abogados del estado

Los abogados del estado constituyen uno de los cuerpos jurídicos más nefastos del panorama jurídico español…, y siento decirlo, pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

En este caso yo soy el porquero.

El reciente “fichaje” de la ex vicepresidenta del gobierno por un despacho jurídico de campanillas, de esos que emiten unas facturas que pueden producirte un infarto, me obligan a volver sobre el asunto, al que ya he dedicado varios artículos precedentes.

Un cuerpo jurídico que “gracias” a un real decreto de 1985 pueden ejercer privadamente la abogacía, con lo cual cuadro ves a un abogado del estado circular por los juzgados, nunca sabes si defiende al Estado, o intereses privados, tan defendibles como los públicos, por supuesto…, salvo cuando están en clara contradicción, pues hay conflictos de intereses, o más bien, intereses contrapuestos, como sucede en la mayoría de los casos.

Hace años, cuando “tropezaba” con un abogado del estado, acudía rápidamente a esa portería llamada Internet, y rápidamente veía que era consejero de varias empresas, en la mayoría de los casos, no siempre, por supuesto.

Empresas generalmente importantes, de las que acuden a licitaciones públicas, que obtienen obra pública, o que suministran bienes o servicios a organismos oficiales.

Entidades en cuyas mesas de contratación es fácil ver a abogados del estado, o que, aunque no den la cara, son los que redactan las condiciones contractuales, el articulado de los pliegos de subastas, etc.

Es más, estoy seguro de que ese real decreto de 1985 que les permite ejercer la abogacía privada –contra el que el CGAE no dice nada, curiosamente-, fue debidamente “informado” por la abogacía del estado, cuando no redactado por ellos mismos. ¡Qué lo encontraron totalmente ajustado a Derecho, faltaría más!

Como también estoy seguro consideran de lo más correcto que un abogado del estado haya estado asesorando y defendiendo jurídicamente a una universidad pública en su despacho privado, percibiendo por ello sumas que ascendieron hasta prácticamente un millón de euros, ¡que como sobresueldo no está nada mal, la verdad, y para mí ya quisiera!

En una ocasión interpelé en conferencia pública al director de los servicios jurídicos del Estado sobre esta anomalía –en mi opinión, claro-, y contestó diciendo que era la única forma de que los abogados del estado no se marchasen a la empresa privada, dónde sin duda ganarían más dinero.

¡Pues que se vayan!, pero que pierdan la plaza, pues la excedencia no deja de ser un privilegio más de los empleados públicos, ya que, en las empresas privadas, aunque también existe, para poder reincorporarse deben cumplirse tantos requisitos que, en la práctica, quien va a Sevilla, pierde su silla…

Esta confusión entre lo público y lo privado creo que genera graves perjuicios al Estado, pues se confunde lo uno con lo otro, y al final no se sabe a quién sirven realmente, si a nosotros, o a sí mismos, como testaferros de intereses espurios…

¿Se imaginan ustedes a un fiscal –al fin y al cabo, un abogado del estado, pero con otro nombre-, persiguiendo por la mañana a los delincuentes en nombre del Estado, y, sin solución de continuidad, defendiéndoles por la tarde en su despacho privado…? Sería y es algo inimaginable, entre otras razones porque tanto los fiscales como los jueces, tienen totalmente prohibido prestar cualquier tipo de asesoramiento jurídico a nadie. Y, por supuesto, poder actuar como abogados en su “tiempo libre” …, como sí pueden hacer los siniestros abogados del Estado.

Y no digo más, ni menos.

Por supuesto esta reflexión en público no supone ningún ataque a las personas, pues nada tengo contra ellas, pero como contribuyente y ciudadano, creo estoy en mi Derecho, de poder decir lo que pienso de esta incalificable situación, que me produce vergüenza ajena.

Adiós, Soraya, adiós, que te vaya bonito. Lo malo será que, dentro de unos años, cuando ya hayas cobrado por tus servicios, o dejes de interesar a la empresa privada, tendremos que seguir pagándote el sueldo…, aunque tus servicios no sean necesarios, o podamos pasar perfectamente sin ti, que San Preciso ya murió.

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Ramiro Grau Morancho
Ramiro GRAU MORANCHO es Graduado Social (Premio Extraordinario), Licenciado en Ciencias del Trabajo y Abogado. Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Derecho Penal y Administrativo, en varias Universidades, Públicas y Privadas. Ha publicado treinta libros sobre temas jurídicos y sociales, y miles de artículos en prensa, diarios jurídicos y revistas especializadas. Tiene un blog, titulado Navegando Contracorriente, y sus libros se venden en www.graueditores.com Es Académico Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.


1 Comentario

  1. No se puede servir a dos señores, al Estado y a intereses privados, de grandes empresas o particulares, por muy respetables que sean.
    Y eso es lo que está pasando con los abogados del estado…
    ¡Por no hablar, que también, de la “captación” de clientes que pueden realizar en el “servicio público”, en detrimento de los demás abogados, que salen todos los días a la calle a pecho descubierto, y sin respaldo salarial o funcionarial alguno!

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