jueces en Cataluña

España es un estado democrático y de derecho con tres pilares fundamentales como son el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cuando falla alguno de ellos, el sistema democrático se resiente, porque el engranaje democracia, queda seriamente dañado.

En el día de ayer, publicamos una serie de entrevistas a dos jueces, uno nacido en Cataluña y otro que desde otra región española ha acudido a esta comunidad autónoma para ejercer su trabajo como servidor público y en ambos casos, la preocupación por lo que viene sucediendo es patente, porque, aunque reciben presiones veladas, actos coercitivos en el desempeño de su trabajo, en el que sus edificios están custodiados permanentemente por las fuerzas policiales, nadie se remanga la camisa para evitar estas situaciones. Aunque el grado de los acontecimientos de presión a la judicatura en Cataluña, todavía puede calificarse como de “baja intensidad”, rememorando los calificativos que se usaban en los acontecimientos que la izquierda abertzale vasca protagonizaba en las décadas de los años 80 y 90, lo que la judicatura está viviendo en Cataluña, no tiene sentido desde el punto de vista democrático y mucho menos que un gobierno, apenas pase de puntillas por las circunstancias de que su poder judicial en una región trabaje con desasosiego.

Primero fue el juez Llarena, luego la magistrada del juzgado nº13 de Barcelona y después numerosos jueces anónimos representados por los que tuvieron la amabilidad de expresar su testimonio en El Diestro, finalizando por el momento con el indeseable y rechazable acoso que ha sufrido la secretaria judicial que acudió como testigo “al juicio del proces”, quien por relatar las angustiosas horas que padeció durante su encierro involuntario en la Consejería de Economía de Cataluña el 20 de Septiembre, ha recibido amenazas, publicación de sus datos íntimos y personales en la red e incluso amenazas de violación por parte de sectores del independentismo más radical.

En numerosas ocasiones, tanto las asociaciones de jueces como de fiscales, a las que agradecemos su colaboración con los medios de comunicación por su transparencia y ganas de hablar con la sociedad, han solicitado ayuda a sus superiores para acabar con estas situaciones, o con el hecho de que la justicia en Cataluña, se está desertizando debido a que por la escalada de tensión existente, especialmente en las poblaciones pequeñas, los jueces acuden a concursos de traslado hacia otras regiones, para evitarse complicaciones.

Estas asociaciones piden al ministerio que les dote de medios para desarrollar su trabajo, lanzan propuestas de crear incentivos que podríamos calificar como de “peligrosidad” para aquellos jueces que ejercen su labor en Cataluña y evitar así, la fuga de jueces que, por marcharse de esta región, generan un cierto colapso en la justicia, a causa de la situación, aunque lo peor de todo, es que las propias autoridades catalanas, en boca de su consejera, se permiten el lujo de decir que “ los jueces no necesitan protección”, dando lugar a que a instancias del CGPJ y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, resulta que las sedes en donde desarrollan su trabajo, están custodiadas 24 h al día.

Lo triste del caso de la situación de la justicia en Cataluña, tal y como lo expresan los representantes de estas asociaciones judiciales y de fiscales, es que, en el otro lado de la mesa, concretamente en el ministerio, tienen a una persona que siendo de la carrera judicial, en este caso la ministra de justicia, además del ministro del interior, minimicen la situación de la justicia en Cataluña como si ella misma, pudiera arreglarse sola, sin tener en cuenta que en un futuro no muy lejano, la situación de los servidores públicos de la justicia, puede empeorar, a consecuencia del resultado de las sentencias que están por venir, tan justas como los juicios en los que se están juzgando posibles hechos delictivos de unos políticos que por evidencias, parece que se han saltado la ley en muchos de sus aspectos.

No es de recibo que un juez, sea considerado como miembro de un “estado represor”, cuando únicamente cumple su misión de cumplir y hacer cumplir la ley administrando la justicia, según los parámetros establecidos en democracia, ni tampoco a que, desde organismos públicos, bien sea audiovisuales o políticos, se esté fomentando esta sensación hacia la sociedad por meros intereses políticos, razón por la que no queda otra que ponerle remedio, mediante los mecanismos de defensa que tiene el estado.

¿Serán capaces los políticos de dar con la solución para acabar con una situación que hace cojear al Estado de Derecho, a la Constitución y a la democracia? Esperemos que sí, porque lo que está sucediendo en Cataluña respecto a la justicia, va por mal camino, puede derivar en algo `peor que unas simples pintadas o lanzamiento de estiércol en los juzgados y puede que nos arrepintamos por no haber buscado soluciones inmediatas para desterrar estos acontecimientos.

Finalmente, solo cabe agradecer a esos jueces que ejercen su labor de servidores públicos en Cataluña por la disposición que han tenido para contar su día a día y expresarles la confianza en que sabemos que son los garantes como hasta ahora, de la aplicación de la ley, por lo que la sociedad, debe ser el aval para que puedan ejercer su trabajo en paz y en la libertad que se merecen en un estado democrático.