María Serrano: el calvario de denunciar

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Acabar con la corrupción es una de las proclamas que con más insistencia repiten los dirigentes políticos españoles en público y de la que con más asiduidad reniegan en privado. En Andalucía se está produciendo uno de los más claros exponentes desde que el autodefinido como ‘Gobierno del cambio’ de PP y Ciudadanos entró a ocupar los despachos de la Administración autonómica desalojando al PSOE. No pierden oportunidad los componentes del nuevo Ejecutivo andaluz en lamentarse y desvelar la existencia de agujeros financieros de millones de euros ocasionados por sus antecesores socialistas, pero a día de hoy no se conoce que ninguno de los nuevos gestores haya acudido con la documentación precisa a la sede judicial más cercana para que se depuren las responsabilidades que fueran precisas.

Se les llena la boca a los políticos de frases hechas y promesas voluntariosas para hacernos creer que tienen intención de que el manejo de nuestro dinero se realice con rigor y honestidad, si bien la realidad demuestra que ninguna de las decisiones que dicen adoptar se ha llegado a ejecutar. Una de las promesas repetidas mil y una veces es la creación de registros y oficinas que permitan a los funcionarios públicos denunciar las prácticas que hayan presenciado y consideren anómalas. El asunto no es baladí ya que el empleado de cualquier institución pública que observe una actuación con visos de irregularidad o ilegalidad y no lo ponga en conocimiento de sus superiores podría llegar a ser considerado como cómplice o connivente, por lo que el hecho de carecer de mecanismos de denuncia le coloca en una situación, cuando menos, de indefensión, que puede ser aún más grave en caso de que su denuncia provoque airadas reacciones de los actores de dichas prácticas anómalas.

Como en tantas otras ocasiones, parece que será la presión de la Unión Europea la que fuerce a que se adopten en España las medidas oportunas para la protección de los denunciantes de corrupción, una vez que el Parlamento Europeo ha aprobado la directiva correspondiente que deberá entrar en vigor en nuestro país dentro de unos años. Sin embargo, hasta tanto eso ocurra habrá personas que seguirán sufriendo persecución por haberse atrevido a poner de manifiesto hechos y actuaciones ocurridos en instituciones públicas con visos de irregularidad. Una de esas personas es María Serrano Velázquez, sargento de la Guardia Civil, que soporta un bochornoso calvario personal y judicial desde que, guiada por los dictados de su conciencia, puso en conocimiento de sus superiores hechos que consideró sospechosos.

Su calvario comienza cuando observa un comportamiento anómalo en unos de sus subordinados, concretamente un cabo, que es insistentemente citado en el juzgado como testigo por la empresa Mercasevilla a la que él mismo sanciona por posibles delitos o faltas contra el medio ambiente. Ser denunciante y testigo defensor no suele ser una práctica nada habitual, como es evidente; de ahí que la sargento Serrano iniciara una investigación, con la ayuda de un agente de su misma unidad, y pusiera los hechos en conocimiento de sus jefes jerárquicos, con la desagradable sorpresa de encontrar en ellos más obstáculos que ayuda en la búsqueda de las explicaciones oportunas a semejantes hechos. El asunto a resolver era bastante simple: cómo es posible que el mismo cabo primero de la Guardia Civil sea siempre llamado a testificar por la empresa Mercasevilla a su favor en todos los recursos que dicha empresa presenta contra las denuncias que le interpone la propia Guardia Civil. En el transcurso de la investigación, se observó además que el mismo cabo primero cooperaba con empresas y particulares, a los cuales confeccionaba los recursos que debían presentar contra los expedientes abiertos por otros agentes de la Guardia Civil, ¡¡¡e incluso por él mismo!!!

Asimismo, en el informe que la sargento Serrano remite en noviembre de 2013 con el resultado de sus investigaciones se recoge cómo desde el Seprona de Málaga se pide mantener al cabo primero en cuestión al margen de una determinada operación, concretamente la denominada ‘operación Nácar,’ ya que eran conocidos los vínculos que tenía con los responsables de la empresa investigada. De hecho, el Seprona de Málaga había enviado en 2012 notas informativas en las que se afirma que el responsable de la empresa investigada “siempre que se ha hablado con él ha informado a los agentes que la empresa no hace nada sin que el cabo Castillo del equipo del Seprona de Sevilla lo sepa”. El resultado de la ‘operación Nácar’ fue la imputación de 10 personas acusadas de falsedad documental, estafa y delito contra la salud pública, a pesar de lo cual los destinatarios del informe de la sargento Serrano -el coronel jefe, el teniente coronel y el jefe del Seprona, todos ellos de la comandancia de Sevilla- hicieron caso omiso.

Con una lapidaria frase del tenor de “estas cosas pasan en la Guardia Civil”, o la desalentadora “no nades contracorriente”, fue despachado el asunto cuando la sargento Serrano requirió de sus mandos una explicación sobre los hechos descubiertos, de tal modo que ni siquiera sus ansías de conocer llegaron a ser satisfechas con una razón convincente que calmara sus inquietudes. A partir de ahí, el cruce y recruce de informes, denuncias, requerimientos, y procedimientos administrativos y judiciales de una parte y otra se ha convertido en un tortuoso recorrido en el que la peor parte ha sido para ¡¡¡la denunciante!!!, a quien no sólo no se ha ofrecido la más mínima ayuda sino que además ha tenido que padecer los desprecios de sus superiores e incluso las represalias del denunciado.

Al cabo de los años de tan proceloso devenir de acontecimientos, el resultado es que la denunciante ha sido obligada a un cambio de destino a Madrid, después de que se le haya denegado ocupar su puesto en el Seprona a pesar de haberlo ganado en dos ocasiones en concurso de méritos e incluso de que la justicia obligara a restituirle el uso de la vivienda que le correspondía en el cuartel de Montequinto, en Sevilla, de la que fue desalojada y a la que aún no ha podido regresar pese a la firmeza de la sentencia del TSJA que así lo dictamina; mientras que el resto de protagonistas de esta historia, encubridores de una posible corruptela, han sido promocionados a pesar de no haber ofrecido la más mínima explicación en ninguna instancia ni administrativa ni política ni judicial ni militar. Seis años después, quien entonces era coronel es hoy general, y el entonces teniente es capitán.

En esta ocasión, el valor de la obediencia característico de la Guardia Civil, que tantas veces ha sido de extraordinaria utilidad a la sociedad, ha sido esgrimido para todo lo contrario, para alimentar las sospechas e infligir un castigo desmesurado a una denunciante de corrupción, sometida al más absoluto desamparo a pesar de su insistencia en hacer público un comportamiento cuya anomalía es más que significativa.

Las advertencias realizadas por la sargento Serrano a la Junta de Andalucía, los contactos mantenidos con la diputada socialista Zaida Cantera, la entrevista solicitada con cargos del Ministerio del Interior; nada ha servido ni para que cese la presión sobre la denunciante ni para que se le ofrezca una explicación sobre sus sospechas. Frente a la denuncia, aplastamiento; así se desarrolla en España la lucha contra la corrupción.