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El proceso penal español, está contaminado, de tal manera que ha puesto en evidencia una justicia cuya credibilidad, en la aplicación de los principios básicos constitucionales y procesales, han quebrado, alcanzando las cuotas más bajas de desprestigio del Poder Judicial.
- Se aceptan acusaciones populares espurias de partidos políticos con objeto de sacar rentabilidad política.
- Se efectúan imputaciones sin indicios sólidos que posteriormente se desvanecen por haber sido infundadas o precipitadas.
- Se efectúan por la UDEF y la UCO informes no ya serios, sino atribuyéndose competencias de la Fiscalía.
- Se hace un uso abusivo, arbitrario y desigual de la prisión preventiva.
- Se condena ante la sociedad con la pena del telediario, en un escarnio público.
- Se producen dilaciones indebidas e injustificadas que no tienen compensación posterior.
- Se producen filtraciones a “determinados” medios de comunicación social, para premiar su fidelidad perruna al régimen, y cómo forma de estigmatizar a enemigos y adversarios políticos, a los que conviene “destruir”.
- Se acusa con penas desproporcionadas por parte del Ministerio Público para posteriormente forzar conformidades.
- La fiscalía tiene una total dependencia del Gobierno, y los fiscales no son autónomos, y estar organizados jerárquicamente, de forma que tienen que obedecer lo que les dicen sus jefes, nombrados a dedo, y con arreglo a criterios políticos, no profesionales, de formación, experiencia y competencia.
- No se repara el daño causado a la deshonra, prisión, en caso de absolución.
Mientras estas anomalías no se corrijan el proceso penal continúa contaminado y esa contaminación perjudica gravemente un proceso penal que debe ser escrupuloso en sus fases.
