sociedad civil

La manifestación celebrada en la Plaza de Colón del pasado domingo, en la que ha sido protagonista la sociedad civil gracias a que los partidos constitucionalistas han facilitado de manera instrumental medios para acudir a ella, es sin lugar a dudas un punto de inflexión en la política española, puesto que, por primera vez, los partidos políticos han cedido el protagonismo a una sociedad indignada con la actuación del gobierno respecto a la negociación de los presupuestos, así como por las cesiones a las que estaba dispuesto a aceptar de sus socios catalanes, para conseguir el apoyo que les permita prolongar la presente legislatura, agónica y prácticamente finalizada por los propios errores del ejecutivo que preside Sánchez.

Este protagonismo de la sociedad civil rechazando las actuaciones del gobierno, no tiene valor por el número de personas que han acudido a la misma, sino por su trasversalidad y por el hecho de que en la misma, sin existir siglas políticas, una vez más, al igual que se hiciera primero en el P. Vasco y posteriormente en el resto de España, durante los años de plomo de ETA, se ha reivindicado desde la unidad, la defensa de la Constitución, la indisolubilidad de la nación española y lo que es más importante, la igualdad entre todos los españoles.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que este acontecimiento protagonizado por la sociedad civil, se ha producido en un momento decisivo de la política española, puesto que, en esta semana, el congreso de los diputados decidirá la posibilidad o no de que los presupuestos generales del estado, inicien su tramitación para ser aprobados, o por el contrario, queden rechazados ante las seis enmiendas a la totalidad planteadas por los partidos de la oposición al gobierno de Sánchez, además de por los socios que auparon al secretario de los socialistas a la presidencia del gobierno.

Estos presupuestos, hechos desde los intereses del gobierno y no desde las necesidades de la sociedad española, han evidenciado una actitud de favoritismo del ejecutivo de Sánchez hacia sus socios, con aportaciones de cuantiosas cantidades de dinero además de la posibilidad de traspasar cerca de una treintena de competencias al nacionalismo vasco, dejando de lado las necesidades de otras regiones, además de no revisar la financiación autonómica de regiones como Andalucía, cuyo nuevo presidente, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, ha reclamado la celebración de la conferencia de presidentes autonómicos a fin de abordar esta problemática que se vienen suscitando en el reparto de fondos a las autonomías.

Aunque quizás el hecho más importante de la semana y que tiene bastante que ver con la manifestación del pasado domingo, es el inicio del juicio a los políticos catalanes encausados en el “proces”, en donde la sociedad espera que uno de los poderes del estado, de justa y legal respuesta a lo acontecido el pasado 1 de octubre, en donde los políticos catalanes trasgredieron la Constitución y pusieron en riesgo con sus actos y decisiones, la unidad de la nación española.

Sin lugar a dudas y aunque se confía en la actuación de la justicia, la sociedad española mirará con extrema atención todo lo que venga sucediendo en todo el desarrollo de la causa, porque se muestra preocupada tanto por las presiones que desde distintos sectores del gobierno y algunos mediáticos se vienen realizando para minimizar las causas como los delitos cometidos por los políticos independentistas procesados, sin que ello signifique que desconfíe de la justicia, pero sí de quienes desde la política, pueden interferir en la aplicación de la misma.

Por otra parte, en esta semana, también con cierta influencia de la manifestación del pasado domingo, la sociedad podría conocer la fecha de una posible celebración de las elecciones generales, dado que bien como maniobra política para ejercer presión sobre los independentistas o como posibilidad real, desde los aledaños de la Moncloa, se ha barajado la posibilidad de que los comicios generales fueran convocados el próximo 14 de abril, fecha simbólica en España, pero extremadamente ajustada a los requisitos de la ley electoral, teniendo en cuenta que es preciso un espacio de 54 días entre la convocatoria de elecciones y su desarrollo, razón por la que habría que tener en cuenta el marco del 26 de mayo como otra de las posibilidades, para contabilizar las distancias exigidas por la ley. Si las elecciones fueran en abril, el gobierno se vería obligado a disolver las cortes generales a partir del próximo 19 de febrero.

En definitiva, una parte de España ha hablado y ha exigido al gobierno que no anteponga sus intereses a los de la nación española y le pide además desde la transversalidad de la no existencia de siglas políticas, la convocatoria de unas elecciones generales que cierren la incertidumbre que supone desde hace ocho meses un gobierno en minoría que se apoya en aquellos cuyo fin es la inestabilidad de nuestra España, para lo cual, son capaces de saltarse las normas básicas de convivencia que nos hemos dado todos a través de una ley de leyes que garantiza la unidad de la nación, la no discriminación de sus habitantes y el ejercicio de la democracia parlamentaria como sistema de gobierno.

La sociedad civil ha hablado el pasado domingo en Colón. ¿Qué le dirán los políticos?