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Desde que se iniciara en Cataluña todo lo relacionado con el referéndum y el posterior “Proces”, la situación de la justicia y de los jueces en Cataluña empieza a resultar preocupante, no solo por las presiones que reciben a la hora de desempeñar su trabajo, tal y como sucedió con distintos jueces a lo largo de la Comunidad Autónoma, sino por el hecho de que, desde la propia Consejería de Justicia de la Generalidad, se están efectuando distintas acciones que dificultan su trabajo.
En un escrito presentado a la Comisión Permanente del CGPJ que ha tratado la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el pasado 16 de julio, (y que se puede consultar en este enlace) se señala que “recientemente han aparecido en sus ordenadores un mensaje informando sobre la vigencia y aplicabilidad de una instrucción de la Secretaría de Administración y Función Pública de la Generalidad, en la cual se informa de la posibilidad de acceso que conforman los TIC, al servicio de la Administración de Justicia, para llevar a cabo acciones de control y seguimiento, incluidas las estaciones de trabajo e infraestructuras comunes. En el mensaje, se señala que el uso del dispositivo, implica una manifestación expresa del conocimiento de los términos y condiciones de la instrucción”.
Ante esta situación, la Comisión Permanente del CGPJ acordó en dicha reunión del pasado 16 de Julio “Incoar diligencias informativas para la investigación de eventuales accesos indebidos a tratamientos jurisdiccionales, para actividades de inspección, control o seguimiento no previstas en la ley orgánica del Poder Judicial. Así como encomendar al Centro de Documentación Judicial, que realice las comprobaciones técnicas necesarias para determinar si se han realizado accesos indebidos a tratamientos jurisdiccionales en juzgados y tribunales, así como el alcance de dichos accesos y la forma en la que se hubieran producido.Por ello, la Comisión Permanente ha requerido a la Generalidad para que suspenda toda actividad de inspección, control o seguimiento sobre tratamientos jurisdiccionales, requiriendo a la Generalidad para que en el plazo de quince días, informe de manera pormenorizada de los accesos que se hayan producido a los tratamientos jurisdiccionales de los juzgados y tribunales en Cataluña”.
Por si esto fuera poco, la Consejera de Justicia de la Generalidad ha exigido mediante carta, la asunción por parte del Estado de la puesta en marcha de un total de 22 juzgados y 4 plazas de Magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona, pesar de que ya están creados, por no poder hacer frente a los gastos de funcionamiento.
En este sentido y a pesar de tener las competencias necesarias para su puesta en funcionamiento, la Generalidad reclama 5 millones de € más de los asignados, que cuantifica en 8 millones de €, para evitar la escasa financiación endémica que sufre la justicia en Cataluña.
La Generalidad exige al Estado la transferencia económica necesaria para el buen funcionamiento de la Justicia en Cataluña, argumentando que en la comunidad autónoma se recaudan cerca de 68 m de € en tasas judiciales, según los datos correspondientes a 2018.
Consultadas fuentes de las Asociaciones Judiciales por El Diestro, estas señalan su grave preocupación ante la situación de la justicia en Cataluña, puesto que si en el pasado eran las continuas presiones lo que afectaban al desempeño de su trabajo, unido al peligro de la desertización de la Justicia debido a las cuantiosas peticiones de traslados que se producen, ahora con la intención de control desde la Generalidad de los tratamientos judiciales, así como con el hecho de la puesta en marcha de los juzgados por razones económicas, se puede producir un déficit en la calidad de la justicia que deben recibir los ciudadanos.
Por otra parte, y ante la inminencia de la sentencia del juicio del “Proces”, unido al hecho de que el gobierno se encuentra en funciones, elevan esta “tensión judicial” en Cataluña, que afectará de manera individual a los jueces y a Magistrados, así como a las capacidades de la Administración de Justicia, por la falta de medios e infraestructuras adecuadas que se necesitan en la Comunidad Autónoma.
