absurdo constitucionalismo

El gran saboyano lo expresó con franqueza hiriente: “Cada nación tiene el gobierno que se merece”; la dejación subsiguiente a la indiferencia, ese mal surgido en periodos de estabilidad y acomodo, tiene un caro precio, siempre lo ha tenido. Mientras la amnésica España de hoy (la apóstata) traga y calla, los sucesivos gobiernos apelan a la Constitución: cualquier pretexto es válido para apelar a Ella, en cuanto nuevo dogma de fe democrático (ateo). El político ya no jura ante la Santa Cruz ni las Sagradas Escrituras, tan sólo promete sobre la Carta Magna (así, por lo menos, no ensucia con sus futuros embustes lo sagrado). Una inversión en todos los órdenes ha trastornado la esencia natural del Estado: de estar al servicio de la nación, ha pasado a servirse de ésta. Claro que tras esta evidencia late un mal filosófico mucho más profundo.

A falta de una filosofía política consecuente que defender, la ideología del actual político profesional parece ser el constitucionalismo (sic). Pero el constitucionalismo, al no arraigarse a la Patria en cuanto motor de la Tradición (es decir, al prescindir de sus más hondos deberes para con Ella), no es lo suficientemente fuerte como para resistir a los envites del tiempo, y quienes antaño defendían espada en mano el “Sacrosanto Texto” que lo ampara, descubrirían tiempo al tiempo que esa Constitución acogía grietas alarmantes y contradicciones insalvables, y que sus fautores sólo eran funcionarios privados de la clarividencia que toda misión de orden superior signa sobre los verdaderos políticos. Así, la lectura textualista de la Carta pronto se vuelve difusa, y lo que otrora parecía claro, de la noche a la mañana se nubla, resultando ininteligible al cabo de los años.

Y es que a falta de una filosofía política consecuente que defender, la ideología constitucionalista del político profesional ha terminado por engendrar otra ideología hermana, e irreprochable: el anticonstitucionalismo. Entrambas tendencias, aparece cual mediocre aliado el reformismo constitucional; este reformismo no es tanto una síntesis en clave dialéctica hegeliana como un imposible compromiso entre el cero y la nada.

Si el anticonstitucionalista acusa al Texto de todos los males existentes en “este país”, y el reformista prescribe que, pese a ellos, todavía puede garantizarse el flotamiento de la embarcación poniendo algunos parches que paralicen temporalmente el naufragio, el constitucionalista tranquilo (ese ser siempre contento de su suerte, incapaz de mirar al fondo de las cosas, es decir más allá de su poltrona) sonríe cabizbajo y, como contrariado, se resigna a dilatar en el tiempo esta coyuntura. ¡A ver lo que dura!

El constitucionalismo, desde los tiempos del mismísimo Estagirita, siempre ha apuntado bajo o muy bajo: su obsesión ha sido esa tendencia a la abstracción, a soslayar los exclusivismos autóctonos anteponiendo un modelo arquetípico humanamente inexistente; tales simplificaciones sobre el papel, dilatadas en el tiempo, resultan traumáticas en el plano empírico, y acaban por mostrar su talón de Aquiles. Y es que todo sistema democrático amparado en una Constitución, antes o después, termina por degenerar; es ley natural, fiel reflejo de la humana imperfección emanada del Pecado Original.

La síntesis política de Aristóteles mantiene su rabiosa actualidad en razón de su coherencia interna: el hombre, animal político por naturaleza, está destinado a la vida social. Pero no todos son igual de válidos en el ejercicio del poder (lo que imposibilita una democracia pura en cuanto gobierno del pueblo todo): un hilo invisible, esencialmente espiritual, separa las buenas formas de gobierno de las malas o viciosas: si las primeras aspiran a buscar y consolidar el bien común, las segundas pretenden socavarlo, buscando sólo el bien particular de unos pocos (las castas políticas y sus cabecillas): luego, la monarquía degenera en tiranía, la aristocracia en oligarquía… y la democracia en demagogia (o partitocracia). El problema, como se ve, es estructural y por tanto connatural al fenómeno humano.

Hasta hoy, la España “moderna” posterior a 1812 ha conocido siete Constituciones; en diferido, siete fracasos constatados. Plegadas a coyunturas peregrinas, antinaturales de todo punto para con la realidad histórica de la Patria, nuestras “Sacrosantas Siete”, mejores unas y peores otras, son un ejemplo más de la soberbia del hombrecillo moderno, empeñado en trivializar lo trascendente en el plano de la mera política: es, en fin, ese absurdo constitucionalismo del que nos habló Vázquez de Mella, que “prescinde de la historia y del carácter de las naciones y de las regiones que las forman, y legisla de igual manera para España que para Mesopotamia” (Pensamiento Español, 23 de noviembre de 1919).