue rebajando el intento de rebelión a una mera “ensoñación” (sic) por parte de sus autores, quienes en realidad solo pretenderían forzar una negociación con el Estado central, y de ningún modo, hacer efectiva la independencia (¡!)

Este es un argumento que ni siquiera fue opuesto durante el juicio por las defensas los principales “Popes nacionalistas”, ya que admitir ese juego de simulación hubiera supuesto autodelatarse políticamente, y quedar en evidencia ante sus creyentes “masas enardecidas”. (pag. 270): “Es claro que los alzados no disponían de los más elementales medios para, si eso fuera lo que pretendían, doblegar al Estado”.

Es decir, sorprendentemente, la Sentencia declara probada la existencia de violencia, pero absuelve tanto a los instigadores como a los ejecutores o coadyuvantes de la misma, concluyendo que esa intimidación activo-pasiva de las masas, que todos presenciamos en las imágenes de televisión, no tuvo el grado de intensidad ni de realismo suficiente:

“unos ciudadanos que creyeron estar asistiendo al acto histórico de fundación de la república catalana y, en realidad, habían sido llamados como parte tácticamente esencial de la verdadera finalidad de los autores”

Pues bien: esta absolución “urbe et orbe”, amén de insultar a la inteligencia media de 2 millones de habitantes, se contradice frontalmente con uno de los hechos probados expuestos en la parte expositiva de la Sentencia:

(Hecho Probado nº 4): El resultado del referéndum, conforme se establecía en su ley reguladora, tendría carácter vinculante y si en el recuento de los votos válidamente emitidos se computaban más votos afirmativos que negativos, el resultado implicaría ope legis la independencia de Cataluña, a la que debería seguir una declaración formal del Parlament, concretando sus efectos e iniciando el proceso constituyente.

Nos preguntamos atónitos: ¿Cómo es posible que la Sentencia obvie por completo uno de sus principales hechos probados, pasando por encima de una de las indubitadas declaraciones de voluntad de los acusados (aún más, de carácter normativo) que vinculaba automáticamente la independencia al resultado de la votación ilegal? El hecho de que esa DUI efectivamente declarada se dejara después en suspenso, no debería suspender a su vez la calificación jurídica de un acto que solo necesitaba de una voluntad instantánea de reactivación (el arma aún sigue en manos del “atracador”).

Es aquí donde se nos aparecen Salomón y Pilatos, como eternos enemigos de una Justicia española verdaderamente útil, independiente y contundente en la defensa de nuestro Estado de Derecho:

– Porque salomónico es el empeño de partir el bien jurídico protegido por la mitad, sin proscribir penalmente como se merecen, a aquellos atentados contra la Constitución o contra la unidad nacional que sean realizados sin un previo, realista y certero análisis de los propios medios, y de las probabilidades de triunfo (a Tejero y Armada no se lo pusimos tan barato).

– Y propia de Pilatos es la intención que trasluce en la sentencia de devolver de nuevo la “pelota” a los políticos, invitándoles a una reforma de las leyes, o bien a un balsámico diálogo que los hechos han archi-demostrado como imposible, ante el escandaloso atajo finalista y procedimental exigido por una de las partes.

Ambos enemigos, ya conocidos en otras importantes sentencias de nuestros altos Tribunales, han impedido que la secuencia de actos delictivos protagonizada por los líderes separatistas sea calificada como procedía: conspiración para la rebelión. Esta fue la calificación brillantemente argumentada por los Abogados de la acusación y por los fiscales, durante las postreras sesiones del juicio. Tan objetivamente sólidas fueron varias de las intervenciones, que las defensas no pudieron refutarlas en ningún momento. En cambio, la Sentencia no solo rebaja la calificación a sedición, sino que gradúa las penas de prisión en el tramo inferior previsto para dicho delito.

3º. Una Sentencia que no sirve para fortalecer nuestro Estado de Derecho (más bien, para lo contrario)

Lo más grave de todo, es que la Sentencia deja huérfanos de protección a los ciudadanos catalanes no nacionalistas, al descartar el reproche penal hacia los tres principales “puñales” que aún permanecen apuntando a las espaldas de nuestra Constitución, y que fueron diseñados como los actos fundacionales de la pretendida República: la Ley de Transitoriedad, las Leyes de Desconexión y la DUI (todos ellos suspendidos, pero no derogados).

Este lavado de cara supone aceptar el hipócrita relato nacionalista, que insiste por un lado en el carácter simbólico de dichas declaraciones (de cara a eludir la acción de la Justicia), a la vez que defiende su plena efectividad, siquiera provisional, de cara a sus radicales correligionarios. Todo ello, mientras se consiente la constante emisión de propaganda venenosa e incendiaria, por parte de los máximos representantes de la “Degeneralitat” y sus musculosos brazos mediáticos (“Lo volveremos a hacer”).

Pero aún más: la extrema debilidad de esta Sentencia, supone desvalorizar la decisiva intervención de Felipe VI, dos días después del referéndum ilegal, en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho. Un discurso que motivó la reacción de millones de españoles, que sacaron sus banderas a la calle en todo el territorio nacional, como símbolo de su apoyo decidido en favor de los ciudadanos de la Cataluña silenciada (las principales víctimas de este proceso totalitario) Tras la lectura del fallo, para este Tribunal que aprecia solo una grave perturbación del orden público, pareciera que hubiera bastado con una simple intervención del Ministro del Interior.

Por último, destacaré otra de las enormes decepciones que se desprende de la lectura de este fallo: la denegación de la petición de la fiscalía, en el sentido de condicionar la aplicación del tercer grado al cumplimiento de la mitad de la condena, por parte de cada reo. Ello permite la aplicación de beneficios penitenciarios a los condenados, desde el mismo día siguiente a la publicación de la Sentencia. Fruto de ello, es muy probable que los golpistas puedan acceder al tercer grado en cuestión de pocos meses, lo cual nos da una idea del grado de hipocresía y victimismo que encierra esa supuesta indignación ante la “dureza” de estas penas (entre 9 y 13 años, de los cuales nadie cumplirá siquiera la mitad)

Estas tres conclusiones no agotan las posibles críticas que pueden verterse tras leer esta Sentencia, la cual debemos acatar. Estos días he tenido ocasión de leer opiniones jurídicas bien fundamentadas, desde uno y otro lado. No negamos las buenas intenciones de los ilustres Magistrados, pero creemos que existen motivos suficientes para recurrir este fallo ante el Tribunal Constitucional, exigiendo una revisión en la calificación de la pena. Dicho recurso, ya anunciado por VOX y al que podrían sumarse otros partidos, sería difícil que prosperara, pero al menos reduciría el riesgo de que prospere un recurso contrario interpuesto por las defensas. En pleno auge de los nacionalismos y populismos en toda Europa, solo la firmeza en la aplicación de las normas (solo la Ley, pero toda la fuerza de la Ley) garantizará que la ciudadanía siga confiando en la fortaleza del Estado de Derecho, para enfrentarnos a las mismas amenazas totalitarias que ya debimos detener en los años 30 del siglo XX, a ser posible, con menor pérdida de sangre y haciendas.

Un artículo de Luis Negrete (Abogado)