Condenados a entendernos

Una Constitución es el conjunto de normas fundamentales de un Estado destinada a fijar los límites y relaciones entre los poderes públicos, y entre éstos y los ciudadanos.

Es el marco de referencia que sirve para el posterior desarrollo de todo el Ordenamiento Jurídico de un país. Es por ello, por ser un “marco” sobre el que se “pintan” las leyes que se conoce como “Ley de Leyes”.

Viendo pues su importancia, nos es difícil comprender el absoluto desprecio que desde determinados sectores se proyecta hacia ella. Si a esto añadimos que algunos de quienes la ignoran, cuando no, desprecian, llegarán antes o después a detentar el poder, la cosa asusta.

Tal vez, esa falta de respeto, ese desprecio, demasiado popular esté motivado por el elevado numero de constituciones que desde el Siglo XIX hasta hoy ha formado parte de nuestro elenco legal:

Constitución de 1812

Estatuto Real de 1834

Constitución de 1837

Constitución de 1845

Constitución de 1869

Constitución de 1876

Constitución de 1931

Constitución de 1978

Un total de ocho constituciones, que nos puede dar una idea muy aproximada de lo convulso de tiempos pasados, y a los que parecen algunos querer volver.

Otra causa podría ser el tradicional desprecio hacia cualquier tipo de autoridad que nos caracteriza como pueblo, o bien, una suma de las dos.

Nuestra actual Constitución, con todos sus defectos, que los tiene, pero excedería los límites de este articulo su enumeración y desarrollo, ha tenido, sin embargo, y tiene, la gran virtud de haber servido hasta hoy, y esperemos que en el futuro también, de servir para mantener la convivencia pacífica entre todos nosotros. Y ello, a pesar de que otra de las características grabada a fuego en nuestro ADN es el “cainismo”. Esa ansia reprimida y que aflora cada cierto tiempo de “matar al hermano”.

¿A quién vas a odiar? No va a ser a un señor de Pernambuco a quien ni siquiera conoces ¿No? A la hora de odiar, está mucho más a mano nuestro vecino, nuestro hermano, a quien conocemos sobradamente y que somos incapaces de esforzarnos por comprender o al menos, intentarlo.

Pues bien, como ya hemos dicho, es un “marco” sobre el que desarrollar todas las demás leyes. O… así debería ser, (pero este también es otro tema) Y dentro de ese “marco” genérico, hay otro “marco” específico para la propia Constitución, y que dice clara y brevemente lo que la Ley de Leyes debe ordenar. Éste es el Título Preliminar.

En su Artículo 2º dice:

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.

Y recalco: pese a reconocer el “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran”, la Sentencia del TC 4/1981 establece que:

“La autonomía hace referencia a un poder limitado. Autonomía no es soberanía, y aún éste poder tiene sus límites, y dado que cada organización territorial dotada de autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es dentro de este, donde alcanza su verdadero sentido.

Es sencillo y claro, ¿no? Pues aún hay quien se niega a comprenderlo.

Artículo 3º

El Castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla, y el derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas, serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección.

En relación a este Artículo, sólo mencionaré por su claridad la STC 84/1996 que dice:

No existe el deber constitucional, es decir, legal de conocimiento de una lengua cooficial.           

También éste podríamos decir que es sencillo, claro y contundente ¿O no?

Artículo 4º Especifica las características de la Bandera de España, y en su apartado 2º dice:

Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en actos oficiales.

Y aquí, se me ocurre que las escuelas, colegios y universidades estatales, son “Edificios Públicos”. El uso de la bandera Española en ellos, contribuiría de forma notable a que los niños se familiarizasen con ella, evitando de este modo su rechazo futuro.

¡Hay tanto por hacer!

Artículo 6º           

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

Reconocer el pluralismo político, no otorga pese a lo que pueda creerse una “patente de corso” para que al amparo de éste mandato puedan obrar a su antojo fuera del marco legal. Así, la Ley Orgánica de Partidos Políticos establece entre otras, las causas motivo de ilegalización.

Enumero aquí algunas que, a mi entender, se están dando lamentablemente como resultado del éxito inesperado de un partido: VOX. Y que parece no haber sentado demasiado bien, concretamente a dos partidos.

Justo el mismo día de las Elecciones Andaluzas, D. Pablo Iglesias, secretario general de “Podemos” alentó a sus seguidores a tomar las calles en señal de protesta, ignorando así la voluntad de 400.000 andaluces. Ésta arenga, degeneró como todos hemos podido ver a través de las RRSS en todo tipo de ataques a sedes del partido mencionado, e incluso en agresiones físicas y sobre todo verbales a algunos de sus miembros. Demostrando un comportamiento totalmente fuera de lugar e impropio de quien se dice “demócrata”.

Pero “Ciudadanos”, tampoco se quedó a la zaga. Y día sí, día también, desde hace ya una semana, son constantes los ataques y descalificaciones no solo al partido, sino incluso a sus militantes y simpatizantes.  Obviaré aquí toda la retahíla de insultos por motivos de elegancia, pero todos los conocemos.

Todo esto, ha degenerado en un clima de tensión social en el que solo hay una víctima: VOX y sus partidarios.

Ambos, con su inconsciencia han incurrido en causa para instar su ilegalización basándonos en la propia LOPP que dice:

Un partido político podrá ser declarado ilegal por resolución judicial motivada (…) y sigue:

Los que promuevan, fomenten o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias (…).

Vulneren sistemáticamente los derechos y libertades, promoviendo, justificando, o exculpando atentados contra la vida o la integridad y la exclusión por ideología (…).

Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para conseguir objetivos políticos (…).

Apoyo mediático expreso al terrorismo, legitimando acciones terroristas o minimizando su significado y la violación de derechos fundamentales que comporta. La cobertura a actos de desorden, intimidación o coacción social vinculados al terrorismo o la violencia.

Será el Gobierno a instancias del Senado o Congreso y el Ministerio Fiscal, quienes de acuerdo a la LOPP en su Art. 11 podrán instar la ilegalización.

Pese a todo, espero no equivocarme si digo que bastaría una disculpa pública para que “olvidásemos” estos lamentables sucesos.

Por el bien de la Democracia, y de todos nosotros, han de poner énfasis en rebajar la tensión. Lo que están haciendo, es de todo menos elegante, y se perjudica seriamente al pueblo del que todos formamos parte. Si, también vosotros. Porque lo queráis o no, hemos venido para quedarnos, y estamos condenados a entendernos.