El nombramiento de altos cargos en la Junta de Andalucía está poniendo de manifiesto una inaudita fragmentación en el bigobierno del cambio hasta el punto de que parece inexplicable que la ‘facción popular’ no esté advirtiendo de sus torpezas al ‘sector ciudadano’, cuya carencia de cuadros intermedios deriva en casos esperpénticos.
El partido que lidera Juan Marín en Andalucía, y Albert Rivera a nivel nacional, ha demostrado una extraordinaria habilidad para aprovechar la dialéctica política, conformándose como el único partido capaz de aprovechar electoralmente el respaldo dado durante toda una legislatura al PSOE, ya que anteriormente ni el Partido Andalucista ni Izquierda Unida fueron capaces de hacerlo. No hay duda por tanto de la maestría de Ciudadanos en la captación de votos. Ahora bien, gobernar es otra cosa.
Para ejercer funciones ejecutivas se precisan requisitos de los que carece un partido neófito; el primero de los cuales es disponer de personas capaces y familiarizadas con la gestión de presupuestos millonarios que garanticen un buen funcionamiento del aparato administrativo. La ausencia de perfiles de estas características ha llevado al ‘sector ciudadano’ del bigobierno a la ocurrencia de recolocar a altos cargos del PSOE en otros puestos incluso de mayor relevancia. Así, por ejemplo, nos encontramos con que la mujer a quien el régimen socialista colocó al frente del Servicio de Atención a las Víctimas de violencia de género en Córdoba ha sido ascendida por Ciudadanos al cargo de directora general de Violencia de Género. Igualmente llamativo es que quien ha ocupado varios altos cargos en la Consejería de Hacienda durante el mandato de Susana Díaz haya sido designado por el ‘bigobierno del cambio’ para dirigir la polémica Agencia IDEA, donde ha primado la discrecionalidad en el destino del dinero público.
Para justificar estas y otras evidentemente desacertadas decisiones, el vicepresidente de ‘todo’ argumenta que su partido no realiza los nombramientos atendiendo a filias políticas ni amistades personales, que eso era propio del régimen y que sus designaciones se basan en las trayectorias profesionales de los interesados. Marín, por tanto, ha tirado de currículum para elegir a sus altos cargos, lo cual sólo puede ser recibido con regocijo por los partidarios de la meritocracia. Sin embargo esta justificación encuentra algunas lagunas.
En el currículum de abogado del hoy director general de la Oficina Judicial y Fiscal, perteneciente a la Consejería de Justicia que dirige el ‘vicetodo’, figura haber defendido al joven conocido como ‘El Cuco’ por la desaparición de Marta del Castillo o a Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso de los EREs. Si durante la legislatura anterior ya parecía una grosería que se pagara con dinero público a los abogados defensores de algunos exdirigentes socialistas implicados en este caso, cómo se puede catalogar ahora que uno de los letrados sea premiado nada menos que con una Dirección General.
Debe ser que a Juan Marín se le han escapado estos pequeños detalles; de la misma manera que tampoco cayó en la cuenta de que la delegada de su consejería en Granada ha sido la abogada responsable, por negligencia, de que la Junta tenga que pagar casi 200 millones de euros salidos del bolsillo de los andaluces en indemnización a una empresa privada por el denominado ‘caso Nevada’. En esta ocasión, la reacción sí ha sido inmediata y el desatino ha sido subsanado en menos de 24 horas.
Consideremos, en un ejercicio de benevolencia, que la acumulación de cargos por parte de Juan Marín requiere de un periodo de adaptación, y supongamos también que la celeridad en la confección de varios niveles de la administración incluye un determinado margen de error. Convengamos igualmente que la acusación judicial por un delito contra el patrimonio histórico que pesa sobre el recién nombrado secretario general de Innovación Cultural es un asunto menor por cuanto podría considerarse como una mera torpeza. Seamos magnánimos y condescendientes y aceptemos que hasta aquí todo está bien.
Sin embargo, lo que irremediablemente se complace poco con la Regeneración que aparece en la Consejería que dirige el ‘vicetodo’ es el nombramiento como delegado en Sevilla de quien hasta ahora ha sido portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital y en la Diputación Provincial. Una vez que la dirección nacional del partido ha decidido que Javier Millán no volverá a concurrir en las elecciones de mayo, Marín no ha dudado en recolocarlo en un puesto de la administración autonómica siguiendo una práctica tan antigua como el bipartidismo con el que dicen querer acabar. Pagar con un sueldo público los servicios prestados al partido es una de las prácticas propias de las viejas formaciones frente a las cuales Ciudadanos quiere aparecer como alternativa, de ahí que sea difícilmente entendible que repita tal comportamiento, sobre todo teniendo en cuenta que desde sus propias filas se ha puesto el ventilador de las dudas respecto a la gestión realizada de los fondos públicos puestos a su disposición por el Ayuntamiento hispalense y la Diputación provincial.
Llega un momento en el que ya no cabe tanta benevolencia y sí más explicaciones. Recambio inexplicable.
