Adriana Lastra, la portavoz parlamentaria del grupo socialista en el Congreso ha manifestado en el día de ayer que el gobierno de Pedro Sánchez tiene previsto a pesar de estar en funciones a partir del próximo 4 de marzo, presentar ante la diputación permanente del Congreso diversos decretos ley, en donde podría incluir algunas de las medidas que tenía previsto aplicar y que no se han podido aprobar por el rechazo de los PGE.
Este anuncio se produce cuando apenas faltan unos días para que se produzca la disolución del congreso en los que se van a celebrar dos plenos ordinarios, según lo previsto por la mesa del Congreso, en donde no cabrían alguno de los temas que el gobierno pretendía aprobar antes de la celebración de las elecciones.
Según se expresa en el reglamento del Congreso, la diputación permanente está presidida por la presidencia de la cámara y forman parte de la misma, un mínimo de 21 diputados que representan a los grupos parlamentarios, en proporción a su representación numérica.
En los casos de disolución, esta diputación permanente le corresponde velar por los poderes de la cámara y asumir todas las facultades que con relación a los decretos leyes atribuye al Congreso. El artículo 86 de la Constitución.
El artículo 86 de la Constitución, señala que, en caso de extrema y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos ley y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulado al Título I, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. También señala este artículo en su apartado segundo que los decretos leyes, deberán ser sometidos inmediatamente a debate y votación de la totalidad del Congreso de los diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación, para lo cual, el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
Al tener conocimiento de estas intenciones del gobierno, según ha consultado EL Diestro a fuentes del grupo parlamentario popular, han señalado que, aunque es legal, esa actuación que pretende el gobierno, no se ha producido en los cuarenta años de democracia y podría producirse un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional para paralizar esta intención del gobierno, pero su resolución podría durar unos dos años.
Para los populares, esta actitud del gobierno, únicamente pretende forzar la máquina respecto a la aplicación y puesta en marcha de unas medidas rechazadas en los PGE, cuando la realidad dice que las mismas, pueden perjudicar notablemente a la situación económico financiera de nuestro país, además de forzar las instituciones democráticas al máximo.
Hay que recordar que, hasta el momento, el gobierno de Pedro Sánchez ha sido uno de los ejecutivos que más decretos leyes ha presentado en el Congreso, en el menor periodo de tiempo, en este caso ocho meses, hasta llegar a un total de 27, de los que ha logrado convalidar la mayoría, salvo el correspondiente a alquileres, que le tumbaron sus socios de gobierno de Podemos.
Curiosamente, en el libro que tiene previsto presentar ante la sociedad en los próximos días, el presidente del gobierno relata que “la primera decisión que tomé como presidente del gobierno, la tomé con mi mujer, Begoña, porque las cuestiones de intendencia, se anteponen a casi todo. Esa primera decisión, fue renovar el colchón de la cama de matrimonio y pintar nuestra habitación del Palacio de la Moncloa”.
