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El pasado 15 de septiembre, en unas declaraciones realizadas a El Diestro, Alejandro Fernández, presidente del PP de Cataluña, afirmaba que “Cataluña se está batasunizando” y analizaba el pinchazo del independentismo en la Diada, señalando que la aplicación de la ley, ha sido el causante de ese cansancio respecto al independentismo.
Una semana después, a las cinco de la mañana de ayer y ordenado por el juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional, medio millar de guardias civiles, desarrollaron una operación antiterrorista, en la que en el momento de redactar esta información, se habían detenido a 9 personas en Sabadell, todos ellos miembros de los CDR, a quienes además de diversa documentación, se les incautó planos de edificios oficiales y de algún cuartel de la guardia civil, con supuestas intenciones de actuar, coincidiendo con el aniversario del 1 de Octubre y el día 15, fecha en la que se prevé que se conozca la sentencia del “Proces”.
Dejando de lado esta operación policial, que describe la realidad catalana del independentismo, cabe decir que si bien puede parecer sorprendente lo que aparece en el trasfondo de esta operación policial, no es nada extraño que suceda, dada la actual situación política española, en donde la debilidad de las fuerzas políticas del congreso, impiden la formación de un gobierno, por lo que la fortaleza del Estado, sufre a su vez de manera importante, desde parámetros políticos y de decisiones de las dos cámaras existentes en España.
Todos somos conscientes que ante la inminencia del fallo del Tribunal Supremo ante la Sentencia del Proces, existe un miedo escondido respecto a cual puede ser la respuesta del independentismo hacia la misma, especialmente exacerbada por quien ostentando el cargo de representante del Estado en Cataluña, el presidente de la Generalitat Quim Torra, anuncia respuestas contundentes contra el fallo del alto tribunal, así como explica que su decisión será ir hacia un camino de conseguir la independencia.
Ante estas “amenazas” y anuncios desde la Generalitat, la respuesta del gobierno y del estado no existe, porque por conveniencia política de un partido, se mira para otro lado, con tal de recibir los votos del independentismo para la obtención de la presidencia del gobierno, pero ¿pactando que y porque con el independentismo?
Para quienes conocemos por vivencia personal situaciones como la de las detenciones que tuvieron lugar en Cataluña, la lectura real de lo sucedido, no es que sea un grupo aislado de “radicales” que por su cuenta actúen sino que esto, huele a algo organizado, estructurado e incluso aconsejado por quienes están acostumbrados a ejecutar este tipo de acciones. Indudablemente, sale el nombre de una organización terrorista que se daba por disuelta, derrotada y finiquitada, pero cuyo mundo actúa así y cuyos integrantes de dicho mundo, no solo no han sido neutralizados, sino que en gran número están “en actitud durmiente” o radicalizando a jóvenes en los pueblos del P. Vasco, en donde se habla de que se estuviera llevando sendas captaciones de jóvenes para su radicalización.
Si nos dejamos llevar por la memoria informativa reciente y en momentos aledaños al Proces, todos hemos visto a determinado personaje, inhabilitado para cargo público, paseando a sus anchas por Cataluña y siendo recibido por el independentismo, como un héroe. Por cierto, junto con su presencia, en esos momentos, se habló de que jóvenes de la izquierda radical vasca haciendo campamentos de verano en Cataluña.
Sin afirmar nada, pero, ¿no existe demasiado mimetismo entre la situación de radicalidad sufrida en el P. Vasco en los años 80 y 90 con lo que se está viviendo en Cataluña? Yo como Vasco, digo que sí.
Consultadas por El Diestro tanto fuentes de partidos constitucionalistas en Cataluña como de la judicatura adscrita a esa comunidad autónoma, cabe decir que imperan dos palabras, prudencia hasta esperar el resultado final de la investigación iniciada por la Audiencia Nacional, y por otro lado, preocupación y un cierto miedo a que la presión hacia los jueces se convierta en insoportable desde el independentismo, recordando lo sucedido en su domicilio de verano al juez Llarena o por los ataques con excrementos a la puerta de los juzgados.
Todos son conscientes de lo que esto supone, de las consecuencias que puede tener y de la situación política que atraviesa España, pero aunque se reconoce, nadie quiere pronunciar Las cuatro palabra malditas, que están en mente de todos, pero que pronunciarlas, resulta un pecado “mortal”, terrorismo de baja intensidad contra el Estado.
Finalmente cabe decir que desde la Generalitat tampoco se facilitan las cosas, porque el tuit emitido al medio día de ayer por el presidente de la Generalitat, así como por políticos del sector independentista, en vez de enfriar el ambiente, lo caldean como si al principio del otoño, fuera necesario echar una tonelada a una caldera de carbón para que su temperatura se asemeje a un volcán.
¿Es esto salvaguardar el estado de derecho?
Los independentistas, mientras que nadie les pare los pies están lo suyo, aunque sean minoría. Es responsabilidad del gobierno, esté en funciones ó como esté, frenar esta barbaridad, que traerá consecuencias poco deseables. Si por el contrario, el gobierno está a la espera de conseguir el apoyo de éstos elementos sin hacer nada, ya que la Constitución no contempla la independencia ni probablemente la irresponsabilidad ó intento para conseguirla, de alguna forma alguien tendría que tener la última palabra y con la ley en la mano frenar éste desafío inadmisible para que los españoles pudiéramos confiar en el Estado de derecho.