Tasas judiciales

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La Ley de Tasas Judiciales tiene una doble finalidad: recaudatoria y disuasoria. Las dos son muy necesarias. Mantener el gigantesco aparato judicial, cuya burocracia –y sobre todo los altos cargos- se ha multiplicado por 17, con las autonosuyas, e intentar que los españoles no acudan a los tribunales por un quítame allá esas pajas…

Somos un país de litigantes. Yo mismo, sin ir más lejos, en mis treinta y tantos años de mayoría de edad, he mantenido más de un centenar de pleitos, y en todas las jurisdicciones: civiles, penales, laborales, y, sobre todo, contencioso-administrativos, que me gusta mucho tocarle las narices a los que mandan. Es decir, hacerme respetar por cualquier mindundi con aires de grandeza, que en la mayoría de los casos no son más que unos pobres hombres –o mujeres-, aferrados al cargo, y al excelentísimo o ilustrísimo, que sin él no son nada.

Una magistrada me decía coloquialmente si los fiscales sustitutos éramos ilustrísimos o no, y le contesté diciéndole que yo estaba sin ilustrar, y que por tanto podía llamarme simplemente Ramiro, de la misma forma que mi tratamiento a todos los prebostes era por su nombre de pila, y, por supuesto, con todo respeto, que hay algunos –y algunas- que no se apean del tratamiento ni cuando hacen el coito.

En resumen, lo que quiero decir es que las tasas son necesarias. Que la justicia no es gratuita, y que hay que poner coto a los excesos actuales, profesionalizar la administración de justicia y agilizar los procedimientos.

Sentado lo anterior, también debo decir que las tasas me parecen excesivas, y que sería preferible que los importes fuesen más o menos la mitad de los aprobados. Y que la ley debería haber acometido también una reforma respecto a los Procuradores, convirtiéndolos en potestativos o voluntarios, no en obligatorios o preceptivos, como sucede actualmente.

De esta forma conseguiríamos mitigar el incremento de costes de pleitear, al poder asumir el abogado la defensa y representación, lo que no es ningún problema, al menos cuando el pleito se desarrolla en el lugar donde se ejerce principalmente la profesión, y se tiene el despacho profesional.

Se dice que con las tasas se pretende asumir los costes cada vez más elevados de la justicia gratuita, y posiblemente sea verdad. Pero nuestro sistema fiscal, y cualquier otro civilizado, no contemplan ingresos finalistas, sino que todos van a la caja común, el Tesoro nacional, aunque en el caso español para hablar con propiedad tendríamos que llamarlo la Ruina nacional.

Pienso habría que limitar la justicia gratuita única y exclusivamente a los españoles con ingresos inferiores al 150% del salario mínimo interprofesional, y que carezcan de patrimonio con el que puedan hacer frente al coste de los pleitos, exceptuando la vivienda familiar.

No tiene sentido que actualmente personas con varias propiedades inmobiliarias o rústicas, pero con escasos ingresos, normalmente pensionistas, puedan litigar con el beneficio de justicia gratuita. Y el limite del doble del IPREM, o como se llame –un sucedáneo del salario mínimo, aunque algo inferior- es excesivamente elevado, en un país dónde lo que abundan son los mileuristas (y muchos ni llegan), y que por consiguiente tienen derecho a justicia gratuita… Lo que no les impide irse de vacaciones, comprarse de vez en cuando un coche nuevo, etc.

Y una cuarta y última cuestión. Hay que condenar en serio a quienes efectúan denuncian falsas. En más de diez años como fiscal, sólo he visto una ó dos condenas por este motivo. Denunciar en falso en España no solamente no se persigue, sino que hasta está bien visto socialmente, y sino que se lo pregunten a los millares de señoras que para agilizar su divorcio denuncian a sus maridos alegando pretextos y vaguedades: malos tratos,  maltrato psicológico, que abusa de los hijos, o cualquier motivo sugerido por su abogado…

Recuerdo un juicio en dónde una novia despechada denunciaba los golpes, allanamiento de la vivienda, etc., por parte de  su ex novio. Menos mal que éste vino al juicio con una colección de fotos de su estancia en la fecha de la denuncia en una isla paradisiaca, con su nuevo amor, así como la factura de la agencia de viajes, los billetes de avión, e incluso un comprobante del hotel donde se alojaron. Pues bien, el juzgado correspondiente se limitó a absolver al acusado, y aquí paz y después gloria.

Mientras no nos tomemos el serio la administración de justicia, seguiremos siendo un país de charanga y pandereta.

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Ramiro Grau Morancho
Ramiro GRAU MORANCHO es Graduado Social, Licenciado en Ciencias del Trabajo y Abogado. Profesor de Derecho en varias Universidades, Públicas y Privadas. Ha publicado veinticinco libros sobre temas jurídicos y sociales, y miles de artículos en prensa, diarios digitales y revistas jurídicas especializadas. Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.


2 Comentarios

  1. * Los procuradores son total y absolutamente INNECESARIOS.
    * Y DENUNCIAS FALSAS las hay a miles, sobre todo con carácter previo a los divorcios, como forma de que se adopten medidas provisionales, y de que las mujeres se queden con todo: los hijos, la casa, etc.
    CON TODO, MENOS CON LAS DEUDAS, DE LAS QUE SE HACE CAGO EL CORNUDO, DIGO EL MARIDO, Y FUTURO EX MARIDO… ¡Pero cornudo siempre!

  2. Hay MUCHÍSIMAS DENUNCIAS FALSAS, pero nadie o casi nadie las persigue, empezando por los jueces y fiscales, que son quiénes tendrían que hacerlo.
    Pero ellos piensan, e incluso muchas veces lo dicen en privado: “Total, ¡para qué! Más trabajo”.
    LUEGO, Y EN EL MEJOR DE LOS CASOS, LAS PENAS SON IRRISORIAS, con lo cual realmente no vale mucho la pena.
    Pero si hubieran sido jodidos y estigmatizados por alguna denuncia falsa, SEGURO QUE NO PENSARÍAN LO MISMO…

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