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La prevaricación es el acto por el cual un funcionario público, a sabiendas y con plena conciencia de lo que hace, deja de cumplir con su deber, por interés particular, dejadez, o falta de diligencia. Por ejemplo, un policía (funcionario público) deja de actuar o no da a sus superiores el conocimiento debido de ello cuando, sabiendo que se está perpetrando un delito, no lo impide, o, una vez efectuado, no persigue a los autores. Sin embargo, este vocablo está, en el imaginario popular, reservado a los jueces cuando dictan una sentencia a sabiendas que es injusta, o no actúan con la debida diligencia.
Este preámbulo viene a colación porque posiblemente, teniéndolo en cuenta, podamos entender mejor qué es lo que está ocurriendo en Andalucía con los muchos casos de corrupción por los que están siendo investigados muchos dirigentes del Partido Socialista durante los treinta y siete años en los que con absolutismo y despotismo ha estado gobernando esta Autonomía. A pesar de que el infausto Pedro Sánchez presuma de honradez y pregone que la Moción de Censura a Rajoy fue por los muchos casos de corrupción del PP, lo cierto y verdad es que el PSOE lo adelanta con creces y le saca muchos cuerpos de ventaja.
Si nos fijamos solamente en lo que ha ocurrido en Andalucía, entre las tramas de los EREs y los Cursos de formación, alcanzan los 3.200 millones de euros, mientras que el PP, por todos los casos en los que se ha visto comprometido, no superan los 420 millones de euros.
Pero, como la mayoría de los medios de comunicación de masas están en manos de socialistas o simpatizantes de ellos, esto no se airea debidamente, o se falsea con el mayor descaro.
Centrémonos en lo que está ocurriendo en Andalucía: La juez Mercedes Alaya iniciadora de los casos de corrupción en la Junta los estaba llevando bastante bien y, si no con celeridad, por lo menos continuaba, dentro de sus posibilidades, con la presteza que podía.
Pero hete aquí que, por haber conseguido una plaza como Magistrada en la Audiencia de Sevilla, fue sustituida por María Núñez Bolaños que es la que desde hace cuatro años está al frente de esta investigación, con una parsimonia digna del mayor mérito, y está lentificando las causas hasta el punto de que alguna de ellas ha perdido su razón de ser por prescripción del caso.
Para mayor abundamiento ha pedido la baja de sus funciones judiciales por motivos de enfermedad. ¿o para quitarse del medio? Su derecho tiene, pero esto puede ser que enlentezca más el proceso. Bien es verdad que se ha hecho caso de ello el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, pero eso no quita que gran parte del daño ya esté hecho y que más de un procedimiento no pueda continuar adelante precisamente por haber transcurrido las fechas y haber prescrito. Cosa de la que ya han alertado la Fiscalía Anti-corrupción.
El hecho ha tomado tal magnitud por la cantidad de macro causas que pueden prescribir que los seis fiscales Anti-corrupción de Sevilla, para que no pierdan más su vigencia los casos que restan, pues son más de 35 los que han sido archivados por prescripción en el caso EREs, se han visto en la necesidad de confeccionar un escrito en el que han especificado todas las irregularidades que está cometiendo la juez Núñez Bolaños en el seguimiento del proceso por corrupción llevado a cabo por dirigentes de la Junta de Andalucía. Dos de los firmantes de escrito especifican claramente “Simplemente deja pasar el tiempo”.
Son muchas las acusaciones que los fiscales han expuesto en sus escritos, como que emplea argumentos sin sostén jurídico “para justificar una conducta que de todo punto es delictiva”, o “la pasividad evidente” o el uso de “todo tipo de cortapisas” en instrucciones “exiguas”, por señalar sólo alguna de ellas.
Este escrito lo han elevado al Fiscal Jefe de Anticorrupción quien a su vez lo ha tramitado ante el Promotor de la Acción Disciplinaria del Concejo General del Poder Judicial.
La pasividad y dejadez que esta Juez está mostrando ante los asuntos que lleva, sólo puede tener dos explicaciones: o es por prevaricación o por contaminación por motivos ideológicos. Por cualquiera de ambos se hace merecedora de su recusación y que, caso de demostrarse, caiga sobre ella todo el peso de la Ley, aunque conlleva su inhabilitación como Juez.
Son muchos los casos de corrupción los que los andaluces hemos padecido durante el despotismo del Gobierno socialista mientras ha estado gobernando que sería un crimen de lesa sociedad que estos depredadores del dinero público se escapasen sin el castigo que merecen y se fuesen de rositas.
