Supremo
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Dos días antes de que se cumplieran los dos años desde que los encausados en el Juicio del Proces están encarcelados de manera preventiva, el Tribunal Supremo ha emitido el fallo de la sentencia de este caso, en donde se condena a los encausados a 13 años de cárcel a Oriol Junqueras, los ex consejeros Romeva, Turull y Bassa a 12 años, la ex presidenta del parlament Forcadell 11 años, JOAQUIN Forn y Josep Rull a 10 años y seis meses y los presidentes de Òmnium cultural y ANC a 9 años.Por su parte, los ex consejeros Santi Ávila, Merichel Borrás  y Carles Mundo, condenados por desobediencia a diez meses de multa con una cuantía de 200€ diarios.

Esta sentencia que era muy esperada por ser una de las más importantes de la historia de la democracia española y  de la que se conocieron varios aspectos mediante filtraciones a dos medios de comunicación el pasado fin de semana, lo que ha molestado en sobremanera al presidente de la sala, el Magistrado Marchena, quien supuestamente podría tener identificado al autor de la filtración, en la persona de un juez progresista del TC, se centra en condenar a los encausados en delitos de sedición y malversación, además de proceder a la inhabilitación de los reos para el ejercicio de cargo público, ha buscado la unanimidad de los miembros del tribunal, a pesar de que se conoce que de los 7 magistrados, cinco estarían en la postura de un delito de rebelión y los otros dos, en cambio, eran partidarios de aplicar solamente el delito de sedición , siguiendo de alguna manera, las tesis planteadas por la abogacía del estado durante el juicio.

El mayor temor del tribunal, podría haberse centrado en el hecho de que la falta de unanimidad del fallo y la posible existencia de votos particulares, podría tener consecuencias en la presentación de recursos y posterior fallo del Tribunal de Estrasburgo.

Analizando la misma con juristas, hay que señalar que a lo largo de sus 459 páginas, el alto tribunal, elabora un texto de carácter doctrinal, en donde dedica más de seis páginas a la desobediencia civil generada esos días, así como al derecho a decidir y a lo que supone el delito de malversación, en donde se podría haber utilizado un millón de € de las arcas públicas catalanas.

La sentencia, deja de lado el ímprobo trabajo de calificación jurídica, realizado por los tres fiscales de la acusación, acogiéndose a una interpretación forzada de una abogada del Estado, en donde fue cesado el responsable de estos y encargado del proceso.

A lo largo de la misma, penaliza la alteración de orden público, dejando de lado, el intento de subversión constitucional. Así mismo, en sus fundamentos, el tribunal deja sin ningún reproche penal a los dos “puñales” contra la  Constitución, que a la vez, eran actos fundacionales de la pretendida republica  : la ley de transitoriedad y la DUI.

Por otra parte y según nos señalan distintos juristas consultados por EL DIESTRO, se instaura un innovador concepto de “violencia funcional”, que introduce el análisis de la fortaleza de la víctima, puesto que aunque los alzados, no disponían  de los medios más elementales para doblegar al estado, una violencia que existió, no colma las exigencias típicas del delito, por el que el fiscal y la acusación, formulan dicha imputación .

En este sentido, los juristas consultados creen que si la violencia no fue suficiente, la calificación correcta, debió de ser Rebelión en grado de tentativa, en concurso con el delito de sedición.

Por otra parte, no se puede olvidar según los juristas que si no se hubiera producido la derogación desde el gobierno de Zapatero de delito respecto al referéndum ilegal, nada de lo sucedido se hubiera producido.

Respecto a las reacciones producidas en el mundo político respecto a la sentencia, cabe decir que el presidente de la Generalitat Quim Torra, ha calificado el fallo del Tribunal como un insultó a la democracia, un ataque a la propia Cataluña y ha anunciado una convocatoria del Consejo de Gobierno Autónomo, así como el envío de sendas cartas al presidente del gobierno y al Rey para hablar de la situación generada.

Desde Moncloa, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, leyó una declaración institucional, dando por buena y acatando la sentencia así como garantizando su cumplimiento, para acto seguido comenzar distintos contactos telefónicos con los líderes políticos de la oposición por si los acontecimientos que se produzcan, aconsejan la adopción de medidas contundentes como la ley de seguridad ciudadana o en su caso el 155.

También tanto Albert Rivera como PABLO Casado, expresaron su apoyo y acatamiento de la sentencia, mostrando su apoyo al gobierno en la adopción de medidas que aseguren la convivencia y democracia, asegurando que “nadie está por encima de la ley y quien la hace, la paga”.

Finalmente, cabe señalar que mientras se producían estas reacciones jurídicas y políticas en Cataluña, a primeras horas de la mañana se producían marchas y concentraciones que desde distintos puntos de la ciudad han desembocado en la Plaza de Cataluña, dejando detrás algunos cortes de carretera y concentraciones en las que se han lanzado soflamas a favor de los presos, sin que se hayan producido por el momento, incidentes de excesiva importancia.

1 Comentario

  1. La justicia, como los políticos, bla…bla….bla y al final dictan las sentencias, mirando a Estrasburgo (no lo entiendo) e influidos por la política (que tampoco lo entiendo). Lo que sí entiendo es que a cualquier ciudadano, incluso sin recursos, cuando hay que “arrearle” fuerte o cualquier colectivo tiene algún problema no les importa Estrasburgo, como ha habido casos que les han afeado sentencias de otro tipo. Está claro, el poder para el poder y el ciudadano de a pie que se encomiende a la Pilarica ó a algún otro santo, ya que las oportunidades y garantías son totalmente distintas.

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