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Que los sindicatos o colectivos similares fueron necesarios en otras épocas en Europa, no creo que nadie pueda decir lo contario. Sin embargo, hoy en España y por la forma de actuar de los mismos, son pocos, los que admiten la necesidad de su existencia, al menos con su actual funcionamiento. La autentica función de estas organizaciones, es colaborar con los que les ofrecen cuantiosas subvenciones y que además le permiten que ejerzan un papel que la lógica les niega en una verdadera democracia. Hace unos años, creo recordar a la Duquesa de Alba, que Dios la tenga en su gloria, afirmaba tras unas quejas de un grupo de personas que “jornaleros ya no hay” no seré yo quien le quite la razón. En España hoy, los trabajadores por cuenta ajena tienen todo tipo de privilegios. Privilegios denominados como “derechos” por imposición de la izquierda, por lo correctamente político y porque así se lo reconocen las leyes. Las mismas leyes, que, a su vez, delegan el mantenimiento de los mismos sobre las espaldas de otros ciudadanos del mismo rango social, pero contra los que, a su vez, en vez de respetarle sus derechos, solo les dan responsabilidades y obligaciones que en justicia, no debiera corresponderles. Estos sindicatos, son la principal arma de presión, se llevan una parte de la tajada, para que la administración pública en el caso que hoy tratamos y a través de la Seguridad Social se lleve la gran tajada. El coste de los seguros sociales en España, siendo porcentualmente de los más caros de Europa son también de los que menos cobertura le dan a las empresas, en las incidencias del trabajador, que son quien los pagan. Si además la empresa y por imposición legal tiene que adherirse al convenio colectivo de su sector, ya resulta de absoluta grosería, hablar de cobertura.
Se ha hecho pública una sentencia en la que un juez de Madrid, muy al contrario de lo que otro compañero había sentenciado en la misma situación, poco tiempo atrás en Barcelona, sobre los trabajadores que reparten comida en la plataforma Deliveroo como autónomos. En la que se dice que deben ser trabajadores por cuenta ajena de esa empresa a la que prestan el servicio y no autónomos.
Las leyes de “relaciones laborales” en España, además de la criminalización desarrollada en nuestra sociedad contra las empresas, muy diferente a las de la Europa desarrollada, tienen como prioridad hacer dependiente del empleador a los trabajadores de por vida. De ahí que en cualquier conflicto entre las partes, el trabajador tiene la presunción de veracidad. Estas leyes buscan hacer imposible el desligue del trabajador con la empresa, de momento, no lo han conseguido… del todo. De ahí el imposible crecimiento de las pequeñas empresas en España. El caso de Deliveroo es muy grafico. Es una empresa que da un servicio de reparto a su vez a empresas que vende comida a domicilio. Habrá días que no haya reparto alguno, habrá otras que tenga dos o tres y habrá otros que tenga muchos. Gracias al habito que imponen las mencionadas relaciones laborales un juez ha estimado que estos trabajadores deben de estar dentro de esta empresa como trabajadores por cuenta ajena, garantizarles un sueldo fijo y todos los demás “derechos”. Este señor no ha tenido en cuenta los días que no hay reparto porque los clientes no llaman, tampoco ha tenido en cuenta que esta empresa a su vez le trabaja a una tercera de la que depende su viabilidad, este señor parece no distinguir entre empresa pública que se garantiza los ingresos vía impuestos y la empresa que depende del mercado para subsistir. Termino con un ejemplo mucho más grafico; Un autónomo con una carnicería, una pescadería o una tienda de comida preparada, que tuvieran uno, dos, tres, algún día diez pedidos y otro ninguno. Evidentemente, no pueden contratar a nadie, con las leyes laborales existente, es del todo imposible el crecimiento de este autónomo para poder convertirse en empresa. Sepan que esta situación solo se da en España, único país de la Unión Europea donde la justicia ha condenado a Deliveroo pues en el resto de países donde ha sido demandada esta empresa, la condena ha sido contraria.
La Administracion española actúa en defensa de los trabajadores; cuando los que tienen que dar la cobertura a estos, a quien se le puede penalizar, son autónomos, mini-pymes o empresas, en general capital privado. En la misma situación, un autónomo “falso”, o un simple autónomo de los muchos que no ingresan el S.M.I., sin empresa a la que cargarle el mochuelo, la administración mirara hacia otro lado, ahí no entrara ni la Seguridad Social ni la Inspección de Trabajo. Como ya sabéis, el autónomo está fuera de los “derechos” que ofrece el Estatuto de los Trabajadores, son los esclavos del actual modelo económico. Pero no se engañen, la administración solo busca llevarse una gran tajada. Como excusa, los derechos de los trabajadores. Algunos de estos, es verdad que se benefician a corto plazo, mientras la mayoría son perjudicados. El resultado, es el paro estructural que padecemos en España, muy por encima de la media de europea.
Termino como en el anterior escrito; Créanme, el único objetivo del gobierno, y de la gente que legisla de esta manera, es una nueva fórmula, otra más, para poder sancionar a las empresas a las que odian y criminalizan, a la vez que le hacen imposible el crecimiento. Por muy socialista que se auto denominen, el beneficio social les trae sin cuidado, solo les interesa como exprimir aún más a los que exponen su capital, a los que se desviven para que funcione su empresa y a los que nunca les podrán quitar ese sueño que ellos nunca han tenido.
