Con la denominación de “viernes sociales” el gobierno tiene previsto aprobar sendos decretos ley a lo largo de los 7 consejos de ministros que se celebrarán hasta que tengan lugar las elecciones generales, tal y como ha anunciado la ministra de hacienda María Jesús Montero en unos desayunos informativos celebrados en la mañana de ayer.
Durante su comparecencia, la ministra de hacienda aseguró a los periodistas que en este periodo que falta hasta las elecciones, el gobierno aprobará distintos decretos ley con medidas de carácter social, que no pudieron sacar adelante mediante la aprobación de los PGE. Entre estas medidas, que podrían suponer un importante incremento del gasto estructural del estado que aumentaría considerablemente la cuantía del déficit público, lo que podría provocar incluso alguna llamada de atención de las autoridades europeas, el gobierno podría plantear la mayor oferta pública de la historia, ya que abriría la posibilidad de crear 30 mil puestos de trabajo públicos.
Por otra parte, y durante este periodo de “viernes sociales” el ejecutivo de `Pedro Sánchez, tiene previsto regular los alquileres, ampliar las ayudas a la pobreza social y a la dependencia, así como otro tipo de cuestiones que figuraban en su proyecto presupuestario, que fue rechazado por el congreso de los diputados y que generó la convocatoria electoral para el próximo 28 de abril.
Consultadas por El Diestro fuentes de la dirección del PP en el Congreso, que precisamente se reunió ayer por última vez en esta legislatura, nos han manifestado que aunque la decisión no está tomada de manera definitiva, están valorando la posibilidad de presentar sendos recursos de inconstitucionalidad a estas actuaciones que tiene previsto llevar a cabo el gobierno, teniendo en cuenta que alguna de las medidas que pretende, forman parte de leyes orgánicas y no cuentan ni con el consenso de los agentes sociales, ni de los grupos políticos de la cámara y tampoco de la patronal, por lo que consideran que Pedro Sánchez, pretende convertir los consejos de ministros, en meros mítines socialistas con la aplicación de medidas que únicamente representan una campaña electoral, algo que no ha sucedido a lo largo de los 40 años de democracia.
Por otra parte, destacados economistas entre los que destaca José Carlos Díez, que en su día fuera uno de los redactores del programa económico socialista, se muestran contrarios a estas decisiones por parte del gobierno, puesto que en su opinión, España no puede incrementar el gasto público sin tener garantizados los ingresos, dado que en la actualidad hay un déficit estructural de 35 mil millones de e, razón por la que creen que podrían ser contraproducentes para la situación de la economía española e incluso podrían abocar a una recesión en un plazo indeterminado.
Analizando estos decretos ley que planteará el ejecutivo de Pedro Sánchez por departamentos, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social será uno de los más activos al resucitar la subvención a parados de larga duración mayores de 52 años, la cotización a cargo del estado de las cuidadoras no profesionales de dependientes, así como la obligatoriedad de que las empresas de tamaño medio, tengan que declarar cuanto pagan a hombres y mujeres, para eliminar la brecha salarial existente, además de derogar de manera parcial la reforma laboral actualmente en vigor.
Junto a estas medidas, el gobierno tiene previsto aprobar la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, así como llevar a cabo su evolución progresiva hasta alcanzar la cifra de 16 semanas, que comenzaría a aplicarse en el año 2021.
En definitiva, todo parece indicar que Pedro Sánchez a pesar de no haber conseguido la aprobación de los PGE, mediante la utilización de los decretos ley que deben ser convalidados por la diputación permanente y en su caso aceptados o rechazados por el futuro gobierno que salga de las urnas, quiere obligar a quien sea su sucesor a decidir sobre un programa económico rechazado por la mayoría absoluta del Congreso de los diputados, hipotecando cualquier acción de tipo económico de un futuro gobierno, hasta que fueran aprobados unos nuevos presupuestos, que teniendo en cuenta las fechas de constitución de cámaras, investidura del nuevo gobierno y elaboración de los mismos, no entrarían en discusión hasta el último trimestre del presente año.
Por ello, el PP baraja la posibilidad de plantear sendos recursos de inconstitucionalidad, como respuesta al ejecutivo de Sánchez que, en el caso de ser aceptados, tardarían unos dos años en dictarse la sentencia desde el alto tribunal del estado.
