decreto electoralista

Coincidiendo con la celebración del día de la mujer trabajadora y siguiendo con su política de aprobación de decretos ley a pesar de que dos grupos de la oposición han presentado sendos recursos ante la Junta Electoral Central, el gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este viernes varios decretos ley centrados en la eliminación de la desigualdad laboral de las mujeres, la brecha salarial existente en las empresas como en la administración entre hombres y mujeres, así como la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas para ambos cónyuges.

Estas actuaciones del gobierno que tienen su origen en la imposibilidad de aplicarlas mediante los PGE, podrían ser claramente electoralistas, puesto que además de la justificación de la urgencia tanto en su aplicación como en su puesta en marcha, faltaría un elemento fundamental como es la dotación presupuestaria.

En este sentido y según ha podido saber El Diestro de fuentes cercanas a la dirección parlamentaria del PP, además de esperar la resolución al recurso presentado ante la Junta Electoral Central, al que se ha unido al mediodía Cs, podría estar estudiando la posibilidad de llevar estas aplicaciones de los decretos ante los tribunales, puesto que en alguno de ellos, como es el caso del correspondiente al Brexit, ni tan siquiera se ha hecho una exposición de motivos argumentada desde el gobierno tal y como expresa la ley, sino que se ha adoptado la situación de evidencia. En opinión de estas fuentes parlamentarias del PP, indican que todavía

Por otra parte, en estos decretos que pretende aprobar el gobierno y que serían publicados en el BOE incluso antes del Consejo de Ministros, se podría obligar a las empresas a tener un listado de salarios entre hombres y mujeres, a fin de evitar la existencia de disparidad salarial entre sus empleados, a pesar del claro rechazo que esta medida ha tenido desde la patronal, quien considera que estos decretos, traspasan varias de las líneas rojas establecidas.

Hay que señalar que esta no es la única situación de enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, puesto que la mesa del Congreso, está esperando la elaboración de un informe jurídico sobre la tramitación de los mismos, teniendo en cuenta que las Cortes Generales están disueltas y que su convalidación tendría que ser resuelta por la Diputación Permanente del Congreso en el plazo de un mes desde su publicación en el BOE.

Si esto fallara, el PP podría presentar recursos de inconstitucionalidad ante el alto tribunal del estado, aunque son conscientes de que su resolución no sería inmediata como en el caso de la Junta Electoral Central, ya que el fallo de la instancia constitucionalista, podría llegar a tardar varios meses o incluso años, sin poderse determinar el plazo concreto para emitir el fallo.