Sociedad civil
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«El gran mal que acecha al hombre moderno es haber reinterpretado al Poder, no ya como su gran protector y benefactor, sino como algo idéntico a la Sociedad misma» (Frank Chodorov; “The Rise and Fall of Society”)

 

Los derechos individuales

Hubo un tiempo en que los hombres hicieron frente a las tiranías y lograron imponerse a ellas, haciéndolas caer. La bandera que enarbolaban era la de la Libertad. Líderes culturales y políticos como John Locke o Thomas Jefferson, fundamentaron la lucha por la Libertad en los derechos individuales. El sentido de la política se asentaba en la defensa de estos derechos, y se elaboraban leyes que protegían a los individuos y la sociedad civil frente a los abusos del Poder.

Esta primacía de los derechos individuales, impulsada por el progreso económico de las sociedades capitalistas, fue declinando a partir de finales del siglo XIX por efecto de las revoluciones colectivistas inspiradas en el marxismo. A pesar de su disfraz revolucionario, esta ideología impuso en muchos países una reversión reaccionaria: la sumisión total del individuo a la política, y la intervención de esta en favor de la lucha de clases. Estos objetivos se logran mediante el control cultural e institucional por parte del todopoderoso “Estado social”. Fruto de ello, el Poder ya no se limita a la función neutral de defender y servir a la sociedad, en orden a salvaguardar unos límites sagrados e intocables: los derechos individuales. Por el contrario, el Poder se define ahora como constructor e ingeniero que remodela la realidad social a su antojo, en base a legislaciones arbitrarias que terminan enfrentando a los colectivos, en lugar de cohesionar a la sociedad.

A pesar de sus 150 años de desastroso historial, las propuestas de control coactivo de la sociedad civil no dejan de encontrar el apoyo de masas de población elevadas, en muchos casos mayoritarias: la demagogia sexista, el control del salario, o de los precios de alquiler, la multiplicación de impuestos confiscatorios, la expansión constante del déficit y la Deuda Pública, siguen considerándose como acciones morales. ¿Qué está ocurriendo?

La importancia de las instituciones

Según indican los autores Acemoglu y Robinson, en su libro “Por qué fracasan los países”, cada sociedad funciona gracias a sus instituciones: un conjunto de reglas políticas y económicas creadas por el Estado y aceptadas por los ciudadanos. En lo referente a la participación política, la calidad de las instituciones de una nación determina la capacidad de sus ciudadanos de controlar a los políticos e influir en su comportamiento, al objeto de garantizar que este sea correcto, eficaz y eficiente.

Detrás de las instituciones hay un sistema político, – que es el que crea y regula dichas instituciones -, y unos actores políticos encargados de aplicar sus reglas. Cuando estas son inclusivas, es decir, que garantizan el derecho de propiedad, la legalidad, la división de poderes, la autoexigencia ética, etc, los países prosperan. Cuando, por el contrario, se convierten en extractivas porque tienden a relativizar esos principios y derechos, entonces los países fracasan de manera irremediable. Como demuestra la práctica, atendiendo a uno u otro tipo de políticas y a su eventual desarrollo, se acaban generando círculos virtuosos (derivados de la vocación de servicio de los gobernantes) o círculos viciosos (relajación de controles, demagogia y vocación de servirse).

Las instituciones extractivas tienden a concentrar el poder político, limitando el control de éste al simple proceso electoral (votar cada 4 años). Por el contrario, las instituciones inclusivas distribuyen el poder político y abren el control constante del mismo a la sociedad. Las consecuencias de uno u otro modelo se extienden más allá del ámbito político: las instituciones políticas extractivas dan lugar a prácticas económicas extractivas, mientras que las inclusivas generan prácticas también inclusivas. En suma, las primeras crean pobreza; las segundas, crecimiento económico y desarrollo.
Diagnóstico del sistema político español
Analicemos brevemente el actual modelo español de participación política, para comprobar si pertenece al primer o al segundo grupo:
1. DIAGNÓSTICO: El modelo español de participación política es extractivo:
– Crisis institucional (desprestigio, corrupción, arbitrariedad, ideologización)
– Representación indirecta y “digital” (listas cerradas, amiguismo, pesebrismo)
– Democracia “trilera” (confusión de poderes, caciquismo, “selva normativa”, burocracia)
– Partitocracia e ineptocracia servil (“cementerios de elefantes”)
– Políticos profesionales: deben su puesto vitalicio al partido (obediencia debida)
– Irresponsabilidad individual: impunidad de las decisiones de gestión
– Subjetivismo populista: hegemonía mediático-cultural (demagogia, buenismo)
– Falso “empoderamiento” (subasta de promesas, incumplimiento Programa electoral)
– Ausencia de cauces de participación política (súbditos pasivos)

2. SOLUCIONES: Giro hacia un modelo inclusivo, propio de una democracia liberal:
– Regeneración institucional (legalidad, legitimidad, ejemplaridad, prestigio y mérito)
– Representación directa y electiva (listas abiertas, concurrencia, independencia)
– Democracia controlada (división de poderes, claridad normativa, controles y contrapesos)
– Meritocracia, competencia, selección vs cooptación, formación, salarios altos…
– Políticos vocacionales: limitación mandato a 8 – 12 años (independencia)
– Responsabilidad individual (dación de cuentas, control de la gestión)
– Objetivismo: evaluación de eficacia y eficiencia en la gestión pública
– Argumentación racional y crítica (medios de comunicación no militantes)
– Empoderamiento ciudadano (control corrupción, cumplimiento Programa electoral)
– Multiplicación de cauces de participación política (ciudadanos activos)

3. PROPUESTAS: A incorporar en los Programas Electorales de los Partidos:
– Listas abiertas (distrito uninominal), requisitos mínimos curriculares, limitación de mandatos…
– Mejora de la transparencia pública, y del control de la discrecionalidad
– Control y sanción de la gestión temeraria o imprudente (Tribunal de Cuentas)
– Profundizar en la independencia judicial (prohibir las Asociaciones ideológicas de Jueces)
– Establecer baremos objetivos de eficacia y eficiencia en el gasto público
– Instaurar mecanismos de democracia directa (información, consulta y co-decisión)

 

Un artículo de Luis Negrete (Abogado-consultor. Socio Fundador de Acción Liberal)