Sánchez negocia con Torra

Mientras Sánchez negocia reunirse con Torra en Barcelona el jueves 20 y Ábalos pone sobre la mesa 200 millones en inversiones en carreteras para endulzar el ágape, Cataluña vive inmersa en un proceso insurreccional cuyo plato fuerte será la manifestación unitaria convocada para el viernes 21 a las 18:00 con el significativo lema “21-D Derribemos el régimen del 78” (“21-D Tombem el regim del 78”) que está previsto que finalice con una concentración en la Plaza de Cataluña. La convocatoria de lucha cuenta con el aval de las asociaciones secesionistas ANC y Òmnium Cultural, cuyos respectivos presidentes, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están encarcelados a la espera de ser juzgados por rebelión en el Tribunal Supremo. Ambas asociaciones llevan meses desarrollando campañas de desinformación por todos los rincones de Cataluña para exigir  “la liberación de los presos, exiliados y represaliados”, y trasladando a los ciudadanos la falsedad de que nuestro Estado es un Estado represivo que, con frecuencia, asimilan a la dictadura de Franco.

Entre las organizaciones que apoyan la convocatoria están los grupos parafascistas de carácter urbano autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) que han protagonizado acciones violentas desde la consulta ilegal del 1-O de 2017 y se han enfrentado violentamente a los Mozos de Escuadra en Barcelona, Gerona y Tarrasa en las últimas semanas. Asimismo, se han sumado la CUP y Arran que han realizado acciones violentas contra varias sedes del PP en Cataluña y contra las viviendas del juez Llarena en Sant Cugat del Vallés y la Cerdaña. Por último, no hay que olvidar a la Intersindical CSC que ha convocado un cínico paro entre las 12:30 y 14:30 para conseguir “un mundo laboral digno y un sistema de protección social justo’”. Quiero recordar que su secretario general, Carles Sastre, miembro de las organizaciones terroristas Exercit de Lliberació Popular y Terra Lliure, fue condenado por el asesinato del empresario Josep María Moltó al que adosó una bomba en el pecho.

Además del plato fuerte, hay diversos aperitivos previstos para completar el menú insurreccional del 21-D. Los CDR planean desconectar Cataluña de España y librar la batalla urbana en Barcelona. En concreto, han anunciado en las redes sociales su intención de tomar el control de puntos estratégicos en las fronteras de La Junquera, Vinaroz y Aragón, los puertos de Tarragona y Barcelona, los aeropuertos de Barcelona y Reus, la autopista AP-7 en Gerona y las vías de circunvalación Ronda de Dalt y Ronda Litoral en Barcelona. Con el lema “Ingobernables” animan a sus comandos (“quien no comparta la batalla, compartirá la derrota”) en Barcelona a realizar acciones de protesta desde muy temprano el viernes 21 por la mañana en las inmediaciones de la Lonja del Mar, el lugar elegido por el Gobierno de España para celebrar el Consejo de Ministros. La Forja, organización juvenil que se autodenomina “juventud revolucionaria”, propone acciones similares a las del movimiento de los ‘chalecos amarillos’ en Francia para parar Barcelona.

La ANC ha llamado a sus socios en Instagram a salir de buena mañana hacia Barcelona para realizar una concentración a las 9:00 en la Ciudad de la Justicia y a las 11.00 horas ha convocado un ‘consejo popular de ministros’ en la estación de Francia, lugar muy próximo a la Lonja del Mar. Universitats per la Republica, organización a cuyo frente estaba Elisenda Palazui antes de ser elegida presidenta de la ANC, ha convocado un paro en las Universidades catalanas entre las 10:00 y las 14:00 horas para “parar el Consejo y mostrar una vez más que los estudiantes son la vanguardia de la lucha para garantizar los derechos civiles y políticos”.

Que con este panorama, Sánchez esté negociando reunirse con quienes alientan y financian el proceso insurreccional con el descarado propósito de mantenerse en La Moncloa unos meses más, constituye un despropósito que, lejos de amainar los ánimos, aumentará su sensación de impunidad y dará alas a las fieras. Ni los 80.000 millones del FLA ni la aplicación timorata del 155 permitieron siquiera frenar el proceso insurreccional ni poner coto a las falsedades que lo alimentan y lo mantienen vivo gracias a los formidables presupuestos que manejan las asociaciones (ANC, Òmnium y AMI) y los partidos secesionistas (ERC, PDeCAT y CUP). Mientras no se desmantele el entramado administrativo-mediático-asociativo que lo mantiene vivo, el proceso continuará ganando terreno. Hace falta aplicar el artículo 155 para hacer lo que no se hizo hace unos meses: asegurar que todas las Administraciones Públicas catalanas, desde el gobierno de la Generalitat, las Diputaciones y los Ayuntamientos, los partidos políticos y las asociaciones cumplen el orden constitucional y acatan las sentencias de los Tribunales. No hay mucho tiempo para restablecer la neutralidad de las instituciones públicas y subvencionadas. O el Gobierno de España se pone manos a la obra de inmediato, o los demócratas constitucionalistas nos veremos en la tesitura de seguir los pasos de Boadella y de tantas otras personas y empresas que, abandonadas a su suerte por el Estado español, se han visto obligadas a marcharse de Cataluña en las dos últimas décadas.